Gustavo Rodriguez Gonzalez
Expediente 1214/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gustavo Rodriguez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio -con evidencia criptográfica- remitido por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, a través del cual transcribe el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, del que se aprecia que el titular de ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, y lo radicó con el número 1269/2022 de su estadística; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. No se soslaya que en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se recibió parcialmente diligenciado el exhorto 292/2022 (orden 784/2022), del índice de este Juzgado de Distrito, y se precisó que una vez que se recibiera la información conducente respecto a la aceptación o no de la competencia declinada, se proveería lo conducente; por lo que, tomando en cuenta lo acordado en el párrafo anterior, no resulta necesario realizar mayor pronunciamiento dado que ese Juzgador Federal aceptó la competencia y se lo hizo saber a los quejosos. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese; por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Vista la demanda, con la que se dio cuenta, presentada el once de noviembre de dos mil veintidós mediante buzón judicial, y remitida el día siguiente hábil, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1214/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Es menester citar las autoridades responsables y los actos reclamados en el presente asunto, los cuales versan: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estrado de Veracruz; 2. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estrado de Veracruz; y, 3. Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz. "IV. ACTOS RECLAMADOS. Se reclama de la autoridad ordenadora, los siguientes actos: La orden de confinamiento, aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, en violación al principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, principio pro- persona, el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La orden de retorno asistido y/o deportación o actos similares posiblemente encubiertos bajo distinta denominación, pero con igual consecuencia materia y jurídica, que impliquen el forzado envío, expulsión o retorno hacia el país de origen del quejoso, que pretende realizar el Instituto Nacional de Migración Delegación Veracruz. La negativa del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Veracruz para no otorgarle a los quejosos los beneficios que a su favor y protección, le pudiera corresponder y que señala la ley de migración y su reglamento, consistentes a dar inicio a los trámites necesarios para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado por cuestiones humanitarias ante la COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR)." SE RESERVA REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE DEMANDA Y OTROS PRONUNCIAMIENTOS HASTA EN TANTO SE DEFINA AL ÓRGANO COMPETENTE. En otro orden, en atención al sentido que se expondrá en el presente proveído, se reserva requerir a la parte quejosa la ratificación de la demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se defina al juzgado federal competente para conocer del presente asunto. En vía de consecuencia, se reserva proveer también acordar lo relativo a los autorizados en términos amplios y restringidos; así como la autorización de medios electrónicos, y domicilio para oír y recibir notificaciones; habida cuenta que únicamente la parte quejosa o su representante legal, pero no así el representante en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, están facultados para efectuar tales solicitudes. Igualmente, toda vez que la demanda de amparo no fue promovida por la parte quejosa por derecho propio, se reconoce la representación a la que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo, de manera provisional hasta en tanto aquélla se encuentre en aptitud de continuar la contienda constitucional, es decir, cuando manifieste ante el juzgado competente su voluntad de ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor, por lo que, en su caso, si la petición de amparo es ratificada por la quejosa, la representación del promovente cesará y no podrá tener acceso al presente juicio de amparo. INCOMPETENCIA. En otro aspecto, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. ...Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO....De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO.....Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos directos se encuentran en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Por lo que, tomando en cuenta dicha circunstancia, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que los actos reclamados cita no se están ejecutando en el Estado de Puebla, cuenta habida que tomando en consideración la naturaleza de dichos actos, y que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, resulta indudable que el juez competente será el de aquella jurisdicción. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Lo anterior, pues en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando dispone que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se esté ejecutando, como en el caso acontece; pues la ejecución de los actos reclamados se encuentra desarrollando en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; de conformidad con el Punto Cuarto fracción X del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "X. DECIMO CIRCUITO: ....En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por ello, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si acepta la competencia legal declinada, y de ser así, remita el acuse de recibo. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En este punto, se imponer precisar que en atención a la incompetencia que se plantea, el juez de Distrito que conozca de este asunto podrá modificar o fijar nuevos requisitos y efectos de la suspensión decretada en este apartado. En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano, por cuanto hace a los actos reclamados en los siguientes términos: Suspensión de plano por cuanto hace al confinamiento, aseguramiento, alojamiento, y detención de los quejosos, por un término mayor a treinta y seis horas. Tomando en consideración que del capítulo de "conceptos de violación", el promovente, señaló que los directos quejosos llevan alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, más de treinta y seis horas, a partir de su detención administrativa, sin que tengan conocimiento de la emisión de acuerdo alguno dentro de sus respectivos procedimientos administrativos. Al respecto, el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esa ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. En ese tenor, tomando en consideración que la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es menester, que la autoridades responsables ordenadoras a quienes se atribuye el alojamiento de los quejosos por un plazo mayor a las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de la legislación antes invocada, emitan el acuerdo de presentación respectivo y lo haga del conocimiento de los migrantes -aquí quejosos-, así como la información a que hace alusión el diverso precepto 69 de la Ley de Migración invocada. Expuesto lo anterior, se concede la suspensión de oficio y de plano a los peticionarios de amparo, para el efecto, que las autoridades responsables: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estrado de Veracruz; 2. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estrado de Veracruz; y, 3. Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, emitan de inmediato, el acuerdo de presentación a que hace referencia el artículo 68 de la Ley de Migración y le proporcione la información sobre los tópicos destacados en el numeral 69 del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que de acuerdo a lo narrado por la parte promovente, transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas que prevé el primero de los preceptos legales invocados, para la presentación de los migrantes. Por tanto, al rendir el informe sobre el acatamiento a dicha medida suspensional, las aludidas autoridades responsables deberán allegar en original o en su caso, copia certificada, de las constancias que acrediten que emitió el acuerdo de presentación respectivo, en el que se justifique el alojamiento de los quejosos en esa estación migratoria, hasta la fecha de la presentación de la demanda (diez de noviembre del año en curso), y que tal determinación fue notificada a los mencionados impetrantes de amparo. II. Suspensión de plano decretada en caso de que la detención o privación de la libertad con fines de deportación o expulsión decretados fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de los quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo (de nacionalidad Cubana), la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial y permanezcan en el lugar donde actualmente se encuentran, a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Tal medida no surtirá efecto alguno, siempre que el traslado sea con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad o la vida de los quejosos, de la seguridad institucional, del personal o el resto de los migrantes alojados en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, donde se encuentran actualmente los quejosos. De igual forma, en caso de que a los quejosos se les impute la comisión de algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. III. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo (de nacionalidad Cubana), se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo migratorio para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que los mismos no sean deportados por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición los ponga en inmediata libertad, siempre y cuando los quejosos, realicen lo siguiente: a) Otorgue una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Veracruz, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Establezca un domicilio o lugar en el que permanecerá, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarla en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando los quejosos comparezcan ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarle la siguiente información: Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiestan ser nacionales (Cuba), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si los quejosos no cumplen con las medidas de aseguramiento que les fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que sigan a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que puedan ser deportados o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlos en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la tesis de que los quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo; estén sujetos a proceso penal o hayan sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenidos por la autoridad migratoria y alojados en la estación correspondiente, continúen el procedimiento migratorio que se les instruye y los interesados queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que la quejosa se encuentra a su disposición, para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. IV. La incomunicación de la que son objeto los quejosos directos. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación de la que son objeto los quejosos directos para el efecto de que dicho acto cese de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir que los quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo (de nacionalidad Cubana), tengan comunicación con sus abogados o cualesquiera otro- y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Finalmente, se comunica a las autoridades responsables que la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 951-526-06-19 y correo electrónico institucional nahieli.avendano.palacios@correo.cjf.gob.mx, para recibir el informe requerido. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, salvo de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. VISTA A MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS Toda vez que los quejosos directos se encuentran en la Estación Migratoria en el Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 124, 125 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria en el Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ; ...Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo de la secretaria encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Téngase el correo electrónico y el numero telefónico proporcionados únicamente como medio para establecer contacto, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por esos medios y sólo en casos excepcionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. ....TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. .... DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". ...CUESTIONES PRELIMINARES. ..."IV. ACTOS RECLAMADOS. Se reclama de la autoridad ordenadora, los siguientes actos: La orden de confinamiento, aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, en violación al principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, principio pro- persona, el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La orden de retorno asistido y/o deportación o actos similares posiblemente encubiertos bajo distinta denominación, pero con igual consecuencia materia y jurídica, que impliquen el forzado envío, expulsión o retorno hacia el país de origen del quejoso, que pretende realizar el Instituto Nacional de Migración Delegación Veracruz. La negativa del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Veracruz para no otorgarle a los quejosos los beneficios que a su favor y protección, le pudiera corresponder y que señala la ley de migración y su reglamento, consistentes a dar inicio a los trámites necesarios para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado por cuestiones humanitarias ante la COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR)." SE RESERVA REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE DEMANDA Y OTROS PRONUNCIAMIENTOS HASTA EN TANTO SE DEFINA AL ÓRGANO COMPETENTE. ...Igualmente, toda vez que la demanda de amparo no fue promovida por la parte quejosa por derecho propio, se reconoce la representación a la que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo, de manera provisional hasta en tanto aquélla se encuentre en aptitud de continuar la contienda constitucional, es decir, cuando manifieste ante el juzgado competente su voluntad de ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor, por lo que, en su caso, si la petición de amparo es ratificada por la quejosa, la representación del promovente cesará y no podrá tener acceso al presente juicio de amparo. INCOMPETENCIA. En otro aspecto, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: ....Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.... "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. ...Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos directos se encuentran en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Por lo que, tomando en cuenta dicha circunstancia, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que los actos reclamados cita no se están ejecutando en el Estado de Puebla, cuenta habida que tomando en consideración la naturaleza de dichos actos, y que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, resulta indudable que el juez competente será el de aquella jurisdicción. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Lo anterior, pues en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando dispone que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se esté ejecutando, como en el caso acontece; pues la ejecución de los actos reclamados se encuentra desarrollando en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ, ... En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por ello, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si acepta la competencia legal declinada, y de ser así, remita el acuse de recibo. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En este punto, se imponer precisar que en atención a la incompetencia que se plantea, el juez de Distrito que conozca de este asunto podrá modificar o fijar nuevos requisitos y efectos de la suspensión decretada en este apartado. En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano, por cuanto hace a los actos reclamados en los siguientes términos: Suspensión de plano por cuanto hace al confinamiento, aseguramiento, alojamiento, y detención de los quejosos, por un término mayor a treinta y seis horas. Tomando en consideración que del capítulo de "conceptos de violación", el promovente, señaló que los directos quejosos llevan alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, más de treinta y seis horas, a partir de su detención administrativa, sin que tengan conocimiento de la emisión de acuerdo alguno dentro de sus respectivos procedimientos administrativos. Al respecto, el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esa ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. En ese tenor, tomando en consideración que la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es menester, que la autoridades responsables ordenadoras a quienes se atribuye el alojamiento de los quejosos por un plazo mayor a las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de la legislación antes invocada, emitan el acuerdo de presentación respectivo y lo haga del conocimiento de los migrantes -aquí quejosos-, así como la información a que hace alusión el diverso precepto 69 de la Ley de Migración invocada. Expuesto lo anterior, se concede la suspensión de oficio y de plano a los peticionarios de amparo, para el efecto, que las autoridades responsables: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estrado de Veracruz; 2. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estrado de Veracruz; y, 3. Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, emitan de inmediato, el acuerdo de presentación a que hace referencia el artículo 68 de la Ley de Migración y le proporcione la información sobre los tópicos destacados en el numeral 69 del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que de acuerdo a lo narrado por la parte promovente, transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas que prevé el primero de los preceptos legales invocados, para la presentación de los migrantes. Por tanto, al rendir el informe sobre el acatamiento a dicha medida suspensional, las aludidas autoridades responsables deberán allegar en original o en su caso, copia certificada, de las constancias que acrediten que emitió el acuerdo de presentación respectivo, en el que se justifique el alojamiento de los quejosos en esa estación migratoria, hasta la fecha de la presentación de la demanda (diez de noviembre del año en curso), y que tal determinación fue notificada a los mencionados impetrantes de amparo. II. Suspensión de plano decretada en caso de que la detención o privación de la libertad con fines de deportación o expulsión decretados fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de los quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo (de nacionalidad Cubana), la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial y permanezcan en el lugar donde actualmente se encuentran, a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Tal medida no surtirá efecto alguno, siempre que el traslado sea con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad o la vida de los quejosos, de la seguridad institucional, del personal o el resto de los migrantes alojados en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, donde se encuentran actualmente los quejosos. De igual forma, en caso de que a los quejosos se les impute la comisión de algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. III. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo (de nacionalidad Cubana), se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo migratorio para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que los mismos no sean deportados por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición los ponga en inmediata libertad, siempre y cuando los quejosos, realicen lo siguiente: a) Otorgue una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Veracruz, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Establezca un domicilio o lugar en el que permanecerá, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarla en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. ...De ahí que si los quejosos no cumplen con las medidas de aseguramiento que les fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que sigan a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que puedan ser deportados o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlos en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la tesis de que los quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo; estén sujetos a proceso penal o hayan sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenidos por la autoridad migratoria y alojados en la estación correspondiente, continúen el procedimiento migratorio que se les instruye y los interesados queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que la quejosa se encuentra a su disposición, para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. IV. La incomunicación de la que son objeto los quejosos directos. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación de la que son objeto los quejosos directos para el efecto de que dicho acto cese de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir que los quejosos directos: 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo (de nacionalidad Cubana), tengan comunicación con sus abogados o cualesquiera otro- y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Finalmente, se comunica a las autoridades responsables que la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 951-526-06-19 y correo electrónico institucional nahieli.avendano.palacios@correo.cjf.gob.mx, para recibir el informe requerido. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, salvo de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. VISTA A MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS Toda vez que los quejosos directos se encuentran en la Estación Migratoria en el Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 124, 125 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria en el Estado de Veracruz, ubicada en CARRETERA DEL GOLFO 221, MIGUEL ALEMÁN, 96000 ACAYUCAN, VERACRUZ; b) Busque a 1. Gustavo Rodríguez González, 2. Marta Luisa Guerra Cabrera y 3. Suharmi Armenteros Lorenzo (de nacionalidad Cubana), y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -Juicio de Amparo 1214/2022; d) Notifique el presente auto al referido quejoso. e) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído; f) Hecho lo anterior, los requiera para que dentro del plazo de tres días señalen domicilio en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones que se les practicarán por medio de listas que se publican de este órgano jurisdiccional, aún las de carácter personal. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentran, preguntarles si se les ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran detenidos o alojados y si han sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado que han sido trasladados a un diverso lugar de alojamiento, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar, para lo cual deberá indagar sobre su paradero. Además, el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que están presentados o alojados los quejosos, esto es, si cuentan con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. g) El actuario haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables. En el entendido que el actuario Judicial comisionado deberá recabar de las autoridades, la constancia respectiva, la cual deberá contener lo siguiente: sello, fecha, nombre de quien recibe, cargo y firma, que permitan identificar que fue entregado a su destinatario. Asimismo, en caso de negarse la autoridad responsable a recibir dicho oficio, deberá apercibirla, que se tendrá por hecha la notificación que del mismo contiene, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo de la secretaria encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Téngase el correo electrónico y el numero telefónico proporcionados únicamente como medio para establecer contacto, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por esos medios y sólo en casos excepcionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ...Acorde a lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente al promovente de amparo; así como a los quejosos directos en el lugar de su alojamiento via exhorto; por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos.
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