Gustavo Portillo Sánchez

Expediente 660/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
660/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Portillo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintiuno (fojas 98 a 113), en la que se decretó negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de tomos de pruebas. Por otra parte devuélvasele mediante oficio a la Tercera Ponencia de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; las copias certificadas del expediente 66/2020, del su índice, así como las copias certificadas del expediente 615/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mismos que obran por separado en dos tomos de pruebas. Incidente de suspensión Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el, inciso c), del artículo 21, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo 20, fracción II, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Estado de autos. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que mediante proveído de doce de abril del año en curso dictado en el expedientillo derivado del presente asunto, se reservó proveer lo conducente respecto al escrito signado por el quejoso Gustavo Portillo Sánchez, a través del cual solicitó la devolución de los documentos que anexo a su escrito inicial de demanda, así como los exhibidos mediante escrito de ocho de diciembre de dos mil veinte; hasta en tanto se dictara la sentencia que en derecho corresponda en el presente asunto, circunstancia que ha acontecido. Se acuerda escrito reservado y se deja a disposición documentos. En atención a lo anterior, se deja a disposición de la parte promovente los documentos que refiere, previa copia certificada que se agregue a autos, teniéndose como autorizada para recibirla a la persona que indica, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención del documento cuya devolución solicita.. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos de mérito, el solicitante deberá comunicarse a los teléfonos 6672250353 con la licenciada Ciliany Álvarez Ayala o al 7221611966 con el licenciado Christoper Rodríguez Escobar, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Se agrega escrito. Finalmente, agréguese el escrito signado por el quejoso Gustavo Portillo Sánchez, mediante el cual solicita le sean devueltos los documentos exhibidos en el presente asunto, asimismo sea acordado su escrito mediante el cual en proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente hasta en tanto sea haya dictado sentencia en el presente juicio de amparo; atento a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO*

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de abril de dos mil veintiuno. Quejoso solicita devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la tercero interesada Gustavo Portillo Sánchez, a través del cual solicita la devolución de los documentales que exhibió como anexo a su escrito de demanda de amparo, así como del escrito de ocho de diciembre del dos mil veinte, registrado con el folio 9257, señalando como autorizados para recibirlas a las personas que indica. Se reserva escrito. En atención a lo anterior, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se dicte la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO*

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 660/2020-III, promovido por Gustavo Portillo Sánchez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado como demanda de amparo directo el veinte de octubre de dos mil veinte, ante la autoridad responsable Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que tocó por cuestión de turno al Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, y registrado bajo el número DC 416/2020; así, mediante auto de once de noviembre de dos mil veinte, la Superioridad, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, y ordenó remitir el expediente junto con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. Por tanto, el trece de noviembre de dos mil veinte, por cuestión de turno fue remitido a este órgano jurisdiccional, donde el quejoso demanda el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "5.- AUTORIDAD RESPONSABLE. TERCERA PONENCIA DE LA SALA CIVIL-FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA." ACTO RECLAMADO: ".La sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, notificado el treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del toca de apelación 066/2020, por la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado." (sic). SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 42-48), este Juzgado de Distrito tuvo por recibido el expediente 416/2020, relativo al amparo directo del índice del Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito; la registró con el número de juicio 660/2020-III y se avocó al conocimiento del mismo, admitiéndola a trámite; por lo que se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se tuvo por emplazada a la tercero interesada Izel Secua Hernández, en representación de los menores de identidad reservada de iniciales G.P.Z. y B.P.Z.; se nombró representante especial de los menores, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por los Magistrados Integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 59). CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto emitido dentro de juicio (diligencias de alimentos provisionales), el cual es de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos (alimentos). Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, así como a las constancias integrantes del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: De la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el Toca de Apelación 66/2020-III, que ordena reponer el procedimiento en las Diligencias de Alimentos Provisionales promovidas por Izel Zecua Hernández, en representación de los menores de edad de iniciales G.P.Z y B.P.Z., en contra de Gustavo Portillo Sánchez. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas relativas al toca civil 66/2020, de su índice, y el expediente 615/2019, referente a Diligencias de Alimentos Provisionales, promovidas por Itzel Zecua Hernández, en representación de sus menores hijos G.P.Z. y B.P.Z., de la lista del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, la parte quejosa fue notificada de la resolución que constituye el acto reclamado el treinta de septiembre de dos mil veinte, por lo cual el plazo de quince días transcurrió del uno al veintidós de octubre de dos mil veinte, previo descuento de los días inhábiles. Lo cual se esquematiza a continuación: (SIN TEXTO) Septiembre 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 28 29 30 Notificación del acto y surte efectos Octubre 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día uno 2 Día dos 3 Inhábil 4 Inhábil 5 Día tres 6 Día cuatro 7 Día cinco 8 Día seis 9 Día siete 10 Inhábil 11 Inhábil 12 inhábil 13 Día ocho 14 Día nueve 15 Día diez 16 Día once 17 Inhábil 18 Inhábil 19 Día doce 20 Día trece Presentación de la demanda 21 Día catorce 22 Día quince último día para presentar la demanda 23 24 Inhábil 25 Inhábil 26 27 28 29 30 31 Inhábil En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el veinte de octubre de dos mil veinte, ante la autoridad responsable Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, según se advierte de las constancias que obran en el presente expediente (fojas 7-32). QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia son de estudio oficioso, con independencia de que las partes las hagan valer o no. Cambio de situación jurídica Mediante escrito presentado por el quejoso Gustavo Portillo Sánchez, el cinco de abril del año en curso, a través del cual informa que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se inició la carpeta de investigación C.I.AIEDVI-S/270/2021 ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Región Sur, de la cual derivó el expediente relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares 89/2021 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, en la que el veintitrés de marzo del año en curso, se determinó otorgar la guarda y custodia de la menor de identidad reservada y de iniciales G.P.Z, al promovente, Gustavo Portillo Sánchez, tal como se advierte de las constancias remitidas por el referido quejoso. De lo anterior se advierte que el acto reclamado sentencia emitida en el recurso de apelación 66/2020 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; en tanto que, los actos que alude el quejoso derivan del expediente 89/2021 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, así como de una carpeta de investigación C.I.AIEDVI-S/270/2021 ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Región Sur; en consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia, pues la resolución impugnada, sigue surtiendo sus efectos legales. Por tanto, este juzgador no advierte que se actualice o acredite alguna causal de improcedencia de obvia y objetiva constatación, así como tampoco las demás partes interesadas las hicieron valer. En consecuencia, resulta procedente realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Consideraciones previas. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente relatar los antecedentes más relevantes del acto reclamado: Mediante auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, tuvo por recibido el escrito de demanda de diligencias de alimentos provisionales suscrito por Izel Zecua Hernández, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales G.P.Z y B.P.Z., la cual, registró con el número 615/2019; admitió a trámite la misma; requirió a la solicitante a fin de que dentro del término de tres días justificara con prueba idónea la necesidad que tiene sus hijos de recibir alimentos; y, ordenó girar oficio al área de recursos humanos de la empresa denominada FLOWSEVE, a efecto de que informara sobre el sueldo y demás prestaciones que recibe el deudor alimentario Gustavo Portillo Sánchez (fojas 26 y 27 del anexo de pruebas) Posteriormente, desahogadas que fueron las pruebas ofrecidas y admitidas por el Juez de lo Familiar, el seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: "RESUELVE PRIMERO. Fueron tramitadas legalmente las Diligencias sobre alimentos provisionales, promovidas por Izel Zecua Hernández, en representación de sus hijos G.P.Z. y B.P.Z., en contra de Gustavo Portillo Sánchez. SEGUNDO. Por las razones vertidas en este fallo se decretan alimentos provisionales para la acreedora alimentista G.P.Z., del 25% (veinticinco por ciento) y para el acreedor alimentista B.P.Z., 25% (veinticinco por ciento), sumando en total el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo quincenal y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe Gustavo Sánchez, como trabajador de la empresa denominada "FLOWSERVER" TERCERO. Gírese atento oficio al Encargado de Recursos Humanos de la empresa denominada "FLOWSERVE", ubicada en (.) para que ordene a quien corresponda proceda de forma inmediata a retener de las percepciones económicas de Gustavo Portillo Sánchez, el porcentaje decretado por concepto de alimentos provisionales aun cuando surja su retiro voluntario o forzoso y o ponga a disposición de Izel Zecua Hernández, en representación de sus hijos G.P.Z. y B.P.Z., para que lo aplique por concepto de alimentos para su menor hija previa identificación. CUARTO. Se apercibe al Encargado de Recursos Humanos de la empresa denominada "FLOWSERVE", que en caso de no cumplir debida y oportunamente lo aquí ordenado, se le impondrá una multa consistente en diez Unidades de Medida de Actualización (UMA) que da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI)." (foja 60 del tomo III de pruebas.) Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte, Gustavo Portillo Sánchez, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de seis de diciembre de dos mil diecinueve, misma que se registró bajo el número de toca civil 66/2020 del índice de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia (fojas 4-23 del tomo I, del anexo de pruebas). El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia dentro del toca civil 66/2020, en cuyos puntos resolutivos se dictó lo siguiente: "PRIMERO. Fue tramitado legalmente el recurso de apelación, interpuesto por GUSTAVO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. SEGUNDO. Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de este fallo, se deja insubsistente la sentencia recurrida, de seis de diciembre de dos mil diecinueve, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el expediente número 615/2019, relativo a las Diligencias de Alimentos Provisionales, promovido por Izel Zecua Hernández, en representación de sus menores hijos G.P.Z. y B.P.Z., en contra de GUZTAVO PORTILLO SÁNCHEZ, ordenándose la reposición del procedimiento, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Se fija por concepto de pensión alimenticia temporal a favor de los acreedores alimentarios G.P.Z y B.P.Z., la cantidad que resulte del 34% (treinta y cuatro por ciento), del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe GUSTAVO PORTILLO SÁNCHEZ, como trabajador de la empresa denominada "FLOWSERVER", previas las deducciones de ley; correspondiendo el 17% (diecisiete por ciento), para cada uno de sus menores. CUARTO. Consecuentemente, con los insertos necesarios gírese atento oficio al encargado del departamento de recursos humanos de la empresa denominada "FLOWSERVE", ubicada en (.) para que deje sin efectos el oficio número 3821 de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y ordene a quien corresponda proceda a retener de las percepciones económicas de GUSTAVO PORTILLO SÁNCHEZ, previas las deducciones de ley, el porcentaje, decretado por concepto de pensión alimenticia temporal, debiendo poner la suma respectiva a disposición de Izel ZECUA Hernández, en representación de sus menores hijos G.P.Z., y B.P.Z., para que la aplique al pago de alimentos de sus menores hijos." La anterior sentencia que constituye el acto reclamado. Conceptos de violación. Es preciso mencionar que no se trascribirán los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, por no existir disposición en la Ley de Amparo en ese sentido, sin perjuicio de que su análisis se haga cumpliendo con los requisitos de congruencia y exhaustividad que rigen para el dictado de toda sentencia. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Suplencia de la queja. Por otra parte, resulta pertinente aclarar que en el presente asunto opera la suplencia de la queja, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que, por una parte, están inmersos derechos de menores y, por el otro, quien acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo tiene el carácter de deudor alimentario. Al respecto, tienen aplicación las tesis de jurisprudencia 1a./J. 191/2005 y 1a./J. 24/2020 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 175053 y 2022087, respectivamente, del contenido siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Las diligencias de alimentos provisionales tienen la naturaleza de juicio. Finalmente, también es importante destacar, previo a analizar la constitucionalidad del acto reclamado, la naturaleza del asunto de donde deriva dicho acto, es decir, si bien es cierto que la sentencia que fue revocada por el Tribunal de Apelación, quien ordenó la reposición del procedimiento, fue dictada dentro del expediente 615/2019, relativo a diligencias de alimentos provisionales, promovido por Izel Zecua Hernández, en representación de los menores de iniciales G.P.Z. y B.P.Z., en contra de Gustavo Portillo Sánchez; también lo es que tal procedimiento jurisdiccional tiene la naturaleza de un juicio y no de una jurisdicción voluntaria. Al respecto, el Pleno de este Vigésimo Octavo Circuito consideró que, aunque el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en su Libro Tercero "Juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares", Capítulo XI "Alimentos Provisionales", regula en forma sui géneris el juicio relativo, pues no establece obligación de emplazar al deudor alimentario -demandado-, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las cuales puede afirmarse que existe el elemento "controversia" necesario para considerar que se está en presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice tener para reclamar el pago de alimentos, la capacidad económica del deudor y la necesidad de éstos, e incluso si el demandado se apersonare a la contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación. Por tanto -concluyó dicho Pleno de Circuito-, la sentencia pronunciada en el juicio de alimentos provisionales tiene el carácter de definitiva y, por ende, previa observancia del principio de definitividad, es impugnable en amparo directo. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia PC.XXVIII. J/1 C (10a.), publicada en la página 3871, con número de registro digital 2019984, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES DEFINITIVA Y, POR ENDE, IMPUGNABLE, PREVIA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EN AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo, de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, se entiende por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales la ley de la materia no conceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley permita la renuncia del recurso. Ahora bien, aunque el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en su Libro Tercero "Juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares", Capítulo XI "Alimentos Provisionales", regula en forma sui géneris el juicio relativo, pues no establece obligación de emplazar al deudor alimentario -demandado-, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las cuales puede afirmarse que existe el elemento "controversia" necesario para considerar que se está en presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice tener para reclamar el pago de alimentos, la capacidad económica del deudor y la necesidad de éstos, e incluso si el demandado se apersonare a la contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación; por tanto, la sentencia pronunciada en el juicio de alimentos provisionales tiene el carácter de definitiva y, por ende, previa observancia del principio de definitividad, es impugnable en amparo directo." Bajo este contexto, se analizará la resolución reclamada a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia como un acto emitido dentro de un juicio. SÉPTIMO. Estudio de fondo del acto reclamado. Como se adelantó, en el acto reclamado la sala responsable resolvió: (1) dejar insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el expediente 615/2019, relativo a diligencias de alimentos provisionales, promovido por Izel Zecua Hernández, en representación de los menores de iniciales G.P.Z., y B.P.Z., en contra de Gustavo Portillo Sánchez; y, (2) ordenó la reposición del procedimiento. Tal decisión se sustentó en las consideraciones siguientes: 1. Conforme a los artículos 54, 148, 154, fracciones I y I, y 157 del Código Civil del Estado, se obtiene que los alimentos de los hijos serán a cargo de ambos padres por partes iguales. 2. El máximo tribunal ha sostenido que para fijar el monto de la obligación alimentaria, debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirlas, así como el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos pero suficiente para desenvolverse en el status aludido 3. La sentencia reclamada -seis de diciembre de dos mil diecinueve- no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues, contrario a lo razonado por la A quo, las pruebas que se aportaron al juicio natural no son suficientes para acreditar de manera objetiva y fehaciente, el estado de necesidad de los menores de edad G.P.Z y B.P.Z., esto es, a cuánto ascienden los gastos integrales de los acreedores alimentarios, inobservándose con ello el principio de proporcionalidad. 4. La A quo resolvió únicamente con base en las constancias expedidas el dos de julio de dos mil diecinueve, por el Instituto Noyola, en la que se informa el grado de estudios de los menores; así como con el dicho de los atestes a preguntas formulada por la representación social de la adscripción, respecto a si saben cuánto ascienden los gastos de manutención de los menores G.P.Z., y B.P.Z., quienes manifestaron que $30,000.00 (treinta mil pesos moneda nacional), por lo que con dichas pruebas decretó para cada uno de los acreedores alimentarios, el equivalente a veinticinco por cierto del sueldo quincenal y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el deudor alimentario, mismas que conforme el informe rendido por la empresa "FLOSWERE", se integran mensualmente por sueldo base de $94,071.56 (noventa y cuatro mil setenta y un pesos 50/100 M.N), fondo de ahorro $3,339.04 (tres mil trescientos treinta y nueve pesos 04/100 M.N.), vales de despensa $2,568.50 (dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.), vacaciones anuales, prima vacacional equivalente al ochenta por ciento de los días de vacaciones y treinta días de aguinaldo anual, porcentaje que se fijó únicamente atendiendo a la minoría de edad; lo anterior, sin que se conocieran con claridad y precisión sus necesidades reales, es decir, a cuánto ascienden sus gastos integrales y conocer a detalle su entorno socioeconómico, costumbres de los menores de edad, gustos y demás particularidades que les rodean y a sus familias, considerando que los padres viven separados y que el deudor alimentista también tiene a su cargo su propia subsistencia. 5. Los medios de prueba aportados son insuficientes para acreditar cuáles son las necesidades reales de los acreedores, con lo que se inobservó el principio de proporcionalidad. 6. Tomando en cuenta las circunstancias que imperan en el presente asunto, del que se advierte únicamente que los acreedores G.P.Z. y B.P.Z., actualmente tienen trece y siete años de edad, respectivamente, que se encuentran estudiando en una institución educativa de carácter privado, y que la peticionaria de alimentos Izel Zecua Hernández, manifestó que los gastos de sus hijos, asciende a la cantidad de veintiocho mil pesos mensuales, a fin de salvaguardar la el derecho de los menores de edad G.P.Z. y B.P.Z., a recibir alimentos y asegurar el suministro oportuno de los mismos, se fija por concepto de pensión alimenticia temporal el 34% (treinta y cuatro por ciento), del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe Gustavo Portillo Sánchez, como trabajador de "FLOWSERVE", previa las deducciones de ley; correspondiendo al 17% diecisiete por ciento a cada uno de sus menores hijos, cantidad que se aproxima a la que refiere la promovente eroga de manera mensual. Para controvertir lo anterior, el quejoso Gustavo Portillo Sánchez, formuló los conceptos de violación siguientes: La sentencia recurrida contraviene el principio de exhaustividad y congruencia, pues la responsable no valoró todos y cada uno de los medios de convicción que se ofrecieron en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de apelación, consistentes en cien baucher (sic) de pago con código "QR", los cuales, dice, tienen pleno valor probatorio por ser documentos públicos; mismos que datan desde la fecha del convenio de once de abril de dos mil diecinueve, ratificado el trece de agosto de ese mismo año, los cuales acreditan que el promovente del amparo, de forma continua y reiterada, ha cumplido con el deber de la obligación alimentaria; por lo tanto, la procedencia de la acción no está justificada, por lo que la autoridad responsable no analizó el cúmulo probatorio y que trascienden al resultado del fallo. La responsable tampoco observó: El domicilio donde viven los menores y su madre Izel Zecua Hernández, se trata de una casa habitación la cual es propiedad del quejoso, como se demuestra con la escritura pública 41840 y que se agregó en copias certificadas al toca de apelación. El vehículo Sentra, color blanco, carta factura 1647, cuyo medio de transporte es de los menores, es propiedad del quejoso. Los gastos que se han efectuado para dar cumplimiento a los alimentos de los menores corresponden a la cantidad de $453,342.09 (cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y dos pesos 09/100 M.N.). El convenio de once de abril de dos mil diecinueve, ratificado el trece de agosto del mismo año, con categoría de ejecutoriada, como dispone el artículo 592 de la Ley adjetiva. De acuerdo al artículo 54 del Código Civil de Tlaxcala, señala que los alimentos serán a cargo de ambos padres, por partes iguales, de los que se desprende que la obligación de proporcionar alimentos no solo se limita al padre, sino que es obligación también de la madre el proveer a sus hijos los necesario para subsistir; salvo cuando alguno de los padres esté imposibilitado para trabajar, imposibilidad que no sido justificada por la tercera interesada, sino que, por el contrario, cuenta con un establecimiento de productos de belleza. La autoridad responsable no tomó en consideración que el juez de primera instancia no requirió la copias certificadas del expediente 387/2019, relativo al juicio de divorcio voluntario, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, donde obra un convenio respecto de que el quejoso proporcionara por concepto de pensión alimenticia la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional) mensuales, así como educación, inscripción, útiles escolares, uniformes, colegiaturas y gastos médicos hasta alcanzar la mayoría de edad o concluir los estudios de licenciatura conforme a la ley. Los anteriores motivos de inconformidad son, por una parte, infundados y, por la otra, fundados pero inoperantes. No le asiste la razón al quejoso cuando afirma que la sentencia carece de exhaustividad y congruencia porque la autoridad responsable no valoró, entre otras pruebas, el convenio de once de abril de dos mil diecinueve, ratificado el trece de agosto del mismo año, que obra dentro del expediente 387/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. En efecto, tal como lo destacó la sala responsable en la resolución reclamada, en los autos del juicio de origen ni en las pruebas que allegó el recurrente, ahora quejoso, en su escrito de apelación, se advierte que obre copia certificada del referido convenio judicial; de ahí que la autoridad responsable no omitió valorar dicha documental y, por ende, es infundado el concepto de violación respectivo. Por otra parte, son fundados pero inoperantes los motivos de disenso relativos a la falta de valoración de las demás pruebas documentales que ofreció el ahora quejoso en su recurso de apelación, consistentes en los comprobantes de pago que amparan diversas cantidades y conceptos, la escritura que demuestra propiedad del inmueble donde afirma que viven sus menores hijos junto con su madre y la carta factura del vehículo que les sirve como medio de transporte. Es cierto, como lo refiere la parte quejosa, que la autoridad responsable omitió el análisis de las pruebas antes descritas, con las cuales el deudor alimentario pretendió demostrar que ha cumplido con la obligación que tiene para con sus hijos y, consecuentemente, la improcedencia de la acción ejercida en su contra por la tercera interesada. Empero, la falta de valoración de dichas pruebas obedeció a que el Ad quem responsable advirtió una violación al procedimiento que ameritó su reposición, consistente en que la juzgadora de primera instancia no recabó oficiosamente -como era su deber- las pruebas que acreditaran, de manera objetiva y fehaciente, el estado de necesidad de los menores de edad G.P.Z y B.P.Z., esto es, a cuánto ascienden los gastos integrales de los acreedores alimentarios. Lo anterior, en virtud de que la A quo resolvió únicamente con base en las constancias expedidas el dos de julio de dos mil diecinueve, por el Instituto Noyola, en la que se informa el grado de estudios de los menores; así como con el dicho de los atestes a preguntas formulada por la representación social de la adscripción, respecto a si saben cuánto ascienden los gastos de manutención de los menores G.P.Z. y B.P.Z., quienes manifestaron que $30,000.00 (treinta mil pesos moneda nacional); medios de prueba que -estimó el tribunal de alzada- son insuficientes para acreditar cuáles son las necesidades reales de los acreedores, con lo que se inobservó el principio de proporcionalidad. Por tanto, aunque fundado, es inoperante el concepto de violación analizado, ya que la falta de análisis de las pruebas que allegó el recurrente ante la responsable encuentra justificación en la violación procesal que advirtió dicho tribunal, lo cual le impidió resolver la cuestión de fondo. Por las mismas razones antes expresadas se debe desestimar el motivo de disenso referente a que la autoridad responsable nada dijo respecto de lo que establece el numeral 54 del Código Civil de Tlaxcala, relacionado con la obligación de ambos padres el proporcionar los alimentos a los menores, pues, como ya se indicó, el tribunal de apelación estaba imposibilitado a emitir un pronunciamiento de fondo. En cuanto al motivo que llevó a la sala responsable a decretar la reposición del procedimiento, este órgano de control constitucional coincide con el tribunal de apelación y, por tanto, no advierte queja deficiente que suplir a favor del deudor alimentario, ya que dicha decisión, lejos de causarle un perjuicio, le beneficia, puesto que, por virtud de dicha reposición, se encontrará en aptitud de comparecer al procedimiento de origen y aportar las pruebas con las que pueda desestimar la acción ejercida en su contra o, bien, acreditar su verdadera capacidad económica o la necesidad real de sus menores hijos, lo cual servirá para que la jueza que deba resolver el asunto cuente con los elementos necesarios para cumplir con el principio de proporcionalidad que rige en los alimentos. Por el momento, tal como lo resolvió la responsable, no es posible resolver la cuestión de fondo, ya que no solo se deben ponderar los argumentos y las pruebas que expuso el recurrente en la apelación, sino que es necesario que la jueza de primera instancia recabe las pruebas que permitan conocer la necesidad de los acreedores alimentarios, lo cual es acorde al interés superior de los menores y conforme con los artículos 4º y 17 constitucionales, en la parte que disponen lo siguiente: "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. (.) Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. (.)." Como se podrá observar, por una parte, tiene rango constitucional el derecho de toda persona a tener alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; derecho que el Estado debe garantizar. Así también, el interés superior de la niñez es un principio que debe ser observado por todas las autoridades, a fin de garantizar de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro de los cuales está el derecho a la alimentación en su sentido más amplio. Por otra parte, las autoridades jurisdiccionales (quienes también están obligadas a observar el principio del interés superior del menor) tienen a su cargo la función de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La obligación de impartir justicia pronta es acorde con la diversa obligación que tienen los tribunales de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Sin embargo, dicha obligación está condicionada a que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. De ahí que este tribunal de amparo coincide con el tribunal de apelación responsable en el sentido de que, para la mejor solución del asunto, es necesario que la jueza de primer grado recabe las pruebas necesarias para conocer, de manera objetiva y fehaciente, el estado de necesidad de los menores de edad G.P.Z y B.P.Z., esto es, a cuánto ascienden los gastos integrales de los acreedores alimentarios. En diverso aspecto, también es infundado el concepto de violación consistente en que la autoridad responsable no tomó en consideración que el juez de primera instancia no requirió las copias certificadas del expediente 387/2019, relativo al juicio de divorcio voluntario, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, donde obra un convenio en el que el quejoso se obligó a proporcionar por concepto de pensión alimenticia la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional) mensuales, así como educación, inscripción, útiles escolares, uniformes, colegiaturas y gastos médicos hasta alcanzar la mayoría de edad o concluir los estudios de licenciatura conforme a la ley. La sala responsable no estaba obligada a ordenar a la jueza de primera instancia que recabara copias certificadas del mencionado juicio de divorcio voluntario, en donde, a decir del quejoso, obra un convenio que celebró con la aquí tercera interesada respecto al monto con el cual el primero de ellos cumpliría con su obligación de proporcionarles alimentos a sus menores hijos. Se afirma lo anterior, en virtud de que el ahora quejoso no acompañó a su escrito de apelación alguna prueba que demostrara la existencia de las actuaciones judiciales en donde dice que obra el mencionado convenio; lo cual este tribunal de amparo corrobora con los tomos de prueba que se formaron con motivo de las copias certificadas del toca de apelación 66/2020 y el expediente 615/2019, relativo a las Diligencias de Alimentos Provisionales, que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado. No se debe soslayar que, conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se debe apreciar tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De tal suerte que si el Tribunal de Segunda Instancia no tuvo a la vista prueba alguna que demostrara que la A quo tenía el deber de recabar también copia certificada del expediente 387/2019, relativo al juicio de divorcio voluntario, donde el quejoso dice que obra un convenio que celebró con la tercera interesada; entonces, la responsable no estaba obligada a reponer el procedimiento también para esos efectos. No obstante lo anterior, con motivo de la reposición del procedimiento que decretó la sala responsable, el aquí quejoso podrá comparecer ante el A quo, a fin de allegar las pruebas que estime pertinentes o, bien, alegar lo que a su derecho convenga, con el objeto de demostrar la existencia y contenido del convenio que obra dentro del expediente 387/2019, relativo al juicio de divorcio voluntario, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Finalmente, en relación a la pensión alimenticia temporal que fijó la sala a favor de los menores, consistente en el 34% (treinta y cuatro por ciento) del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe Gustavo Portillo Sánchez, como trabajador de la empresa denominada "FLOWSERVE", previas las deducciones de ley; la parte quejosa no formuló concepto de violación alguno y este órgano de control constitucional no advierte queja deficiente que suplir a su favor. En relatadas circunstancias, ante lo infundado y fundado pero inoperante de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gustavo Portillo Sánchez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el doce de abril de dos mil veintiuno, que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de abril de dos mil veintiuno. Parte quejosa solicita sobreseimiento fuera de audiencia y girar oficios de cancelación de pensión Agréguese el escrito signado por el quejoso Gustavo Portillo Sánchez, a través del cual en primer término solicita se sobresea el presente asunto al actualizarse una causal de improcedencia consistente en el cambio de situación jurídica, y en por otra parte solicita se gire oficio a la autoridad responsable a fin de que ésta ordene la cancelación del descuento vía nómina que se realiza por concepto de pensión alimenticia. Respecto a la causal de improcedencia En cuanto a la solicitud de la parte promovente en el sentido de sobreseer el presente asunto toda vez que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; dígase al promovente que la referida causa de improcedencia será analizada en la sentencia definitiva que se dicte en el presente juicio de amparo. No ha lugar girar oficios En atención a la solicitud de girar oficios al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, a efecto de que ordene la cancelación del descuento vía nómina que se hace al promovente Gustavo Portillo Sánchez por concepto de pensión alimenticia, dígase que no ha lugar acordar de conformidad su petición, lo anterior toda vez que el referido descuento se hace en cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de apelación 66/2020 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la cual constituye el acto reclamado en el presente asunto, por lo que su procedencia o no será materia de estudio al momento de emitir la sentencia respectiva.

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