Gustavo Nieto Ramirez
Expediente 1080/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Gustavo Nieto Ramirez
Actuaciones
- Principal
Ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Juez Administrativo en Cadereyta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1080/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura del acto reclamado y conceptos de violación vertidos en el escrito de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama esencialmente de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: a) "Del SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, se reclama e impugna la resolución emitida por el citado y a la cual le correspondió el número de oficio SFPM/023/2018, misma que me fue notificada en fecha 17 diecisiete de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho." b) "Del JUEZ ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO a quien hoy se le atribuye e (sic) carácter Autoridad Responsable Ordenadora se reclama el haber ordenado la resolución emitida por el SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO mediante oficio SFPM/0123/2018; así como el acto de haber emitido el acuerdo dictado dentro del expediente de Juicio de Nulidad 442/2017/C de fecha 27 veintisiete de agosto de 2018 y que me fuera notificado en fecha 29 veintinueve de agosto de 2018." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el caso, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional advierte la existencia de un motivo que involucra su improcedencia. En efecto, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos humanos, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Ahora bien, para demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio es conveniente precisar lo siguiente: que el acto reclamado en el presente juicio de amparo y el cual fue precisado en el inciso a), lo constituye "la resolución emitida por el Secretario de Finanzas Públicas Municipales del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, a la cual le correspondió el número de oficio SFPM/023/2018, misma que me fue notificada en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se estableció que se emitió en estricto acatamiento a la sentencia de doce de abril de dos mil dieciocho, dictada por el H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en la que se estableció: "PRIMERO. Se confirma la legalidad del citatorio de fecha 23 de agosto de 2016 y del acta de notificación de fecha 24 de agosto de 2016, relativas a la resolución determinante del Crédito Fiscal folio 30001/2016 de fecha 22 de agosto de 2016e, emitido por esta Secretaria, en cantidad total de $******, por concepto de impuesto predial, multa, actualizaciones y recargos correspondientes al periodo comprendido del quinto bimestre del año 2011 al tercer bimestre del año 2016. SEGUNDO. Se confirma la legalidad de la resolución determinante del crédito fiscal folio 30001/2016, emitido por esta Secretaría en cantidad de $*****, por concepto de impuesto predial, multa, actualizaciones y recargos correspondientes al periodo comprendido del quinto bimestre del año 2011 al tercer bimestre del año 2016, por encontrarse debidamente fundada y motivada. TERCERO. Se confirma la legalidad del requerimiento de pago y de embargo, ambos de fecha 28 de septiembre de 2016, así como la notificación del avalúo de fecha 01 de febrero de 2017 y del propio avalúo con folio número A ****, de fecha 30 de enero de 2017, emitido por el Ing. ******." Bajo ese contexto, se concluye que la quejosa omitió observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que debió instar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en cuya instancia puede demostrar la ilegalidad del referido acto administrativo, previo a la interposición del juicio de amparo. La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro resolverá las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales. Conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía. Tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa en los que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa, así como de aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en resoluciones administrativas, emitidas por autoridades competentes. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Querétaro, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local. Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses de la ahora parte quejosa. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlo, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto impugnado en sede de amparo carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. No obsta a lo considerado, que el texto del artículo y fracciones en que se sustenta la causa de improcedencia, consagra que esto resultará así, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo; ya que los que exige la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para proceder a la suspensión del acto que se reclama, no son mayores que los que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que de la lectura de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo y los diversos 27 y 32 de Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se advierte que el ordenamiento referido en segundo lugar no prevé mayores requisitos que los que contempla la ley que rige el juicio de amparo para conceder la suspensión de la resolución combatida, a saber: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Por tanto, no se advierten mayores exigencias para la concesión de la suspensión en aquel procedimiento, a los previstos por la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que el presente juicio de amparo es improcedente, al no haberse impugnado dicho acto a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, y que con tal omisión, no quedó satisfecho uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, como lo es el de definitividad. Por otra parte por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b), y el cual lo constituye: "El acuerdo emitido por el Juez Administrativo en Cadereyta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, mediante el cual se establece que con el oficio SFPM/023/2018, notificado por instrucciones del Secretario de Finanzas Públicas Municipales del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, que da por cumplida la sentencia emitida en fecha doce de abril de dos mil dieciocho"; también deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia precisada por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, de la disposición antes transcrita, se advierte que previo a la instauración del juicio de amparo la parte quejosa debió haber promovido recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal, por conducto del Juzgado Administrativo responsable. Por tanto, el artículo invocado prevé un medio ordinario de impugnación que tiene por objeto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo la Sala Superior correspondiente, a través del recurso de revisión mencionado. En consecuencia, al no agotarse el principio de definitividad previo a instar la demanda de amparo, por no haberse impugnado dichos actos administrativos a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Marlene Martín Rico, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a la persona diversa que señala por no contar con su cédula profesional en el aludido sistema, y las demás personas que designa expresamente de esa manera. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se le notifica mediante lista a la parte promovente el acuerdo de diez de septiembre de la presente anuelidad, lo que a la letra dice: RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Juez Administrativo en Cadereyta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1080/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura del acto reclamado y conceptos de violación vertidos en el escrito de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama esencialmente de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: a) "Del SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, se reclama e impugna la resolución emitida por el citado y a la cual le correspondió el número de oficio SFPM/023/2018, misma que me fue notificada en fecha 17 diecisiete de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho." b) "Del JUEZ ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO a quien hoy se le atribuye e (sic) carácter Autoridad Responsable Ordenadora se reclama el haber ordenado la resolución emitida por el SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO mediante oficio SFPM/0123/2018; así como el acto de haber emitido el acuerdo dictado dentro del expediente de Juicio de Nulidad 442/2017/C de fecha 27 veintisiete de agosto de 2018 y que me fuera notificado en fecha 29 veintinueve de agosto de 2018." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el caso, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional advierte la existencia de un motivo que involucra su improcedencia. En efecto, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos humanos, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Ahora bien, para demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio es conveniente precisar lo siguiente: que el acto reclamado en el presente juicio de amparo y el cual fue precisado en el inciso a), lo constituye "la resolución emitida por el Secretario de Finanzas Públicas Municipales del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, a la cual le correspondió el número de oficio SFPM/023/2018, misma que me fue notificada en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se estableció que se emitió en estricto acatamiento a la sentencia de doce de abril de dos mil dieciocho, dictada por el H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en la que se estableció: "PRIMERO. Se confirma la legalidad del citatorio de fecha 23 de agosto de 2016 y del acta de notificación de fecha 24 de agosto de 2016, relativas a la resolución determinante del Crédito Fiscal folio 30001/2016 de fecha 22 de agosto de 2016e, emitido por esta Secretaria, en cantidad total de $******, por concepto de impuesto predial, multa, actualizaciones y recargos correspondientes al periodo comprendido del quinto bimestre del año 2011 al tercer bimestre del año 2016. SEGUNDO. Se confirma la legalidad de la resolución determinante del crédito fiscal folio 30001/2016, emitido por esta Secretaría en cantidad de $*****, por concepto de impuesto predial, multa, actualizaciones y recargos correspondientes al periodo comprendido del quinto bimestre del año 2011 al tercer bimestre del año 2016, por encontrarse debidamente fundada y motivada. TERCERO. Se confirma la legalidad del requerimiento de pago y de embargo, ambos de fecha 28 de septiembre de 2016, así como la notificación del avalúo de fecha 01 de febrero de 2017 y del propio avalúo con folio número A ****, de fecha 30 de enero de 2017, emitido por el Ing. ******." Bajo ese contexto, se concluye que la quejosa omitió observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que debió instar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en cuya instancia puede demostrar la ilegalidad del referido acto administrativo, previo a la interposición del juicio de amparo. La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro resolverá las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales. Conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía. Tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa en los que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa, así como de aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en resoluciones administrativas, emitidas por autoridades competentes. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Querétaro, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local. Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses de la ahora parte quejosa. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlo, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto impugnado en sede de amparo carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. No obsta a lo considerado, que el texto del artículo y fracciones en que se sustenta la causa de improcedencia, consagra que esto resultará así, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo; ya que los que exige la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para proceder a la suspensión del acto que se reclama, no son mayores que los que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que de la lectura de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo y los diversos 27 y 32 de Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se advierte que el ordenamiento referido en segundo lugar no prevé mayores requisitos que los que contempla la ley que rige el juicio de amparo para conceder la suspensión de la resolución combatida, a saber: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Por tanto, no se advierten mayores exigencias para la concesión de la suspensión en aquel procedimiento, a los previstos por la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que el presente juicio de amparo es improcedente, al no haberse impugnado dicho acto a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, y que con tal omisión, no quedó satisfecho uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, como lo es el de definitividad. Por otra parte por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b), y el cual lo constituye: "El acuerdo emitido por el Juez Administrativo en Cadereyta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, mediante el cual se establece que con el oficio SFPM/023/2018, notificado por instrucciones del Secretario de Finanzas Públicas Municipales del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, que da por cumplida la sentencia emitida en fecha doce de abril de dos mil dieciocho"; también deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia precisada por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, de la disposición antes transcrita, se advierte que previo a la instauración del juicio de amparo la parte quejosa debió haber promovido recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal, por conducto del Juzgado Administrativo responsable. Por tanto, el artículo invocado prevé un medio ordinario de impugnación que tiene por objeto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo la Sala Superior correspondiente, a través del recurso de revisión mencionado. En consecuencia, al no agotarse el principio de definitividad previo a instar la demanda de amparo, por no haberse impugnado dichos actos administrativos a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Marlene Martín Rico, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a la persona diversa que señala por no contar con su cédula profesional en el aludido sistema, y las demás personas que designa expresamente de esa manera. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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