Gustavo Paúl Reyes Rosete o Paúl Reyes Rosete y Otros.

Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
596/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Paúl Reyes Rosete o Paúl Reyes Rosete y Otros.
  • E.P. R. G. a través de Gustavo Paúl o Paúl Reyes Rosete y Otros.
  • Gustavo Paúl Reyes Rosete o Paúl Reyes Rosete

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 596/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa firmeza. Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, advirtiéndose que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** o ********************, por propio derecho y en representación de los menores a) ******************** y b) ********************, contra actos del director del Centro de Reinserción Social número cuatro, en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca y de otras autoridades, del que quedó notificado el veintiocho de junio siguiente, por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de junio al seis de julio del año en curso, sin que dicho quejoso hubiere interpuesto ese medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO la referida determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución relativa haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo y destino del expediente. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese este expediente como definitivamente concluido; y, conforme con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, vigente en términos del artículo noveno transitorio del referido acuerdo general, al haberse dictado auto que desecha la demanda de amparo, sin que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, este expediente es DESTRUIBLE; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contado a partir de la fecha en que se emite este acuerdo, una vez cumplido ese plazo, se procederá a su destrucción, y el acta de baja documental se remitirá dentro de los treinta días naturales siguientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 5. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la demanda copia de diversas constancias con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicha documental, en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos de lunes a viernes hábiles, con identificación oficial vigente con fotografía y copia para ser agregada al expediente; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida, sin previo acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. PRAL 596/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa firmeza. Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, advirtiéndose que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** o ********************, por propio derecho y en representación de los menores a) ******************** y b) ********************, contra actos del director del Centro de Reinserción Social número cuatro, en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca y de otras autoridades, del que quedó notificado el veintiocho de junio siguiente, por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de junio al seis de julio del año en curso, sin que dicho quejoso hubiere interpuesto ese medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO la referida determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución relativa haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo y destino del expediente. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese este expediente como definitivamente concluido; y, conforme con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, vigente en términos del artículo noveno transitorio del referido acuerdo general, al haberse dictado auto que desecha la demanda de amparo, sin que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, este expediente es DESTRUIBLE; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contado a partir de la fecha en que se emite este acuerdo, una vez cumplido ese plazo, se procederá a su destrucción, y el acta de baja documental se remitirá dentro de los treinta días naturales siguientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 5. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la demanda copia de diversas constancias con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicha documental, en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos de lunes a viernes hábiles, con identificación oficial vigente con fotografía y copia para ser agregada al expediente; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida, sin previo acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Notificación previo aviso. P 596/2023, mesa 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de los menores a) ********************y b)********************, contra actos del director del Centro de Reinserción Social número ********************, en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, y de otras autoridades, contra actos del director del Centro de Reinserción Social número ********************, en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, y de otras autoridades, presentada el diecinueve de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio y turnada el veinte de junio siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el número ********************. 2. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Acto reclamado. La parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables: - La orden de traslado ejecutada el ********************, del Centro de Reinserción Social número ********************, con residencia en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, al Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Que atribuye a las autoridades: a) Director del Centro de Reinserción Social número ********************, en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. b) Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. -El cumplimiento y ejecución material de esa orden de traslado. Reclamada al: c) Jefe de personal de traslados del Centro de Reinserción Social número ********************, en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. d) Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca. Y en los conceptos de violación dice el quejoso que, como consecuencia de esos actos reclamados, se ha violado el derecho a la convivencia con sus menores hijos. Antecedentes del asunto. La parte quejosa refiere, bajo protesta de decir verdad, que: 1. Con fecha ******************** fue internado en el reclusorio número ******************** de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, como presunto responsable por el delito de ********************, en agravio de la persona quien en vida respondió al nombre de ******************** y ********************, en agravio de ********************, en la causa penal ********************, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca. 2. El ******************** año feneció la ampliación del término constitucional concedido y se dictó auto de formal prisión en el expediente ********************. 3. Con fecha ******************** fue informado por varios oficiales de seguridad penitenciaria que lo trasladarían al reclusorio de Tanivet. 4. Que no se le ha notificado por autoridad competente orden o motivo de traslado, ni existe orden, mandamiento legal, o motivo justificado por alguna autoridad competente por el cual lo trasladaron al reclusorio varonil de Tanivet, Oaxaca. Causal de improcedencia. Así planteada la demanda de amparo, se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - --- ...". Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación, y que encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio; como así lo ilustra el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia de datos de localización, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2023736 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II Página 1513 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". Y en la ejecutoria que le dio origen a esa jurisprudencia, señaló la Primera Sala lo siguiente: ". 37. Previo a promover juicio de amparo indirecto en contra de una posible orden de traslado de un centro penitenciario a otro ¿debe agotarse el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal? C) Traslados y los recursos previstos en su contra 70. Se procede ahora a verificar los tipos de traslados que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal y que son: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes (sin previa audiencia). 71. Importa destacar que como traslado se entiende al mecanismo mediante el cual los individuos que se encuentran privados de la libertad, ya sea por la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o por haber sido sentenciados a una pena privativa de la libertad, son llevados de un lugar (de origen) a otro (de destino). 72. Como dijimos, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece tres tipos de traslados:  i. Voluntario.  ii. Involuntario.  iii. Urgentes, sin previa audiencia. 73. Los traslados voluntarios (i) son aquellas reubicaciones de un centro penitenciario a otro, cuando la persona privada de la libertad, con la asistencia de un defensor, manifiesta su interés en ser trasladada, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos constitucionales y legales para su autorización.(30) 74. Los traslados involuntarios (ii), son aquellos en los que no hay intención de la persona privada de la libertad de ser trasladada y son instaurados por la autoridad penitenciaria ante un Juez de Ejecución o de Control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación.(31) 75. Finalmente, el traslado urgente o excepcional (iii), se emite por medio de resolución administrativa, sin autorización judicial previa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley. 76. Entonces, por regla general, todo el actuar de la autoridad administrativa en temas de traslados debe ser controlado por una autoridad judicial; sin embargo, el legislador tuvo presente que pudieran existir casos en los que razonable y justificadamente la autoridad administrativa necesite ejecutar un traslado, sin que por las circunstancias fácticas le fuera posible acudir ante un Juez de Ejecución para su autorización, para esos supuestos la Ley Nacional le dio una facultad extraordinaria para justificar el ejecutar un traslado sin intervención judicial. Facultad extraordinaria que no es ilimitada, pues sólo opera para los casos previstos en el artículo 52 de la Ley Nacional, pero que también necesitan de la revisión de la autoridad judicial (control posterior con el recurso de apelación o controversia judicial). 77. En los casos que resolvieron los Tribunales Colegiados contendientes, se advierte que las partes quejosas reclamaron una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a una autoridad administrativa.(32) Esa información permite inferir que se trata de traslados de tipo urgente o excepcional, regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 52. Lo transcribe . 79. Respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida, el recurso de apelación y la controversia judicial, cuya procedencia depende del actuar de la Jueza o Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que ha sido notificada de que por una cuestión urgente o excepcional de las previstas, se ejecutó un traslado tendrá cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que califique la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. 80. Si la autoridad judicial no se pronuncia sobre la legalidad del traslado en el término fijado, será procedente la controversia judicial. .  Excepción al principio de definitividad 103. El traslado urgente o excepcional, en los supuestos descritos en la ley, se le debe considerar como un acto dictado dentro del procedimiento, ya que su emisión a cargo de las autoridades administrativas se encuentra regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al efecto, también se prevé a la controversia judicial como medio de defensa específico para impugnarlo, de manera que en los casos indicados, ya no se actualiza una afectación adicional a la libertad personal del interno fuera del procedimiento. 104. Bajo esa lógica, a cualquier orden de traslado que se emita sin control judicial previo, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, y porque la persona privada de la libertad ya no se queda sin defensa, al disponer de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de la actuación de las autoridades tanto administrativa como judicial. 111. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. . 120. Por las mismas razones, esta Primera Sala también se aparta del criterio emitido en la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), que lleva por título: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA."; ello, en función de la regulación que actualmente establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a la cual, la orden de traslado emitida por autoridad administrativa sin autorización judicial previa, constituye un acto dictado dentro del procedimiento; y por tanto, ya no se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo,(48) que precisa que la suspensión se concederá de oficio y de plano, cuando el acto reclamado importe un ataque a la libertad personal fuera del procedimiento.(49) 121. Además, porque en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, que como quedó precisado, se debe agotar antes de acudir al juicio de amparo indirecto; por lo que resulta insalvable que habiendo cumplimentado lo anterior, si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, ya no podrán concederse la suspensión de oficio y de plano, sino que tendrá que sujetarse al plazo y reglas de la suspensión del acto reclamado que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Razón por la que el citado criterio jurisprudencial, también debe estimarse superado en virtud de la nueva regulación que opera respecto de la orden de traslado que se emite sin control judicial previo. 122. Así, esta Primera Sala estima que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es que cuando una persona privada de la libertad reclame en amparo la posible orden de traslado de un centro penitenciario a otro, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control (controversia judicial) previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal". Así, cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo, sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de Control o de Ejecución de Sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales, pues ese medio de defensa legal tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la orden de traslado. En el caso, la parte quejosa señala como autoridad responsable al director del Centro de Reinserción Social número ********************, en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, y al subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, del que reclama la orden de traslado ejecutada el ********************, del Centro de Reinserción Social número ********************, con residencia en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, al Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. De ahí que, conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del traslado atribuido a las autoridades administrativas señaladas como responsables, con lo que dice no es posible la convivencia con los menores, la parte quejosa debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la controversia judicial, pues el traslado ya no actualiza una afectación adicional a la libertad personal del interno, fuera de procedimiento; es un acto suspendible de forma inmediata por parte de la autoridad común y por sí mismo no constituye una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las específicas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos y plazos precisos, con el fin de que la autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Ante ello, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA, DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo de que se trata. 3. Domiclio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su demanda. 4. Consulta expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 16, 19, 35, 36, 38 y 40 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico ******************** a través del usuario "********************". En el entendido de que, el acceso que se le otorga a esa parte para la consulta del expediente electrónico, no implica permiso alguno para la notificación electrónica de autos, por lo que el usuario podrá consultar los acuerdos y constancias relativas, con posterioridad a que se haya practicado la notificación respectiva. 5. Autorizados. Se tiene como autorizado con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, de quien se encontró el registro ******************** de la cédula profesional número ******************** a su nombre, en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof. Respecto de las demás personas que menciona, se les tiene por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, como lo establece el numeral 24 de la referida legislación, por solicitarlo expresamente la parte quejosa en esos términos. 6. Medio de comunicación no procesal. Téngase a dicha parte procesal proporcionando el correo electrónico y número telefónico que se tienen como medios de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que adicionó el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se hace del conocimiento de la parte quejosa que este asunto se integra a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 9/2016 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Devolución de documentales. Vistos los autos, se advierte que en acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete se declaró cumplida la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; asimismo, en esa fecha se ordenó el archivo de este expediente; por tanto, resulta innecesaria la permanencia de las documentales exhibidas por la parte quejosa. Por ello, tomando en consideración que se encuentran glosadas en este expediente las documentales consistentes en acuses originales de 1) veintiocho de mayo de dos mil quince, 2) dieciocho de mayo de dos mil quince, 3) dos acuses de siete de septiembre de dos mil dieciséis, 4) tres de febrero de dos mil dieciséis y de 5) veintiuno de mayo de dos mil quince. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las referidas documentales, previa foja de sustitución que se deje en autos. Apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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