Gustavo Rentería Rosas
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Gustavo Rentería Rosas
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, Tapachula
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado y se ordena el archivo
- Principal
Se informa trámite de comunicación oficial
- Principal
Se ordena girar exhorto para notificar a la parte quejosa
- Principal
Se ordena notificar por lista el auto de catorce de marzo del año en curso cuya síntesis refiere: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por Gustavo Rentería Rosas, por su propio derecho, contra actos de Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que esencialmente el acto reclamado consiste en: El cumplimiento de la sentencia dictada dentro del incidente de traslado 192/2022. Registro de expediente Por consiguiente, con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 341/2023. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.41 K, visible en la página 1275, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 186294, que a la letra dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre la procedencia del amparo". En ese sentido, a consideración del suscrito, se estima que respecto del acto reclamado consistente en el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del incidente de traslado 192/2022, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" El precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo, un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente. Para actualizarse la hipótesis de la citada causal de improcedencia, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se haya dado trámite cuando se resuelva el juicio de amparo. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de 2000, página 15, con registro digital 190665, de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso Gustavo Rentería Rosas, reclama en la presente instancia constitucional medularmente, la omisión de llevar a cabo el traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social 15 "CPS Chiapas" al diverso Centro Federal de Reinserción Social 17 "CPS Michoacán". Ahora bien, de las copias auténticas que conforma el incidente de traslado 192/2022, que remitió el quejoso, a la que se les concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, pues se trata de actuaciones emitidas por la autoridad señalada como responsable en el ejercicio de su encargo, se advierten lo siguiente: 1. Por escrito presentado ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, Chiapas, el sentenciado Gustavo Rentería Rosas, solicitó traslado voluntario al Centro Federal de Reinserción Social 17 "CPS Michoacán". 2. En acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, se radicó el traslado y se requirió a la autoridad penitenciaria los antecedentes del promovente y los motivos que generaron su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social 15 "CPS Chiapas". 3. Mediante oficio con terminación 1592/2022 de trece de septiembre de dos mil veintidós, la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas", informó que Gustavo Rentería Rosas, no requería medidas especiales de seguridad y consideraba viable el traslado al diverso Centro, ya que contaba con características de seguridad e infraestructura similares. 5. Mediante oficio con terminación 18599/2022 de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se rindieron los informes procedentes de las diversas áreas de administración de la autoridad penitenciaria. 6. En sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Ejecución, concedió el traslado voluntario solicitado por el sentenciado Gustavo Rentería Rosas, el cual tendrá lugar dentro de los veinte días hábiles siguientes en que cause estado la resolución. De lo antes expuesto, el suscrito advierte que la controversia mencionada, se encuentra en etapa de ejecución, procedimiento que aún no concluye, en el que el Juez en funciones de Ejecución ha realizado los requerimientos necesarios al centro penitenciario donde el quejoso guarda reclusión, a fin de llevar a cabo el traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social 15 "CPS Chiapas" al diverso Centro Federal de Reinserción Social 17 "CPS Michoacán". De lo anterior se concluye que se colma la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues se cumple con el primer requisito de la causal de improcedencia de que se trata, ya que el quejoso promovió ante el Centro de Justicia Penal Federal, la controversia judicial (192/2022), contemplada en la Ley Nacional de Ejecución de Penas. También se actualiza el segundo requisito (que el medio de defensa se encuentre en trámite), ya que la controversia aludida, se encuentra pendiente de tenerse por cumplida, tal como se expuso; es decir, aún no ha concluido el procedimiento de ejecución de manera definitiva. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, porque en términos del artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el proceso de ejecución de la controversia persigue la finalidad, justamente, de obtener el cumplimiento de lo ordenado en la resolución de la controversia, de ahí que, sea la vía idónea para obtener la pretensión que se persigue con el juicio de amparo. Tal numeral señala lo siguiente: "Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento". El precepto mencionado en último término, hace alusión a que, en la etapa de ejecución, una vez que cause estado la resolución que para tal efecto se haya dictado, el juez de ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de la misma. Ahora, cuando la autoridad penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el juez de ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el juez de ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. De igual modo, cuando el procesado y/o sentenciado, manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Asimismo, cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un plazo que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Ahora, en caso de que la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Sin embargo, si la autoridad penitenciaria responsable del centro carcelario no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. De lo que se obtiene, que la citada controversia es procedente en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y tiene por objeto atender la omisión médica reclamada en el presente juicio de amparo. Pues como se dijo, a la presente fecha la controversia se encuentra en etapa de ejecución, medio donde se requirió la traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social 15 "CPS Chiapas" al diverso Centro Federal de Reinserción Social 17 "CPS Michoacán". En relatadas condiciones, deviene inconcuso que en el caso concreto se surten las exigencias de la causa de improcedencia en estudio, pues según ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la que se señaló como acto reclamado el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del incidente de traslado 192/2022, que al concluirse traería consigo la modificación, revocación o confirmación de lo aquí reclamado. Así, es evidente que el presente juicio de amparo se pretende intentar simultáneamente al procedimiento de ejecución de la controversia 192/2022, a pesar de ser ésta ultima la vía idónea para lograr la insubsistencia del acto reclamado; ello en virtud, de que el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por lo que se considera que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia que alude al medio de defensa pendiente, cuya finalidad es la de evitar que una situación jurídica sea examinada al mismo tiempo en dos instancias que podrían concluir en resoluciones contradictorias, así como la sustitución al juez de ejecución; pues es a quien le corresponde velar por el cumplimiento de la controversia de manera contumaz. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que le informan la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 61, diciembre de 2018 y tomo I, página 230, con registro digital 2018548, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Al presente asunto, también resulta ilustrativa el criterio jurisprudencial 2a./J. 14/2022 (11a.), sustentado por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 12, abril de 2022, tomo II, página 1741, con registro digital 2024468, que establece: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, en concordancia con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lisandro Martínez Gordillo, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Domicilio y autorizados Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Transparencia Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Expediente electrónico De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta al promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Copias Asimismo, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído y hágase la indicación al promovente que tiene expedito su derecho de acudir a este Juzgado a recibir las mismas, previa identificación y razón de recibo que se deje agregada al expediente. De igual manera, hágase del conocimiento, que de conformidad con el artículo 36, párrafo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, toda persona autorizada para consultar el Expediente electrónico, podrá descargar en su equipo de cómputo copia de las constancias que obren en él. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese, personalmente al promovente en el lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Maricela Esquivel Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe.
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