Gustavo Rocha Gutieerez
Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gustavo Rocha Gutieerez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el amparo directo en materia civil 116/2019, a través del cual informa que acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo de la cual deriva el presente cuaderno. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso existan documentos que por sus características deban devolverse a las partes. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del cuaderno, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el que transcribe el proveído de doce de febrero del presente año, dictado en el amparo directo civil 116/2019, del que se advierte que requirió al Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita el expediente 437/1999 de su índice, a fin de que ese órgano colegiado éste en aptitud de pronunciarse respecto a la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Gustavo y David, ambos de apellidos Rocha Gutiérrez, por derecho propio, contra el acto del Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 107/2019-I. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Gustavo Rocha Gutiérrez. En principio, resulta pertinente destacar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo, permite establecer que el acto que reclama la parte quejosa se hace consistir en la sentencia de ocho de mayo de dos mil trece, emitida por el Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, en el juicio sucesorio intestamentario 437/1999, a través de la cual se aprobó el proyecto de partición propuesto por los herederos, y se adjudicó en favor de éstos la propiedad del lote de terreno número dos, de la manzana treinta y uno, y casa en él construida, con frente a la calle Jardín Coahuila de la Unidad Habitacional San Felipe del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Lo anterior se patentiza con la siguiente transcripción: ".IV. ACTO RECLAMADO: De la Autoridad Responsable la ilegal Aprobación del Proyecto de Partición y Distribución de Caudal Hereditario de los bienes del de cujus ANGEL ROCHA SANCHEZ en el cual adjudica la única propiedad a favor de MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ VIUDA DE ROCHA, MARÍA LUISA, BLANCA ESTELA, ANGEL, DAVID, ARTURO Y GUSTAVO DE APELLIDOS ROCHA GUTIERREZ, que lo anterior lo acordaba en los términos que los herederos de la sucesión se lo habíamos solicitados (sic) mediante escrito de 07 de mayo del 2008, ordenando girar oficio al Notario Público número 17 LICENCIADO ALFONSO LEAL VARELA, con las constancias necesarias para la protocolización y expedición de la higuela (sic) correspondiente, siendo para que en el escrito antes citado únicamente solicitados que el bien inmueble fuera adjudicado de la siguiente manera: a) MARÍA DE LA LUZ GUTIÉRREZ VIUDA DE ROCHA y ARTURO ROCHA GUTIÉRREZ, sería el usufructo del inmueble descrito en el inventario y avalúo, mismo que consiste en un lote de terreno número dos, de la manzana 31 y casa en el construida, con frente a la calle Jardín Coahuila de la Unidad Habitacional San Felipe del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., con una superficie de 180 metros cuadrados cuya medidas y colindancias las describiremos en los antecedentes. b) Para GUSTAVO ROCHA GUTIÉRREZ, será la nuda propiedad del inmueble (antes citado), descrito en el inventario y avalúo. c) Para DAVID ROCHA GUTIÉRREZ, se le adjudica el área verde del inmueble (antes citado), descrito en el inventario y avalúo. Lo anterior lo acordó mediante auto de fecha del 8 de mayo del 2003, dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANGEL ROCHA SÁNCHEZ, expediente 437/1999 y de lo anterior nos dimos cuenta el 29 de enero del presente año.". Debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda, en su único concepto de violación los quejosos atribuyen vicios propios a la referida resolución de ocho de mayo de dos mil tres, lo cual hace evidente que ésta es el acto aquí reclamado. Por otra parte, debe precisarse que de la lectura de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que son parte procesal de dicho juicio, ya que éstos junto con los demás herederos lo instaron, aunado que a través del escrito de siete de enero de dos mil tres, expresaron su conformidad en el modo que querían que se adjudicara el inmueble aludido, por lo no se está en el supuesto de que se ostenten terceros extraños al juicio aludido. Ahora bien, la sucesión constituye un juicio cuyo objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Al respecto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencial 893, estableció que para los efectos del juicio de amparo debe considerarse como definitiva la sentencia que concluye la cuarta etapa del juicio sucesorio, esto es a través de la cual se adjudican los bienes de la masa hereditaria, ya que resuelve el juicio sucesorio en lo principal. Tal criterio se encuentra publicado en el Apéndice de 2011, Séptima Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Procedencia del amparo directo, materia civil, página 999, que dispone: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal". Precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.)". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación trascienda al resultado del fallo. (.)". "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarias o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, en cuya demanda deberán hacerse valer todas las violaciones procesales que estime el quejoso se cometieron durante la tramitación del controvertido. Por consiguiente, si en el caso, la parte quejosa reclama la resolución de ocho de mayo de dos mil tres, dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, en el juicio sucesorio intestamentario 437/1999, a través de la cual se aprobó el proyecto de partición propuesto por los herederos, y se adjudicó en favor de éstos la propiedad del lote de terreno número dos, de la manzana treinta y uno, y casa en el construida, con frente a la calle Jardín Coahuila de la Unidad Habitacional San Felipe del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, es inconcuso que dicha determinación, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, así como del criterio jurisprudencial referido, constituye una sentencia reclamable mediante el juicio de amparo directo. Por tanto, de conformidad con el numeral 34 de la legislación en comento, al proceder en su contra el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en Turno, es que este juzgador carece de competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo promovida contra el referido acto. En esas condiciones, para los efectos precisados en el propio numeral, previo cuadernillo que se forme con copia certificada de las constancias que obran en este asunto, se ordena remitir éste al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en Turno, al que se considera competente, para que, de estimarlo así y salvo mejor opinión de dicha superioridad proceda a su conocimiento. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. En otro orden de ideas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de febrero de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 107/2019-I; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado; agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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