Gustavo Sanchez Garcia

Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
317/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Sanchez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto que desechó la demanda de garantías, le transcurrió del dieciocho de abril del año en curso al veinticuatro siguiente;; por tanto, ha fenecido sin que haya interpuesto recurso legal alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que fue desechada la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido emitido el diez de abril de dos mil veintitrés el cual señala: ".Agréguese a sus autos la diligencia de ratificacion de escrito de la que se aprecia que - - ratifico en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del escrito aclaratorio presentado el veintisiete de marzo del año en curso ante este juzgado Ahora toda vez a traves de dicho ocurso el impetrante cumple con la prevención que le fue formulada en autos al señalar como acto reclamado QUE EL ACTO EN CONCRETO QUE DESEO ACLARAR Y RECLAMAR DE LA RESPONSABLE LO SON LOS SIGUIENTES Es la regla formal de derecho que marca Modo Tiempo Y LUGAR Es la notificación del día 5 cinco de septiembre del año 2022 dos mil veintidos donde la Responsable nada mas citada modo y tiempo, pero NUNCA EL LUGAR DONDE SE VA A DESARROLLAR DICHA AUDIENCIA INCIDENTAL Precisado lo anterior el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los articulos 61 fraccion XVIII con relacion con el 107 fraccion III inciso b ) aplicado a contrario sensu por lo siguiente En efecto el ordinal 61 fraccion XVIII de la Ley Reglamentaria de los articulos 103 y 107 constitucionales en lo conducente disponen Articulo 61 El juicio de amparo es improcedente: ( ) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas ( ) Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Cobra aplicacion a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la pagina 259 Tomo XVI Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Novena Epoca del texto siguiente NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107 fraccion III incisos a ) y b ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 fraccion XIII, de la Ley de Amparo establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantias consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la accion constitucional debe agotar los medios ordinarios de defensa que preven los preceptos aplicables pues de no ser asi el mencionado juicio será improcedente Ahora bien de la interpretacion conjunta de los articulos 735 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa es decir tiene por objeto anular la notificacion que lesiona los intereses del quejoso con efectos similares a la revocacion esta establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolucion pues fija un termino para su interposicion y un plazo para su resolución y por tanto constituye una actuacion necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral a fin de que la Junta de Conciliacion y Arbitraje se pronuncie especificamente sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es asi porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo de lo contrario si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas excepciones o recursos ante la autoridad responsable a fin de que esta agote su jurisdiccion el amparo se convertiria en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaria las facultades del Juez ordinario ademas si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva maxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso entre otras cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad lo que implica la obligatoriedad de su promocion Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violacion procesal de que se trata pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo el afectado debio interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo en cambio, de haber conocido la violacion hasta despues de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violacion procesal pues habiendo concluido el procedimiento los efectos de la cosa juzgada y de la preclusion impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales las que sólo pueden ser decididas en via de amparo Asi encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dicho principio se encuentra contenido en el articulo 61 fraccion XVIII de la Ley de Amparo que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. De la lectura de la fraccion en comento y del criterio jurisprudencial trascrito se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que a ) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo b ) La ley conceda contra ese acto algun recurso o medio de defensa c ) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada d ) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada revocada o nulificada e ) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto La fraccion invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos de las cuales conceda la ley algun recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado - principio de definitividad - supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo bien sea modificandolo confirmandolo o revocándolo de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnacion sin que lo interponga el quejoso el amparo es improcedente De acuerdo con lo anteriormente expresado el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligacion de la parte agraviada en agotar previamente a la interposicion de la accion de amparo los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos Ahora es necesario precisar que el acto que aqui se reclama es la notificacion de cinco de septiembre de dos mil veintidos En efecto los articulos 752 y 762 de la Ley Federal del Trabajo disponen Articulo 752 Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capitulo Articulo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones I Nulidad II Competencia III Personalidad IV. Acumulación y V Excusas De la interpretación armonica y sistematica de los preceptos transcritos se aprecia que seran nulas las notificaciones que no se practiquen conforme a las reglas establecidas en el capítulo de la citada Ley que se tramita como incidente previo y especial pronunciamiento, los relativos a la nulidad entre otros Por tanto si dichos numerales otorgan al quejoso el derecho de impugnar a traves del incidente de nulidad de notificaciones es claro que antes de acudir a la via constitucional debio agotar el incidente de nulidad a traves del cual pudo obtener la nulificacion de la notificación de cinco de septiembre de dos mil veintidos por ello es incuestionable que debió satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantias de acuerdo con el invocado articulo 61 fraccion XVIII de la Ley de Amparo ya que la actuación combatida no se encuentra entre las excepciones que la propia fraccion contempla en donde se establece que cuando sean actos que importen peligro de privacion de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicacion deportacion o expulsion proscripcion o destierro extradicion desaparicion forzada de personas o alguno de los prohibidos por el articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos asi como la incorporacion forzosa al Ejercito Armada o Fuerza Aerea nacionales asimismo cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehension o reaprehension autos de vinculacion a proceso resolucion que niegue la libertad bajo caucion o que establezca los requisitos para su disfrute resolucion que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal de igual forma cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo Sentado lo anterior es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional el impetrante de amparo tenia la obligacion insoslayable de acudir a tal medio revisor ( nulidad de notificaciones ) para que con ello se pudiere confirmar o nulificar el acto aquí reclamado lo cual refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo y al no haber procedido asi la solicitante de garantias no se agoto el principio de definitividad que rige el juicio de amparo Tiene aplicacion a lo anterior la Tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la pagina 902 Tomo XV Mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Novena Epoca del texto siguiente AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMUN ESTABLECE EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL La procedencia del juicio constitucional esta condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algun recurso o medio de defensa legal este debe ser agotado sin distincion alguna por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que esten a disposicion del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio o en su defecto le perjudique su omision de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo por el hecho de que la ley del acto asi lo contemple sino obligatorio en virtud de que el articulo 73 fraccion XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantias En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada procede DESECHAR la demanda de garantias de cuenta con apoyo en lo establecido por el articulo 113 de la Ley de la Materia Haganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archivese el expediente como asunto totalmente concluido Notifiquese personalmente ." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fraccion I inciso B de la Ley de Amparo

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos la diligencia de ratificación de escrito de la que se aprecia que -, ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del escrito aclaratorio presentado el veintisiete de marzo del año en curso ante este juzgado. Ahora, toda vez a través de dicho ocurso el impetrante, cumple con la prevención que le fue formulada en autos, al señalar como acto reclamado ".QUE EL ACTO EN CONCRETO QUE DESEO ACLARAR Y RECLAMAR DE LA RESPONSABLE LO SON LOS SIGUIENTES: "Es la regla formal de derecho que marca Modo, Tiempo Y LUGAR" Es la notificación del día 5 cinco de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, donde la Responsable nada más citada modo y tiempo, pero NUNCA EL LUGAR DONDE SE VA A DESARROLLAR DICHA AUDIENCIA INCIDENTAL..". Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. La fracción invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado -principio de definitividad- supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, es necesario precisar que el acto que aquí se reclama es la notificación de cinco de septiembre de dos mil veintidós. En efecto, los artículos 752 y 762 de la Ley Federal del Trabajo; disponen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos transcritos, se aprecia que serán nulas las notificaciones que no se practiquen conforme a las reglas establecidas en el capítulo de la citada Ley; que se tramita como incidente previo y especial pronunciamiento, los relativos a la nulidad, entre otros. Por tanto, si dichos numerales otorgan al quejoso el derecho de impugnar a través del incidente de nulidad de notificaciones, es claro que antes de acudir a la vía constitucional, debió agotar el incidente de nulidad, a través del cual pudo obtener la nulificación de la notificación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por ello, es incuestionable que debió satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantías, de acuerdo con el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la actuación combatida no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; de igual forma, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor (nulidad de notificaciones); para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo, y al no haber procedido así la solicitante de garantías no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido emitido el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés el cual señala: "... Agreguese el escrito de cuenta, por medio del cual el apoderado jurídico del quejoso pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en autos sin embargo como la firma que calza dicha promocion difiere notablemente con la plasmada en el ocurso inicial de demanda de amparo por ende no ha lugar a tenerlo por aclarado el líbelo constitucional que nos ocupa Por tanto requierase al promovente para que en el acto mismo de la notificacion que por conducto del Actuario de la adscripcion le practique de este proveido o bien dentro del termino de tres dias que preve el numeral 297 fraccion II del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la Ley de Amparo comparezca debidamente identificado a ratificar el contenido y firma del escrito de mérito, en el entendido de que la identificación que porte no debera ser expedida por partidos políticos ni por particulares con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado se tendra por no presentada dicha promocion Tiene aplicación sobre el particular la Jurisprudencia numero 202 consultable en la página 165 del Tomo VI Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000 del rubro siguiente FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA En el entendido de que se suspende el plazo otorgado a la promovente en auto de tres de los actuales hasta en tanto haga lo procedente Notifiquese personalmente..." Lo anterior conforme lo dispone el articulo 27 fraccion I inciso B de la Ley de Amparo.

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