Gustavo Rubio Santiago
Expediente 1163/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/12/2018
Partes del expediente
- ANITA GARAY RUBIO y Otros.
- Gustavo Rubio Santiago
- HECTOR GARAY RUBIO y Otros.
- GUSTAVO RUBIO SANTIAGO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Bajo tales circunstancias, tomando en consideración que con las constancias remitidas por la autoridad jurisdiccional responsable, así como las manifestaciones de las autoridades ejecutoras, se advierte que en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se restituyó a la parte quejosa el pleno goce de los derechos violados y al no haber sido otro el alcance de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por la Secretaria de Acuerdos de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, a través del cual manifiesta que dictó resolución interlocutoria relativa al incidente de acumulación planteado en el juicio de origen. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con su contenido, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente.
- Principal
Se le notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintidós de noviembre del año en curso lo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por la Secretaria de Acuerdos de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, a través del cual manifiesta que dictó resolución interlocutoria relativa al incidente de acumulación planteado en el juicio de origen. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con su contenido, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
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