Gustavo Osio Flores

Expediente 1678/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1678/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Osio Flores

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DICTADO EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que se procede a emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo. Antecedentes. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Leopoldo Torres Muñoz, en contra de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, para el efecto de que: Efectos del fallo protector. "Sexto. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, aquí reclamada. 2. Reponga el procedimiento en la carpeta de ejecución 1202/2022, para efectos de requerir al Director del Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, el informe respecto a los procedimientos disciplinarios del aquí quejoso durante su estancia en dicho centro de reclusión. 3. Una vez que obre la documentación aludida en la carpeta de ejecución, deberá citar a las partes a una audiencia para que se realicen los planteamientos correspondientes y, con libertad de jurisdicción, dictará la resolución que en derecho proceda..." Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve junio de este año, por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector a la responsable. Actos relativos al cumplimiento. En cumplimiento a dicho fallo, por oficios recibidos el doce y diecisiete de julio, veinticuatro y veinticinco de agosto, así como, el ocho y once de septiembre todos de este año, la autoridad de mérito informó que dejó insubsistente la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de ejecución 1202/2022, de su índice, y ordenó requerir al Director del Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, a efecto le remitieran el informe respecto a los procedimientos disciplinarios del aquí quejoso durante su estancia en dicho centro de reclusión, por lo que una vez recabada la información solicitada, determino en audiencia de dieciocho de agosto de este año, fundada la facultad para ejecutar la pena de sanción pecuniaria, específicamente de multa, consistente en la cantidad de $70.10 (setenta pesos con 10/100 moneda nacional), así como se concedió al aquí quejoso el beneficio de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, por lo que ordenó en esa misma fecha su inmediata libertad única y exclusivamente por lo que hace a la causa penal 301/2016, de lo cual remitió copia de las constancias relativas, documentales que adquieren pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa. Calificación de los actos relativos al cumplimiento del fallo Con motivo del dictado en el fallo protector, la autoridad responsable dio cumplimento al fallo protector, en razón a que el once de septiembre todos de este año, informó el total cumplimiento a la sentencia de amparo dejando insubsistente la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de ejecución 1202/2022, de su índice, requirió al Director del Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California los informes correspondientes, y dictó una nueva resolución en audiencia de dieciocho de agosto de este año, en la que con libertad de jurisdicción, concedió al aquí quejoso el beneficio solicitado y ordenó su inmediata libertad. En ese tenor, se advierte que en el presente caso, el cumplimiento del fallo protector que nos ocupa se estima cumplido. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia. En tales condiciones, háganse las anotaciones en los registros correspondientes de este órgano jurisdiccional, conforme a los datos siguientes: Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento 18/08/2023 11/09/2023 21/09/2023 Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, contra actos de la Juez Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el control electrónico que corresponda, bajo número 1678/2023-IV. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo; en el entendido de que no se formará físicamente el duplicado del incidente en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Ahora, toda vez que el licenciado ********************, promueve la demanda de amparo con la personalidad que aduce tener reconocida a favor del quejoso dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita la certificación correspondiente a fin de conocer si el promovente, en efecto, cuenta con el carácter de defensor de ******************** y si a la fecha sigue ostentándolo, a fin de proveer lo conducente en términos del citado numeral; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237 fracción I y 259 de la ley de la materia. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable, para que informe por oficio por separado, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, la representación de la Fiscalía General del Estado, que actúa dentro de la causa penal ********************, del índice, además, si en su caso por razón al delito que se sigue obra en autos el nombre completo de la víctima u ofendido, así como el domicilio de éste; lo anterior, a efecto de reconocerles el carácter de terceros interesados y ordenar su emplazamiento al presente juicio de amparo, en el entendido que en caso de ser necesario, se ordenará formar el cuadernillo por cuerda separada, con las constancias relativas a la información personal de la parte tercero interesada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 40 de la Ley General de Víctimas. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberá hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ******************** cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no así, ********************y ********************, a quienes se les tiene únicamente en términos del numeral 24 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones. Asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda. Por otra parte, se le tiene proporcionando la cuenta de correo electrónico que señala en su ocurso, lo que deberá ser tomado en consideración para, en su caso, establecer comunicación y facilitar el procedimiento de notificación. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que, de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario "********************", correspondiente a ********************, en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se acuerda favorablemente la consulta del expediente electrónico. En consecuencia, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de práctica de notificaciones electrónicas. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple de la demanda de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1678/2023-IV, que promueve ********************, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, contra actos de la Juez Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, indicando categóricamente si son ciertos o no los actos reclamados. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, el oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, del escrito inicial de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: "(.) ACTO RECLAMADO. - LA RESOLUCIÓN DE FECHA 21 de noviembre del año 2023 dictada mediante escrito, a través del cual niega el acceso efectivo a mi representado a un recurso judicial efectivo para efecto de revocar, sustituir o modificar la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en contra de mi representado en fecha 25 DE OCTUBRE de 2023, resolución de 21 de noviembre del año 2023 dictada a razón de la solicitud de la defensa de que en términos del artículo 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales señalará la fecha dentro del plazo de 48 horas para debatir la insubsistencia de las circunstancias que dieran pauta para que en aquel entonces dictara la prisión preventiva oficiosa, LO QUE IMPLICA UNA NEGATIVA A MODIFICAR LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA IMPUESTA EN CONTRA DE MI REPRESENTADO.[.]." Sic. Asimismo se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados para los efectos que a continuación se transcriben: ".De conformidad con lo establecido por los artículos 125,128,129,130,132,133,134,135,136,154,156 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, solicito la suspensión del acto reclamado con efectos anticipatorios , PARA EFECTO DE QUE SE ORDENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONVOCAR A UNA AUDIENCIA DENTRO DE UN PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS, EN LA QUE PRESCINDA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA RECLAMADA EN EL JUICIO DE AMPARO Y PODRÁ IMPONER UNA DIVERSA, PREVIO CONTRADICTORIO ENTRE LAS PARTES. [.]" (sic) Por tanto, toda vez que el acto reclamado consiste en la determinación por parte de la autoridad responsable de no modificar la media cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su perjuicio; ello, en la determinación de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en autos de la causa penal ********************, deberá concederse la suspensión solicitada, con base en las siguientes consideraciones. Al respecto, es preciso mencionar que los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, señalan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para su concesión, es decir, que sea solicitada por éste, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, para lo cual, deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En ese sentido, la parte quejosa solicitó en su escrito inicial de demanda la suspensión del acto reclamado, consistente en la determinación de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, que desechó de plano la solicitud por parte de la defensa del quejoso, para la celebración de una audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en perjuicio de ******************** en la causa penal ******************** del índice de la responsable, con lo cual se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, el requisito establecido en la fracción II del artículo 128, en relación con el numeral 18 de la Ley de Amparo, también se encuentra satisfecho, toda vez que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social y no se contravienen disposiciones de orden público. También, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 1º., Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo 19 constitucional, establece la posibilidad de restringir la libertad personal en un procedimiento del orden penal, derivado de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea de manera oficiosa o justificada. Además, la imposición de la prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, procede en casos específicos. Por tanto, si el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del quejoso que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, bajo esa relevancia constitucional se interpreta el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo. Es decir, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Por tal motivo, a efecto de generar que el sistema de medidas cautelares en el juicio de amparo sea efectivo, el legislador dispuso en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha denominado la "suspensión con efectos restitutorios". Lo anterior es así, pues el legislador dispuso que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el Juez de Amparo ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese sentido, el órgano de control constitucional tiene la obligación de analizar la naturaleza del acto reclamado y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado hasta en tanto se dicte sentencia; sin embargo, para que ello acontezca, debe analizarse la apariencia del buen derecho. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han definido la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, así como la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho. En el presente caso, se estima que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se encuentran acreditados para efectos de conceder la suspensión solicitada; lo anterior, porque de un análisis del acto reclamado y a manera de probabilidad, se puede advertir que, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, vulnera derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que actualiza la figura jurídica indicada y, como consecuencia, sea procedente conceder la medida cautelar solicitada con efectos restitutorios. Lo que tiene sustento en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser acatadas por los jueces mexicanos para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas. En efecto, debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -el siete de noviembre de dos mil veintidós-, dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en la que consideró que el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales -de mil novecientos noventa y nueve-, el cual establece la prisión preventiva y que fue aplicado en el caso, no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, a los peligros procesales que buscaría evitar, tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, estimó que el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Por ello, consideró que el Estado Mexicano vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención en relación al derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente -artículo 7.3-, al control judicial de la privación de la libertad -artículo 7.5-, y a la presunción de inocencia -artículo 8.2-, en perjuicio de las víctimas. Finalmente concluyó que al aplicar figuras que per se, son contrarias a la Convención, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas, incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. Asimismo, en la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otro vs. México, indicó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y el numeral 19 de la Constitución, eran contrarios a la convención. Además, sostuvo que esas normas no mencionan las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría evitar, tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. También señaló que en ambas disposiciones legales, se limita el rol del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por lo que la Corte consideró que esas normas contenían cláusulas que resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, tales como el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente -artículo 7.3-, al control judicial de la privación de la libertad -artículo 7.5-, a la presunción de inocencia -artículo 8.2-, y a la igualdad y no discriminación -artículo 24-. Con motivo de lo anterior, concluyó que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas. Finalmente, la Corte afirmó que al aplicar figuras que son contrarias a la Convención y al mantener a las víctimas en prisión preventiva, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de las víctimas, incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. De las anteriores sentencias se concluye que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan elementos para formular cargos o llevar a juicio a una persona, además, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida a proceso pudo haber participado en su comisión. b) Que la finalidad sea compatible con la Convención, es decir, procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia y que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales respecto de tal fin; y, c) Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta o no a las condiciones señaladas. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta o no a las condiciones señaladas, será arbitraria y, por tanto, vulnerará el artículo 7.3. Criterio que resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional, tal como reiteró la referida Corte Interamericana en el punto 303 de la sentencia del caso García Rodríguez y otro que establece: "303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." En ese sentido, de conformidad con lo establecido en las sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este órgano jurisdiccional estima que la figura de la prisión preventiva oficiosa no es acorde a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano y, por ende, es inconvencional; lo que genera que su aplicación vulnere los derechos fundamentales del quejoso. Por todo lo anterior, al estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Juez Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos la determinación emitida el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en que desechó de plano la solicitud por parte del quejoso, para la celebración de una audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en perjuicio de ******************** en la causa penal ******************** de su índice. b) Señale fecha y hora -dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas-, para el desahogo de una audiencia -con intervención de las partes-, en la que deberá declarar improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto anteriormente. c) Una vez hecho lo anterior, abra el debate entre las partes, para el análisis de la solicitud de medidas cautelares a imponerse a la parte quejosa, en la que, con libertad de jurisdicción, deberá imponer la que considere más idónea y pertinente. Con la limitante que no puede imponer la de prisión preventiva oficiosa. Suspensión que surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados. Lo anterior tiene sustento en lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, al establecer en la contradicción de criterios 40/2023 -la cual se encuentra pendiente de publicación-, que es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ello derivado de lo resuelto en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y vs. México y García Rodríguez y otro vs. México, en las que, entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida, al actualizarse la apariencia del buen derecho. Lo que constituye un precedente de observancia obligatoria de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 217 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ******************** cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no así, ********************y ********************, a quienes se les tiene únicamente en términos del numeral 24 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones. Asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda. Por otra parte, se le tiene proporcionando la cuenta de correo electrónico que señala en su ocurso, lo que deberá ser tomado en consideración para, en su caso, establecer comunicación y facilitar el procedimiento de notificación. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que, de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario "********************", correspondiente a ********************, en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se acuerda favorablemente la consulta del expediente electrónico. En consecuencia, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de práctica de notificaciones electrónicas. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm

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