Gustavo Muñoz Galicia y Otros.

Expediente 1099/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1099/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Gustavo Muñoz Galicia y Otros.
  • Gustavo Muñoz Galicia

Actuaciones

  1. Principal

    ... Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya recurrido el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por la partes y carece de relevancia documental en términos de los dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por GUSTAVO MUÑOZ GALICIA, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la cual queda registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 1099/2018-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo (presentada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa) se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar la promoción de quince de octubre del año en curso, lo que se traduce en la suspensión temporal que presenta el procedimiento laboral 684/5/2003. En mérito de lo anterior, el suscrito estima que en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Hipótesis que se actualiza cuando del contenido de la demanda el Juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", en cuyo caso, el amparo es procedente. Sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. No obstante, la omisión reclamada en esta vía no encuadra en la regla ni excepción apuntadas, porque no es un acto que afecte, de momento, materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior es así, porque la Junta señalada como responsable no está incurriendo en retardo injustificado en la administración de justicia, respecto de las actuaciones que le corresponden en el procedimiento de origen, puesto que el tiempo que ha transcurrido desde que la responsable se reservó emitir el acuerdo que en esta vía se reclama, en criterio del suscrito aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable. En ese sentido, para establecer si el exceso en el transcurso del plazo legal para el deber de actuar de la autoridad resulta justificado o no, debe acudirse al concepto de "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, que debe atenderse cada caso en particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de estar en aptitud de emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Pues bien, de las circunstancias del caso que se plantea, se considera que la dilación procesal asentada en la demanda no actualiza el supuesto de vulneración a los derechos fundamentales a que se ha hecho alusión. Ello porque, la autoridad se reservó acordar el escrito presentado el quince de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 684/5/2003, y la demanda de amparo se presentó el nueve de noviembre del presente año, de lo que se obtiene que han transcurrido diecisiete días hábiles desde que la responsable omitió pronunciamiento en relación con el acto que se le reclama; lapso que no implica una "abierta dilación" del procedimiento y menos su "paralización total" Por tanto, es evidente la razonabilidad en la omisión que se reclama a la responsable, pues sólo han transcurrido catorce días hábiles desde que la autoridad responsable se reservó pronunciarse respecto al escrito presentado el quince de octubre de dos mil dieciocho. Entonces no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento. Es aplicable a lo expuesto, la teleología emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, (registro 2011580), página 1086, con el rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.- De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Consecuente, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por GUSTAVO MUÑIZ GALICIA. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Manuel de la Cruz, y como autorizados para oír y recibir promociones a los diversos que menciona en el escrito que se provee. En atención a la solicitud realizada por el promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizándolo para su consulta a JUAN MANUEL DE LA CRUZ, toda vez que es quien corresponde el nombre de usuario "manuelabogadogea", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. fe.

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