Gustavo Sanchez Mosso

Expediente 662/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
662/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
26/09/2016

Partes del expediente

  • Gustavo Sanchez Mosso
  • Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, encargado del Despacho por Ministerio de Ley. ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que en sentencia dictada por este órgano jurisdiccional se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y los efectos del amparo fueron para que la autoridad, Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad capital, realizara lo siguiente (foja 162): 1. Dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones del quejoso *******************, en las que denuncia haber sufrido tortura (golpes), para que investigue los hechos denunciados por el detenido, respecto del origen de las lesiones que dice haber sufrido, teniendo en cuenta también los certificados médicos que obran en la causa de origen; se inicie procedimiento, en el caso de que estén vinculadas a actos ilícitos relacionados con tortura, y en su caso se identifique y sancione a los responsables para lo cual deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y al caso sean necesarios para tal efecto. 2. Previo consentimiento del procesado, el juez responsable ordenara en la causa penal ******************, la práctica de estudios necesarios conforme al Protocolo de Estambul, a efecto de determinar si *************, fue o no objeto de tortura, sin que sea obstáculo para ello lo asentado en el punto anterior. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Encargado del despacho, con sede en esta ciudad capital, mediante oficio 1681, de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, informó que el procesado **************, no otorgó su consentimiento, para que respecto a su persona se aplicara el procedimiento de Estambul; además, que se había ordenado dar vista al Fiscal General del Estado, para efectos de que se hiciera las gestiones relativas a la tortura de que señaló el aquí quejoso fue objeto durante su detención, adjuntando para acreditar su dicho las constancias relativas en la causa penal *************, de su índice. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, la autoridad responsable acreditó el cumplimiento de la sentencia de amparo, con las constancias que adjuntó al oficio 1681, de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, puesto que remitió copia certificada del acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal **************, en el que atendiendo a la sentencia de amparo y en acatamiento a lo dispuesto en los capítulos III y IV, relativos a la "Investigación Legal de la Tortura" y a las "Consideraciones Generales Relativas a las Entrevistas", del Protocolo de Estambul, entre otros ordenamientos, dio vista al Fiscal General del Estado de Guerrero, para que en atención a la denuncia de tortura interpuesta por **************, de inmediato se avocara a la investigación de los hechos que invocaba dicho inculpado, respecto del origen de los golpes que dijo fueron dados, lo cual dijo constituye tortura. Asimismo, le hizo saber al procesado que durante el proceso tiene expedito su derecho para ofrecer todas las pruebas que desee, tendentes a acreditar la tortura que refirió fue objeto y en complemento a ello, con fundamento en los artículos 103 y 107 del Código Procesal Penal, de oficio ordenó el desahogo de las pruebas, pericial en materias de medicina legal y psicología, señalando el dos de septiembre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la diligencia respectiva. Luego, en la actuación de dos de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable hizo constar que al dar el uso de la voz al procesado aquí quejoso ************, con la finalidad de que manifestara si era si voluntad o no que se realizaran los estudios necesarios conforme al protocolo de Estambul, para acreditar si dicho activo del delito fue o no objeto de tortura, éste señaló que no era su voluntad que se le aplicara el procedimiento de Estambul, toda vez que ya había platicado con su abogada defensora y ella le explicó que dicho protocolo se va a realizar en la investigación que realice el Ministerio Público investigador, con motivo de la denuncia de tortura que hizo, además de que por parte de ese juzgado ya se había mandado a dar vista al Fiscal General del Estado, para que realice esa investigación sobre tortura de la que fue objeto. Todo eso en la causa penal 51/2016; constancias, de las que se advierte que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Finalmente, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Encargado del despacho, con sede en esta ciudad capital mediante el cual remite copia certificada de la causa penal ***********, con lo que refirió justifica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con lo anterior, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia del oficio y constancias adjuntas al mismo; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, misma que niega y concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, los efectos del amparo en el presente juicio constitucional fueron para que la autoridad, Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad capital: 1. Dé vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones del quejoso Gustavo Sánchez Mosso, en las que denuncia haber sufrido tortura (golpes), para que investigue los hechos denunciados por el detenido, respecto del origen de las lesiones que dice haber sufrido, teniendo en cuenta también los certificados médicos que obran en la causa de origen; se inicie procedimiento, en el caso de que estén vinculadas a actos ilícitos relacionados con tortura, y en su caso se identifique y sancione a los responsables para lo cual deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y al caso sean necesarios para tal efecto. 2. Previo consentimiento del procesado, ordene en la causa penal 51/2016-I, la práctica de estudios necesarios conforme al Protocolo de Estambul, a efecto de determinar si Gustavo Sánchez Mosso, fue o no objeto de tortura, sin que sea obstáculo para ello lo asentado en el punto anterior. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad capital, por conducto de su titular Rosa Linda Sáenz Rodríguez, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que reciba la notificación del presente auto, proceda puntualmente a cumplir la sentencia de amparo, que la obliga a: 1. Dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones del quejoso Gustavo Sánchez Mosso, en las que denuncia haber sufrido tortura (golpes), para que investigue los hechos denunciados por el detenido, respecto del origen de las lesiones que dice haber sufrido, teniendo en cuenta también los certificados médicos que obran en la causa de origen; se inicie procedimiento, en el caso de que estén vinculadas a actos ilícitos relacionados con tortura, y en su caso se identifique y sancione a los responsables para lo cual deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y al caso sean necesarios para tal efecto. 2. Previo consentimiento del procesado, el juez responsable ordenar en la causa penal 51/2016-I, la práctica de estudios necesarios conforme al Protocolo de Estambul, a efecto de determinar si Gustavo Sánchez Mosso, fue o no objeto de tortura, sin que sea obstáculo para ello lo asentado en el punto anterior. Por lo que la citada autoridad responsable, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe a la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, esto es a Rosa Linda Sáenz Rodríguez, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 , 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha Unidad de Medida es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se INICIE EL PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Por lo antes expuesto, se establece que los Jueces de Primera Instancia, deben ser clasificados como órganos jurisdiccionales que cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, por ende, no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que tienen facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto, no cuentan con superior jerárquico alguno. En concordancia con lo dispuesto en la jurisprudencia PC.I.C.J/3K(10.a), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007295, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas de la causa penal 51/2016-I, que anexó la autoridad responsable Jueza Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, (dos legajos); por tanto, hágase la devolución a su lugar de origen, sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo de las mismas dado que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo.

  4. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. NIEGA... SEGUNDO. AMPARA...

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