Gustavo Pérez Hidalgo
Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
Partes del expediente
- Fiscal del Ministerio Público.- Copainalá, Chiapas.
- Gustavo Pérez Hidalgo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Enrique Calderón Pérez, apoderado legal de Gustavo Pérez Hidalgo; con el que solicita la devolución de la copia certificada de la factura FVC4120 de tres de febrero de dos mil diecisiete. Acuerdo. Atento a su contenido, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar favorablemente su petición; lo anterior, tomando en consideración que el documento que solicita su devolución no lo exhibió en el presente juicio de garantías, ya que si bien es cierto en la papeleta de turno que corre agregada en autos y que adjunta a su libelo de cuenta, se especifica que se exhibieron dos anexos, no obstante, de la certificación secretarial se advierte que únicamente acompañó 1) copia certificada del instrumento notarial número mil ciento ochenta y nueve, volumen nueve, y 2) original de la constancia de siete de septiembre de dos mil veinte, signada por el Fiscal del Ministerio Público Jorge Luis Pérez Ralda; ésta última corre agregada en autos y el instrumento notarial se autorizó su devolución en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte y le fue devuelto el veintidós del presente mes y año, como consta de la razón secretarial de esa propia data. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Ricardo Coutiño Gordillo, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil veinte. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve Enrique Calderón Pérez, apoderado legal de Gustavo Pérez Hidalgo, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con la copia certificada del instrumento notarial número mil ciento ochenta y nueve, volumen nueve, contra actos del Fiscal del Ministerio Público residente en Copainalá, Chiapas, dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Copainalá. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 620/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis integral del escrito de cuenta y de anexos, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, en que el Fiscal del Ministerio Público residente en Copainalá, Chiapas, dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Copainalá, condiciona la entrega del vehículo MARCA NISSAN NP300 FRONTIER LE TM AC 6VEL, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A4HK851041, MOTOR: QR25151199H, COLOR NARANJA IMPERIA, HECHO EN MÉXICO, a que el aquí quejoso se presente en las instalaciones de la autoridad responsable y exhiba la documentación que acredite la propiedad del vehículo automotor descrito. En esas condiciones, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [...]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos citados se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esto es, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo y de la constancia de siete de septiembre de dos mil veinte, que en original anexa, a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama el siete de septiembre de dos mil veinte. Se dice lo anterior, pues de dicha constancia se advierte que el Fiscal del Ministerio Público residente en Copainalá, Chiapas, dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Copainalá, le hizo del conocimiento que en atención al escrito de esa misma fecha, el aquí quejoso debería comparecer en las instalaciones de esa representación social en calidad de propietario del citado vehículo, a efecto de exhibir el original de la factura que acredite la propiedad del automotor en comento, reservándose dar a conocer los actos de investigación dentro del registro de atención 00157-021-0412-2020; contrario a lo manifestado en el punto III del capítulo de antecedentes del acto, en el que alude fue notificado el siete de octubre de esta anualidad. En este contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con él. En ese sentido, el acto reclamado por la quejosa no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se dice lo anterior, pues del análisis íntegro de la constancia exhibida en original, se advierte que el siete de septiembre de dos mil veinte, el Fiscal del Ministerio Público residente en Copainalá, Chiapas, dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Copainalá responsable, le notificó al promovente el acto que aquí reclama; por ello, es inconcuso, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto 17, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es inconcuso que el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió en exceso; lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa presentó la demanda hasta el veintisiete de este propio mes y año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es decir fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación como refuerzo a la argumentación contenida en este proveído la tesis: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." (Sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del tomo XI, correspondiente al mes de junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación). Desechamiento. Ante tales circunstancias motivan la actualización de la causal de improcedencia advertida, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, ante la presentación en forma extemporánea de la demanda de amparo y por ende, ante el consentimiento tácito del acto reclamado, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el numeral 113 de la ley en cita. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en segunda oriente norte número 1358, Barrio La Pimienta, en esta ciudad. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Efrén Neptaly Alfaro Aguilar, y para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a Julio César Gómez Ruiz. Habilitación actuarial. En términos del precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Notificación electrónica. En virtud de lo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario judicial de la adscripción realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo vía electrónica, aun las de carácter personal. Consulta de expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza la consulta en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es enrique0531, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Vinculación de usuario. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Ricardo Coutiño Gordillo, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
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