Gustavo Sanchez Garduño
Expediente 1360/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1360/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/11/2018
Partes del expediente
- Gustavo Sanchez Garduño
Actuaciones
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por +++ por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1360/2018-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: Del Presidente de al Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad: La omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento y forma dentro del expediente laboral J/O/164/2008. Del Director General del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad: La omisión de cumplir con el laudo dictado el veinticinco de octubre de dos mil trece dentro del expediente laboral J/O/164/2008. A).- Respecto del acto reclamado al Presidente de al Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. Pues bien, en principio es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. +++ En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance la peticionaria de amparo, para impugnar la medida cautelar decretada por una autoridad, es algún recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología "lato sensu", cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios, que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En términos del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en este caso, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se puede advertir, dicho precepto legal se refiere, entre otras cuestiones, a actos de los presidentes de las Juntas "en ejecución" de los laudos, sin hacer una distinción entre la "última resolución" -aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, y las que sólo constituyen resoluciones anteriores a aquélla. En esa virtud, conforme a una recta interpretación del dispositivo legal en cita, debe entenderse que contra cualquier acto del presidente de la Junta dictado en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo, como lo sería, en un momento dado, el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de alguna de las partes en el juicio laboral; cuenta habida que en el caso concreto cobra aplicación el principio de derecho que reza "donde el legislador no distingue no es dable al juzgador hacerlo". Luego, si el quejoso señaló como acto reclamado -como ya se dijo- la omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento y forma dentro del juicio laboral J/O/164/2008, solicitado mediante escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho; es inconcuso que en términos del referido artículo 849, de la ley de la materia, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no haya agotado el recurso de revisión, siendo este requisito indispensable para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, tomando en consideración que es el medio para que la parte afectada puede lograr que desaparezca el agravio cometido en su esfera jurídica, y las violaciones que argumenta se le ocasionaron, pues de la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Por el sentido que informa, es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, resulta evidente que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61, de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que se trate de órdenes privativas de la libertad, que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22, Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL QUE DEBEN AGOTARSE POR NO ATACARSE LA LIBERTAD PERSONAL. Aun cuando en los amparos en que se reclaman ataques a la libertad personal, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios procedentes (tesis jurisprudencial número 40 de la Primera Sala, correspondiente al Apéndice de los años 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federación y tesis 43 del Apéndice 1917-1975, misma Sala), sí se hace indispensable, en cambio, el agotamiento de tales recursos, cuando en los juicios constitucionales se reclaman actos que, aun proviniendo de autoridades con jurisdicción penal, no son privativos de la libertad personal (tales como aseguramiento de los objetos materia del delito, restitución de la posesión del inmueble al despojado, etcétera), pues, en esos casos, existiendo recurso, no podría tratarse de actos definitivos. Y la diversa sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. B).- Por otro lado, en relación con el acto reclamado al Director General del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, este juzgador considera que se actualiza de modo manifiesto, indudable y notorio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 5º, fracción II, toda vez que no le reviste el carácter de autoridad responsable en este juicio de amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. Lo anterior es así, pues de conformidad con los preceptos de la Ley de Amparo mencionados en el párrafo que antecede, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Previo a la reforma de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del tres siguiente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había interpretado el concepto de autoridad y determinó que es un órgano perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, cuyas facultades decisorias se encuentran establecidas en la ley, a fin de crear, modificar y extinguir situaciones jurídicas que afecten a la esfera jurídica de los gobernados. Así lo sustentó nuestro más Alto Tribunal en la tesis que a la letra establece: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Por su parte, la Segunda Sala del más Alto Tribunal en el país, precisó las características esenciales que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, a saber: La existencia de una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación se establezca en la ley; A través de esa relación emita actos unilaterales, con los cuales cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado; y, Para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo antes expuesto se establece en la jurisprudencia: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Según los anteriores criterios, autoridad para efectos del juicio de amparo es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; por tanto, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal atribución. En el caso particular, el acto reclamado al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, lo constituye la omisión de cumplir con el laudo dictado el veinticinco de octubre de dos mil trece dentro del expediente laboral J/O/164/2008; empero, dicho incumplimiento no constituye un acto atribuible a dicha autoridad de gobierno del estado, pues la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 939 al 975, , relativos a los capítulos de ejecución de laudo, procedimiento de embargo y remates; así también los artículos 48 y 731, prevén la imposición de multas y medidas de apremio, establece cuáles son los medios de apremio y el procedimiento para la ejecución de los laudos emitidos por la referida junta, mismos que ésta deberá seguir para lograr el cumplimiento de sus resoluciones definitivas en los juicios laborales. Lo anterior, dado que en el procedimiento para obtener la ejecución de los laudos, conforme a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo, sobresale la facultad otorgada por el legislador a la autoridad jurisdiccional para imponer suspensión hasta por noventa días, destitución de cargo, vista al Ministerio Público, multas; presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública, arresto hasta por treinta y seis horas; proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo y a las que a su juicio sean procedentes; así como la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para requerir a la parte demandada el acatamiento del laudo. En este contexto, conforme a la normativa que rige la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en la entidad, dicho órgano jurisdiccional cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de sus resoluciones en los juicios laborales respectivos; por ende, resulta inconcuso que el plano de coordinación por el cual se caracterizan las relaciones laborales y la igualdad procesal subyacente de ellas, se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de esos instrumentos con los cuales cuenta la junta para lograr el cumplimiento de sus laudos. Es decir, desde ese modelo, la autoridad demandada, en la especie, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en una relación laboral con el particular actor ahora quejoso. Consecuentemente, la falta de cumplimiento por parte del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, del laudo dictado en su contra dentro del referido juicio laboral número J/O/164/2008, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. No es óbice a esta determinación que la parte quejosa señale el criterio sustentado en la tesis del rubro "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)", pues se refiere a un supuesto distinto, toda vez que se trata de un acto en materia civil, cuando existe pronunciamiento del Alto Tribunal en la jurisprudencia temática aludida, con registro 2016588, esto es, en tratándose de una contienda laboral como en el caso concreto, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por los motivos expuestos en los incisos A) y B) es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, toda vez que así lo solicitó. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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