Gustavo Robles Castro
Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Gustavo Robles Castro
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y archívese el presente asunto como concluido. Documentos para devolver. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en comento y toda vez que obra en autos el documento original que fue exhibido por la parte quejosa, notifíquese personalmente la presente determinación, a efecto de que acuda al local de este juzgado, dentro del plazo de noventa días, a recogerlo, previa razón y firma de recibo que deje en autos; quien deberá presentar identificación oficial vigente (con copia simple de la misma). En el entendido que le será entregado en un horario de las nueve treinta a las catorce treinta horas de lunes a viernes, por así permitirlo las labores de este Juzgado de Distrito; apercibida que de no comparecer, podrá ser destruido. Valoración del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años..M-VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ********************contra actos del Juez Penal de Enjuiciamiento y Ejecución adscrito al Quinto Circuito Judicial con cabecera en **********, Hidalgo y otra autoridad; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1358/2023-7-A. Análisis del escrito inicial de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.. De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo de cuenta, este juzgado de distrito advierte que resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Antes de explicar la referida causal de improcedencia, es preciso señalar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la desposesión del predio ubicado en calle ***************, esquina con callejón ********************, colonia ********************, en ********************, Hidalgo, ordenada en la carpeta de ejecución número ********************, del índice del juez responsable; predio del cual aduce ser poseedor en su carácter de propietario (tercero extraño en estricto sentido). En ese sentido, este juzgador considera que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 113 del mismo ordenamiento. Los numerales en cita, en su orden establecen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese tenor, es dable precisar que la legitimación representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de derechos debe acreditar en forma fehaciente, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Lo anterior, ya que la legitimación debe estar acreditada en forma plena y no inferirse con base en presunciones. El artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, por su lado, establece que el juicio constitucional sólo se puede promoverse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la propia Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o leyes reclamadas causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En ese sentido, para acreditar en el presente asunto, la legitimación para acudir al juicio del cual emanan los actos reclamados, se deben cubrir varios presupuestos, que son: 1. La existencia de un derecho reconocido por el orden jurídico, como la vida, libertad, propiedad, posesión, etcétera. 2. Un acto de autoridad que se oriente hacia ese derecho. 3. Que el acto de autoridad afecte ese derecho, esto es, lo reduzca, suprima, cancele o cercene. 4. Que el quejoso demuestre la titularidad de ese derecho afectado por el acto de autoridad reclamado. Cabe precisar que la posesión que ostenta un tercero extraño al juicio de donde provienen los actos reclamados puede ser materia de protección constitucional, siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva que, de manera fundada y razonada, produzca la convicción de que tiene derecho a la posesión de ese bien, ya que la simple tenencia material de la cosa no es susceptible de aquella protección. En ese sentido, la parte quejosa considera que le asiste el derecho a intervenir por la afectación al inmueble que aduce posee en su calidad de propietario, y acude a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio. De este modo, cabe precisar que la calidad con la que se ostenta, lleva a considerar que se estime como totalmente ajena al procedimiento de origen, por no haber figurado en modo alguno como parte en el mismo; esto es, debe entenderse en términos generales, que tercero extraño a juicio propiamente dicho es aquella persona que no ha figurado en el procedimiento de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que se emitan, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, por lo que en cada caso particular, el juez de distrito deberá analizar el acto de autoridad que concretamente afecta a quien se ostenta como tercero extraño a juicio para así determinar el interés jurídico que la promovente del amparo debe acreditar. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CONCEPTO". (S. J. F. y su G., 9ª Época, tomo VII, Enero de 1998, pág. 56). Ahora bien, los artículos 865, 866 y 905 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, establecen: Artículo 865. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 868. Posee un derecho el que goza de él. Artículo 866. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro, una posesión derivada. Artículo 905. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Así, puede decirse que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen, puesto que si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se tratará entonces de la posesión originaria o en concepto de dueño. En cambio, si tal causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar del bien, se entiende que alude a la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoratario u otro título análogo. En ese sentido, cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer libremente de este); ante todo ello, es incuestionable que la simple tenencia material de un bien, faltando la evidente demostración de dicha causa lícita, no constituye la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no se trata de la que fuere tutelable por el derecho de audiencia que consigna el artículo 14 constitucional, el cual, sin discusión, protege la posesión jurídica, ya sea originaria o derivada. Así, se afirma que la parte quejosa no acredita el interés jurídico necesario para la promoción del juicio de amparo, dado que el medio de prueba que ofreció no es idóneo para acreditar que tiene la propiedad y posesión del bien inmueble materia de la controversia de origen. Al respecto, el quejoso ofreció como prueba dentro del presente juicio de derechos: Original del contrato privado de compra venta celebrado entre el quejoso ******************** (vendedor) y ********************(comprador) firmado el veintidós de mayo de dos mil quince -según se advierte en la parte inicial del mismo-. Por cuanto hace al citado contrato privado de compra venta, si bien se exhibió en original, lo cierto es que éste no cuenta con fecha cierta, por lo que resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico. Esto es así, porque la documental debe ser valorada conforme lo dispuesto por los numerales 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, preceptos legales que hacen alusión al valor probatorio de los documentos privados en una controversia judicial de esta índole. En torno a la institución de "fecha cierta", la extinta Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio siguiente, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página: 63 Registro digital 818042: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte d cualquiera de los firmantes." Se dice entonces, que el referido contrato de compra venta, para que tenga eficacia probatoria y surta efectos contra terceros, requiere ser de fecha cierta, lo cual ocurre: a) A partir del día en que se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado; o b) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; o, c) Se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.44/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y siete, tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 178201 que dice: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARACONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades. Ahora, de conformidad con la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada, se advierte que si los documentos privados carecen de fecha cierta de modo alguno se le puede otorgar valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen y, por lo mismo, no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo y, por tanto, al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Es decir, para dar certidumbre de la materialidad del documento y que no haya duda de su realización, se requiere que un tercero fidedigno por su fe pública dé certeza de esa materialidad o sea tener una precisión o un conocimiento indudable de la existencia del documento privado, las partes que intervienen en su realización y su fecha, circunstancias que atienden a las formalidades de validez del acto contenido en ese instrumento. Las hipótesis citadas en los incisos precedentes tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió. Atento a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa exhibió para acreditar su interés jurídico un contrato privado de compraventa con el cual pretende acreditar una posesión originaria, el cual no ha sido presentado ante algún funcionario público en razón de su encargo dio fe de la certeza de la materialidad del acto contenido en dicho documento, es decir, que las partes intervinientes celebraron el acto jurídico en él consignado, de ningún modo puede considerarse de fecha cierta y mucho menos ser suficiente para acreditar su interés jurídico en el juicio constitucional. Sirve de sustento, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329, del título y contenido: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común. Por ello, se dice que el promovente no acredita la calidad de propietario del bien materia de la litis ni que tenga la posesión tutelada por el artículo 14 constitucional, pues no basta que refiera ser propietario del bien inmueble materia de la presente litis y anexe el contrato de compra venta privado para justificar tal carácter, ya que, como se dijo, éste no crea convicción en este juzgador, lo anterior, al no ser de fecha cierta. Por tanto, el quejoso debió demostrar que cuenta con un derecho subjetivo propio anterior al inicio del juicio de origen, cuyas consecuencias en esta vía se reclaman. En tales condiciones, resulta improcedente la petición del solicitante de amparo, para que sea protegido su derecho de posesión respecto del bien inmueble que defiende, en virtud de que en la especie, como se dijo, no quedó demostrado que tenga un derecho oponible contra terceros, en la fecha que nació el acto reclamado; consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII en relación con el 5 fracción I, de la ley que rige en la materia, ya que como se dijo, para efectos del juicio de amparo, no se ve afectada su esfera jurídica; máxime que esta instancia constitucional no es la vía idónea para constituir derechos de propiedad o posesión alguna, sino únicamente se regula la legalidad de los actos emitidos por las autoridades responsables, respecto de aquellas personas que demuestren la afectación real en su esfera jurídica, lo que en la especie no aconteció. Tiene aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506, del título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación.Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." En consecuencia, como se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción I del mismo ordenamiento, así como con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario, procede desechar de plano la demanda, con apoyo en el ordinal 113 de la citada Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que el promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Autorizados. Se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. En atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, permítase a la parte quejosa, así como a sus autorizados, que se impongan del contenido de los acuerdos mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que los mismos serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se toma nota de los proporcionados por el quejoso e igualmente se le requiere a efecto de que señale un número de teléfono móvil para que se entablen comunicaciones no procesales...M-VII
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