Gustavo Ruiz Vargas

Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
841/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Ruiz Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    I. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de queja 324/2019, interpuesto por la parte quejosa; ejecutoria de la que se advierte que la Superioridad resolvió:ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Gustavo Ruiz Vargas, contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Chetumal, dentro del juicio de amparo indirecto 841/2019. Hágase saber lo anterior a las partes. En su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    I. Se tiene por recibido el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por el cual acusa recibo del legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo 841/2019-I-A, y comunica que se ADMITIÓ el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto,en contra del auto de veintisiete de septiembre del presente año; mismo que se radicó con el número de queja 324/2019 de su índice.

  3. Principal

    I. Agréguese a los autos copia del escrito signado por el autorizado en términos amplios del quejoso mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve; en virtud de lo anterior, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que en esa data, se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo presentada por el referido quejoso, contra el acto que le atribuyó al Pleno del Tribunal Superior Agrario con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad, mismos que hizo consistir en: La sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 34/2019-44, en la que se determinó revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, en el juicio agrario 206/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo; para los efectos de "I) con fundamento en los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, ordene la realización de la visita de campo en las parcelas de número 367, 370 y 373 en el Ejido Península Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el efecto de determinar si en dicha superficie existe manglar (selva) acorde a la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGF/712/0376/17 de ocho de febrero de dos mil diecisiete, misma que deberá ser realizada por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser la autoridad en materia ambiental competente para ello; II) requiera a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva al acta de la asamblea celebrada en el Ejido Península Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas; III) se allegue de todos los elementos de prueba que estime necesarios para el conocimiento de la verdad, para consecuentemente, emitir una nueva sentencia". Se determinó, ya vez que la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, produciendo únicamente efectos intraprocesales, pues el Pleno del Tribunal Superior Agrario, ordenó dejar insubsistente la sentencia dictada en el juicio agrario 206/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo y reponer el procedimiento; lo que se estimó que no genera un acto de imposible reparación, ni tampoco tiene ejecución grave o de efectos exorbitantes que amerite sujetarlo a control constitucional inmediato. Al haber analizado la causal de improcedencia se desechó de plano la demanda de amparo promovida. Una vez que sea notificado el presente acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, sin que obste a la tramitación del citado recurso de queja, que la parte inconforme, no haya señalado las constancias tal y como lo exige el artículo 100 de la ley de la materia que preceptúa que el recurrente debe señalar las que deban remitirse a la Superioridad para la substanciación del recurso interpuesto; ello en virtud de que, atendiendo al principio de economía procesal y al derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia, a nada práctico conllevaría dicho requerimiento, en virtud de que siendo que el auto recurrido se trata de un desechamiento, las constancias que se han de remitir a la Superioridad para la substanciación del recurso interpuesto no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos y el recurrido, así como su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser enviadas a la Superioridad, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para este momento, no hay actuaciones diversas para resolver.

  4. Principal

    I. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual, comunica el auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual quedo firme el acuerdo de veintiuno de agosto de la presente anualidad, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso en los autos del juicio de amparo directo de su índice, por las razones expuestas. Este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno. Vista la demanda de amparo que promueve el quejoso contra actos del Pleno del Tribunal Superior Agrario con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad de quienes reclama: La sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 34/2019-44, en la que se determinó revocar la sentencia emitida el doce de julio de dos mil dieciocho, y reponer el procedimiento en el juicio agrario 206/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo. Se desecha demanda de amparo. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Lo anterior, es así, pues el acto reclamado en el presente juicio consistente en la sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 34/2019-44, en la que se determinó revocar la sentencia emitida el doce de julio de dos mil dieciocho, y reponer el procedimiento en el juicio agrario 206/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo. Determinación que sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Para mejor comprensión en el sentido de la presente determinación, se estima oportuno señalar los antecedentes respectivos. De lo anterior se desprende que, la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, toda vez que si bien, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, ordenó dejar insubsistente la sentencia dictada en el juicio agrario 206/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro con sede en Chetumal, Quintana Roo y reponer el procedimiento, lo cierto es que no genera un acto de imposible reparación, ni tampoco tiene ejecución grave o de efectos exorbitantes que amerite sujetarlo a control constitucional inmediato. Se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista y SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se ordena integrar las constancias que remitió la autoridad oficiante, en un tomo por separado respecto de la cual deberá elaborarse la carátula respectiva. No obstante que el quejoso señala domicilio para recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, también solicitó se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico en que se actúa, y se practiquen las notificaciones de las determinaciones judiciales vía electrónica, y proporciona su nombre de usuario. En atención a su solicitud y a lo informado en la certificación de cuenta, toda vez que de una búsqueda realizada en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el nombre de usuario "silvagarcia", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea y ser notificado de la misma manera; hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Se tienen como autorizados en términos amplios únicamente a Marisol Zaraí Roque Paz, Víctor Barrera Oros, Raúl Neri Osnaya, Juan Pablo Silva García, por haber acreditado el registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; a Jonathan Arnulfo Sánchez García, y Ángel Alberto Hernández Ocaña, en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas en el referido sistema; y a las personas restantes que señala la parte quejosa, y para recibir documentos, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.

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