Gustavo Pérez Gómez
Expediente 1276/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Gustavo Pérez Gómez
- Gustavo Pérez Gómez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Colima, Colima, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de ocho del actual. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con párrafo segundo del artículo 28 del referido acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Juez y Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, remiten el escrito suscrito por el quejoso Gustavo Pérez Gómez, a través del cual cumple con la prevención realizada por auto de radicación. Separación de juicios. Del análisis del escrito de demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: A la Mesa Sexta (sic): la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021, del Sistema Tradicional, que refirió le fue notificada el tres de marzo de dos mil veintitrés. A la Mesa Cuarta de Investigación: la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV4-244/2021, que manifestó le fue enterrada el quince de marzo de dos mil veintidós. A la Mesa Cuarta de Investigación: la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV4-877/2022, que señala le fue notificada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente, en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a juicios diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. De lo que se colige que, para que sea procedente la separación de juicios, es requisito indispensable que en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí, de lo contrario habrán de resolverse en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, Página: 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." En el caso, se encuentra acreditado que la quejosa reclama a la Mesa Sexta la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021; mientras que a la Mesa Cuarta de Investigación, las determinaciones de no ejercicio de la acción penal dictadas en las carpetas de investigación NSJP/COL/CI/INV4-244/2021 y NSJP/COL/CI/INV4-877/2022. Por tanto, son actos desvinculados entre sí, por lo que en esas circunstancias, se debe de dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera separada y con el fin de que no se fallen en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a la separación de juicios, los cuales se harán en dos juicios. El primero y el cual se analizará en el presente juicio, es el reclamado a la Mesa Sexta, consistente en la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021, del Sistema Tradicional, que refiere el quejoso le fue notificada el tres de marzo de dos mil veintitrés. Respecto del segundo y tercer actos, para el debido cumplimiento de lo antes resuelto, remítanse copias fotostáticas certificadas de la demanda de amparo, con transcripción de este proveído, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a fin de que sean debidamente returnadas las demandas, en las que tendrá como acto reclamado las determinaciones de no ejercicio de la acción penal dictadas en las carpetas de investigación NSJP/COL/CI/INV4-244/2021 y NSJP/COL/CI/INV4-877/2022, que atribuye a la Mesa Cuarta de Investigación, respectivamente. Cobra vigencia a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia P./J. 78/97, visible en la página 117, del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Consideraciones previas. Como quedó precisado en párrafos anteriores, el acto reclamado que se analizará en el presente juicio, es el que atribuye a la Mesa Sexta, consistente en la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021, del Sistema Tradicional, que refiere el quejoso le fue notificada el tres de marzo de dos mil veintitrés. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, respecto del acto reclamado que se hace consistir en la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021, del Sistema Tradicional, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Sobre el tema se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el referido acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, debido a que se reclama la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021; de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la ley se computan a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Al respecto, el promovente del amparo, en su demanda señala que fue el tres de marzo de dos mil veintitrés, cuando le fue notificada la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021. . Entonces, el supuesto para computar el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso b), esto es, quince días a partir de que el quejoso tenga conocimiento del acto impugnado, conforme a la ley que lo regula; por lo que, la notificación surtió efectos al día hábil siguiente de conformidad con el artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Por lo tanto, es inconcuso que la parte quejosa con relación determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021, que refiere le fue notificada tres de marzo de dos mil veintitrés, se encontraba en posibilidad desde esa fecha de promover el juicio de amparo, pues no existe circunstancia que justifique el impedimento para así hacerlo. Entonces, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo transcurrió del siete al veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Ahora, la demanda de amparo se presentó el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, pues así se advierte de la boleta con folio electrónico 5763577, generada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia, pues, se reitera que, desde que le fue notificada la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021, el tres de marzo de dos mil veintitrés; por lo que, el último día para promover su demanda en el plazo establecido por la Ley de Amparo fue el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dado que fueron inhábiles los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de marzo, así como el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en términos del precepto 19 de la ley de la materia. En consecuencia, la promoción de la demanda resultó extemporánea, lo que implica que el quejoso consintió tácitamente la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa A.P. 02/2021. Es aplicable la tesis VIII.2o. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, página 652, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR EXTEMPORÁNEA CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN A PARTIR DE UNA PRIMERA NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO SE HAYA PRACTICADO OTRA POSTERIOR. Cuando se desprenda de autos que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa siguiendo los lineamientos que al efecto establezca la ley adjetiva aplicable, y luego, motu proprio, el actuario respectivo realiza otra notificación, debe desecharse por extemporánea la demanda de amparo que se intenta, si su presentación se realiza fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado tal plazo a partir de la primera notificación puesto que, mientras no se declare su nulidad, surte sus efectos y es desde ese momento cuando empieza a correr el citado término." De este modo, es evidente que si no se instó en tiempo la demanda de amparo contra la resolución que el promovente pretendía combatir, pese a que no había ningún obstáculo que se lo impidiera para acudir ante los órganos constitucionales competentes, ello solo se traduce en una conducta que es atribuible a su persona, por lo que ahora debe soportar las consecuencias inherentes a su pasividad. En ese contexto, es innegable que desde el tres de marzo de dos mil veintitrés, la parte quejosa ostentaba la posibilidad de promover la demanda de amparo; por tanto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También resultan de aplicación al caso, las tesis de jurisprudencia 13 y 14, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, la página 11, que establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativos, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual forma, ilustra lo anterior la tesis siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." Por otra parte, es dable establecer que no se actualiza alguna de las causas de excepción de las establecidas en las fracciones previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo, ya que no se reclaman disposiciones legales a partir de su entrada en vigencia, de igual forma, no reclama algún acto que tienda a privar o 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ef.52 AUDEL ARNOLDO HERNANDEZ SOLIS molestar en la vida o libertad de la parte quejosa, o en su caso algún otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, menos el acto que reclama es de naturaleza agraria. De ahí que debe circunscribirse al término genérico de quince días establecido en el citado arábigo para la presentación de la demanda de garantías. En las relatadas condiciones, se materializan las hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 18, de la Ley de Amparo, y, como corolario de esto, la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente; por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto analizado. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualicen las causales de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronuncamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Reanudación de labores.De la certificación que antecede se advierte que mediante aviso de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábil el día diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito.Asimismo, mediante circulares SGP/02/2023 y SGP/04/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, en atención al oficio remitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que en asamblea extraordinaria urgente tomó la decisión de realizar el paro nacional de labores en toda la república a partir del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, ante ello, las personas titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, tomaron la decisión de declarar inhábiles dichos días y, en consecuencia, suspender labores, términos y plazos procesales, por lo que, se estableció que sólo se atenderían casos urgentes en los órganos del poder judicial de la federación, entre los que se encuentran los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccional, sin que el presente asunto actualice alguna de dichas hipótesis jurídicas señaladas.Ahora, mediante circular 29/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a los comunicados firmados por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en los que informó que tomó la decisión de prolongar el paro nacional hasta el próximo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se retomaron de manera regular las actividades laborales en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, a partir de este lunes treinta de octubre, en la que se señaló que los titulares podrían declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la federación para atender casos urgentes en términos de las recientes circulares SGP/02/2023 y 28/2023. Por lo que, mediante aviso de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábiles los días veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito. Recepción de la demanda.emanda de amparo promovida por **contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuarta de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado de Colima y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, primer párrafo, 17 párrafo primero, 20 apartados c) fracción VII, 21 primer párrafo, 108, 109 fracción II, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1276/2023-II. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis del escrito de demanda se desprende que **, comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuarta de Investigación dependientes de la Fiscalía General del Estado de Colima, Vicefiscal de Procedimientos Penales y Fiscal General del Estado de Colima, a quienes reclama la determinación de no ejercicio de la acción penal.Sin embargo, en la fracción V, relativa a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se advierte la presentación de tres denuncias distintas, en las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, y que se identifican como: La presentada el diecisiete de junio de dos mil trece, por el delito de fraude y falsificación y uso de documento falsóen contra de**. ? La presentada el diez de marzo de dos mil veintiuno, por el delito de abogados, defensores y litigantes y calumnias, en contra de su abogado defensor, radicada con el número de carpeta de investigación NSJP/COL/CIINV4-244/2021; y, ? La presentada por el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad judicial en contra de **.Sin embargo, no refiere cuándo le fueron notificadas dichas determinaciones ministeriales, además que, respecto a la primera y tercera de las denuncias no refiere el número de la carpeta de investigación con las que se radicaron las mismas. Por otra parte, en el apartado del tercero interesado, señala únicamente con tal carácter a ** de quien si bien, refiere su domicilio para ser emplazado, es omiso en señalar el domicilio de** en términos del artículo 5, fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo.Finalmente, en la fracción I, de la demanda de amparo, se advierte que comparecen como quejosos** sin embargo, la demanda únicamente fue firmada por el primero.Por tanto, la demanda de amparo debe ser aclarado. Prevención En consecuencia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I, II y V, y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con lo siguiente: i. Bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar los antecedentes del acto reclamado, es decir, tendrá que manifestar los números de carpetas de investigación que se radicaron con motivo de las tres denuncias que refiere presentó, así como la fecha en que le fueron notificadas las determinaciones de no ejercicio de la acción penal de cada una de ellas. ii. Proporcione el nombre y domicilio de los indiciados, en las tres denuncias que presentó, con el objeto de ordenar su emplazamiento al presente juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo. iii. Refiera si la demanda de amparo la promueve únicamente por su propio derecho o bien en representación de **, y del ser el caso, exhiba el documento idóneo y legible con el que acredite dicha personalidad. Asimismo, la aclaración la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES N LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia. Al respecto, se invoca la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, del Pleno Suprema Corte de Justicia del Nación, Quinta Época, página 102, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, demás le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional, analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Centenario, número 56-b, colonia Centro, de Colima. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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