Gustavo Montero Rodríguez
Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 30 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gustavo Montero Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito firmado por el quejoso *******; en atención a que el presente asunto se encuentra concluido; como lo solicita, con fundamento en lo previsto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que indica previa razón que de su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito firmado por el quejoso *******; en atención a que el presente asunto se encuentra concluido; como lo solicita, con fundamento en lo previsto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que indica previa razón que de su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese.
- Principal
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el juez y por la secretaria de acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte, en lo que aquí trasciende, que mediante resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil 1575/2006, de su índice. Asimismo, en la nueva resolución partió de la base de que las planillas de liquidación presentadas por la licenciada Evelia Domínguez José, autorizada de la parte actora, no podían ser objeto de análisis, al carecer de facultades promoverlas, de conformidad con los artículos 361 y 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; por lo que dejó a salvo los derechos de la parte ejecutante para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara pertinentes. Luego, al momento de resolver lo relativo a la planilla de liquidación presentada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por *************, dio respuesta a todos los argumentos formulados por Gustavo Montero Rodríguez, a través de su abogado patrono, al desahogar la vista en relación con dicha planilla, cuya síntesis realizada en la parte considerativa de la sentencia fue transcrita en líneas precedentes, pues al efecto expuso (fojas 302 reverso y 303): "(.) No obsta a todo lo anterior, las manifestaciones vertidas por el abogado patrono de la parte demandada en el escrito de desahogo de vista presentado el día veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, al ser infundadas e inoperantes para impedir que se resolviera sobre la procedencia de la tercera de las planillas citadas. Ello es así, considerando que el acreedor ************, se apersonó a juicio a ratificar la pretensión que hizo su madre, es decir, la planilla instada por aquélla. La condena impuesta en contra del deudor alimentario se hizo en salarios mínimos, por lo que es correcta la cuantificación de los alimentos basándose en ese tabulador. Basta con ingresar a la página web www.consami.gob.mx para poder consultar los salarios mínimos históricos en México, y dada la suplencia de la queja, se hacía innecesario que el acreedor demostrara los valores de los salarios mínimos anuales que cuantifica. Y no existe constancia en autos de que se hayan cancelado los alimentos que percibe el hijo del demandado, que no los necesite o que se haya decretado su suspensión. (.)". En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en sus términos, dado que, refiere, el juez excede de sus facultades al haber dejado a salvo los derechos de la parte ejecutante para que los hiciera valer en la vía y forma que estime pertinentes, una vez que determinó que las planillas de liquidación presentadas por la licenciada Evelia Domínguez José, autorizada de la parte actora, no podían ser objeto de análisis, al carecer de facultades promoverlas. Sin embargo, lo alegado es infundado, pues el actuar del juez responsable no implica un defecto ni un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que en ésta sólo se vinculó a la autoridad a que, por lo que respecta a las planillas de liquidación presentadas por la referida profesionista, emitiera una nueva resolución en la que partiera de la base de que no se encontraba legitimada para instarlas, sin que fuera materia de análisis de la sentencia amparadora lo relativo a si, ante esa carencia de facultades, la parte actora en el juicio natural (aquí tercero interesado), podría solicitar nuevamente la liquidación de lo condenado por el periodo a que se refieren las planillas dejadas de analizar, que es en lo que se traduce dejar a salvo sus derechos. De ahí que no exista exceso ni defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Por otro lado, también es inexacto lo alegado por la parte quejosa, en el sentido de que el juez responsable nuevamente omitió analizar el desahogo de vista realizado en relación con el incidente de liquidación promovido por Estela Vela Martínez; pues como se expuso en líneas precedentes y puede constatarse con el cotejo entre la síntesis de los argumentos a los que la autoridad debía dar respuesta y el fragmento transcrito de la resolución dictada en cumplimiento al amparo, ésta se pronunció respecto de todos y cada uno de los argumentos contenidos en el mencionado desahogo de vista. De ahí que, contrario a lo aducido por el quejoso, en ese aspecto también fue acatada la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente principal, deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente juicio de amparo, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercero interesada
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO DE NUEVE DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD: Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el juez y por la secretaria de acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte, en lo que aquí trasciende, que mediante resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil 1575/2006, de su índice. Asimismo, en la nueva resolución partió de la base de que las planillas de liquidación presentadas por la licenciada Evelia Domínguez José, autorizada de la parte actora, no podían ser objeto de análisis, al carecer de facultades promoverlas, de conformidad con los artículos 361 y 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; por lo que dejó a salvo los derechos de la parte ejecutante para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara pertinentes. Luego, al momento de resolver lo relativo a la planilla de liquidación presentada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por *************, dio respuesta a todos los argumentos formulados por Gustavo Montero Rodríguez, a través de su abogado patrono, al desahogar la vista en relación con dicha planilla, cuya síntesis realizada en la parte considerativa de la sentencia fue transcrita en líneas precedentes, pues al efecto expuso (fojas 302 reverso y 303): "(.) No obsta a todo lo anterior, las manifestaciones vertidas por el abogado patrono de la parte demandada en el escrito de desahogo de vista presentado el día veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, al ser infundadas e inoperantes para impedir que se resolviera sobre la procedencia de la tercera de las planillas citadas. Ello es así, considerando que el acreedor ************, se apersonó a juicio a ratificar la pretensión que hizo su madre, es decir, la planilla instada por aquélla. La condena impuesta en contra del deudor alimentario se hizo en salarios mínimos, por lo que es correcta la cuantificación de los alimentos basándose en ese tabulador. Basta con ingresar a la página web www.consami.gob.mx para poder consultar los salarios mínimos históricos en México, y dada la suplencia de la queja, se hacía innecesario que el acreedor demostrara los valores de los salarios mínimos anuales que cuantifica. Y no existe constancia en autos de que se hayan cancelado los alimentos que percibe el hijo del demandado, que no los necesite o que se haya decretado su suspensión. (.)". En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en sus términos, dado que, refiere, el juez excede de sus facultades al haber dejado a salvo los derechos de la parte ejecutante para que los hiciera valer en la vía y forma que estime pertinentes, una vez que determinó que las planillas de liquidación presentadas por la licenciada Evelia Domínguez José, autorizada de la parte actora, no podían ser objeto de análisis, al carecer de facultades promoverlas. Sin embargo, lo alegado es infundado, pues el actuar del juez responsable no implica un defecto ni un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que en ésta sólo se vinculó a la autoridad a que, por lo que respecta a las planillas de liquidación presentadas por la referida profesionista, emitiera una nueva resolución en la que partiera de la base de que no se encontraba legitimada para instarlas, sin que fuera materia de análisis de la sentencia amparadora lo relativo a si, ante esa carencia de facultades, la parte actora en el juicio natural (aquí tercero interesado), podría solicitar nuevamente la liquidación de lo condenado por el periodo a que se refieren las planillas dejadas de analizar, que es en lo que se traduce dejar a salvo sus derechos. De ahí que no exista exceso ni defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Por otro lado, también es inexacto lo alegado por la parte quejosa, en el sentido de que el juez responsable nuevamente omitió analizar el desahogo de vista realizado en relación con el incidente de liquidación promovido por Estela Vela Martínez; pues como se expuso en líneas precedentes y puede constatarse con el cotejo entre la síntesis de los argumentos a los que la autoridad debía dar respuesta y el fragmento transcrito de la resolución dictada en cumplimiento al amparo, ésta se pronunció respecto de todos y cada uno de los argumentos contenidos en el mencionado desahogo de vista. De ahí que, contrario a lo aducido por el quejoso, en ese aspecto también fue acatada la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente principal, deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente juicio de amparo, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercero interesada
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