Gustavo Ramírez Magaña

Expediente 68/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
68/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Ramírez Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el auto de referencia. ...archívese este asunto como concluido. referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto, se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ...Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Dirección Jurídica en suplencia del Director General del Centro Penitenciario Federal Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, a través del cual informa que el quejoso Gustavo Ramírez Magaña egresó por libertad de ese centro de reclusión, el veintiséis de enero del año en curso, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en proveído de seis de febrero pasado, remitiendo copia certificada del acta de libertad 174/2019, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que mediante diligencia actuarial de cinco de febrero de dos mil diecinueve, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al mencionado quejoso Gustavo Ramírez Magaña, el acuerdo de veintiocho de enero del año que transcurre; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación así como las subsecuentes por lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso Gustavo Ramírez Magaña, el auto de veintiocho de enero del año en curso...Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, la demanda de amparo presentada por Gustavo Ramírez Magaña, contra actos del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 68/2019/I-B. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, debe tenerse presente que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo , debe examinarse la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Gustavo Ramírez Magaña, promueve el presente asunto, en contra de la restricción total de tránsito a los límites de su estancia por un lapso de setenta y seis a noventa días y suspensión total de estímulos, incluyendo visita familiar e íntima, emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. Precisado lo anterior, es de advertirse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén que el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Asimismo, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. En la propia ley, se establece en el numeral 48 , la impugnación de resoluciones del Comité Técnico, por faltas disciplinarias. En este marco normativo, toda vez que la restricción total de tránsito a los límites de su estancia por un lapso de setenta y seis a noventa días y suspensión total de estímulos, incluyendo visita familiar e íntima, resulta una medida dentro de sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, el interno debe agotar el medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal cuando reclame resoluciones del Comité Técnico por faltas disciplinarias. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo relativa al principio de definitividad, esto es, porque el quejoso previamente a instar la acción de amparo debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, dado que no se actualiza algún caso de excepción a dicho principio. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Apoyan lo anterior, la resolución de veintiuno de noviembre del año en curso, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, dictada en el toca 436/2018 de su índice; así como los lineamientos indicados en la tesis III.2o.P.135 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3318, con número de registro: 2016370, tomo IV, Marzo de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Sin que haya lugar a admitir la presente demanda por los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en malos tratos, incomunicación, segregación, tortura física y psicológica, ya que los mismos no los señaló como actos destacados sino en vía de consecuencia del acto reclamado por el que se desechó la demanda de amparo. DOMICILIO. Tomando en consideración lo previsto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en relación a que los quejosos privados de su libertad, deberán ser notificados de manera personal en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos; se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el lugar de su reclusión. NOTIFICACIONES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifique a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; máxime que en la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/Acuerdo/ acuerd_ini.asp? HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Yesareli Pérez García, que autoriza y da fe...

  3. Principal

    ...Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Gustavo Ramírez Magaña, el proveído de veintiocho de enero del año en curso, en virtud de que al citado quejoso se le concedió la libertad. En tal virtud, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede debidamente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional si el quejoso Gustavo Ramírez Magaña quedó en libertad, o bien, si fue trasladado a uno diverso y de ser así, remita las constancias relativas a la boleta de libertad...

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

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