Gustavo Rebolledo Hernández
Expediente 2238/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2238/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gustavo Rebolledo Hernández
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por GUSTAVO REBOLLEDO HERNÁNDEZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Incidental
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa: GUSTAVO REBOLLEDO HERNÁNDEZ, el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda presentado por ********************, por derecho propio contra actos de Aspirante a Notario de la Notaria Pública Número Uno de Puente de Ixtla Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 2241/2016-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Desechamiento de la demanda. En el caso concreto, el quejoso reclama: ".LA ILEGAL TRANSMISIÓN DE DOMINIO DE MI INMUEBLE AUTORIZADA Y TRAMITADA POR EL NOTARIO NÚMERO UNO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS." Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de garantías de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible admitir la demanda de garantías, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observara, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es por ello que, la relación entre el Aspirante a Notario de la Notaria Pública Número Uno de Puente de Ixtla Morelos y el quejoso, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación que deriva entre particulares, toda vez que el fedatario no actúa de manera unilateral y obligatoria, y en el caso únicamente emitió la escritura pública en cumplimiento a lo solicitado por Sergio Medina Pérez, actuando como representante del quejoso, en cumplimiento al poder notarial que el mismo otorgó, el cual puede impugnar como manifiesta que hizo con dicho poder notarial o bien, acudir ante el juez que conoce de la nulidad del poder que usan para efectuar una transmisión de un bien, a fin de impugnarlo. Es por ello que, si por los servicios que realizo el fedatario público, existe un acuerdo entre dichos particulares, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile la problemática de transmisión del bien que el quejoso aduce es de su propiedad, así como sus consecuencias jurídicas, y no mediante esta vía constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la tesis 42, publicada en la página 31 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Esto es así, ya que la transmisión de dominio del inmueble, fue autorizado por quien posee un poder notario otorgado por el propio quejoso, por tanto, como ya se dijo, ésta deriva del vínculo que existe entre su apoderado y poderdante, pero no como actos de autoridad, sin que se actualice la hipótesis establecida en el artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Por consiguiente, no tienen el carácter de autoridades cuando realizan actos que tienen como origen un poder general para actos de dominio, respecto del bien inmueble, materia del acto reclamado y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que ellos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de un poder notarial otorgado por el propio quejoso, pues si al notario público se le presentó dicho poder el actúo con la convicción razonable de estar en ejercicio de sus atribuciones, lo anterior, sin que pase desapercibido que el quejoso promovió nulidad de poder notarial otorgado, toda vez que el mismo tiene validez, mientras no se declare la nulidad de esa actuación. La anterior determinación encuentra sustento, por analogía, la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 1023, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, Novena Época, cuyo rubro y texto se citan a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías.". Luego, debido a que los actos que se reclaman en esta vía, no son susceptibles de analizarse a través del juicio de garantías, ello no significa que se deje al promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante el juez que conoce de la nulidad que promovió contra el poder notarial otorgado en favor de Sergio Medina Pérez, para deducir lo que a través de esta vía pretende. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por ********************, por su propio derecho, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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