Gustavo Montejano Gudiño

Expediente 580/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
580/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Montejano Gudiño
  • Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, Con Residencia En Morelia

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, toda vez que obra constancia de notificación a la parte quejosa, del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, así como del relativo al recurso de queja, remítase el presente asunto y ríndase el informe con justificación a que se refiere el artículo 101 párrafo primero, de la Ley de Amparo, a la superioridad, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, únicamente con la constancia del oficio de remisión al Tribunal Colegiado, toda vez que obra la versión digitalizada del juicio en que se actúa, en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. 1 RECURSO DE QUEJA. Visto lo de cuenta, agréguese copia del escrito de Jesús Enrique Cervantes Ávila, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de veintiuno de noviembre del año en curso, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. 1.1 Una vez que se recabe constancia de la notificación a la parte quejosa de este auto, remítase original y copia del escrito de expresión de agravios, así como el presente juicio y el informe con justificación a que refiere el artículo 101 de la Ley de Amparo, a la superioridad, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  3. Principal

    R-Uruapan, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gustavo Montejano Gudiño, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Jiquilpan, Michoacán, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 580/2019. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, éste órgano de control constitucional se avoca al estudio de la demanda de amparo propuesta y al respecto se desecha la misma al tenor de las siguientes consideraciones. El acto reclamado se hace consistir en la omisión del referido agente de dar impulso a la carpeta de investigación número 100720168913, ya que desde el cinco de mayo de dos mil dieciséis a la fecha, no ha integrado dicha carpeta. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de la demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo esa línea de ideas, conviene destacar que del primer numeral citado, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente destacar lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en él se advierte que ante la abstención de investigar, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el ordinal en comento, pues de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad... En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, la manifestación que realiza el quejoso en el sentido de que el acto que reclama no admite recurso alguno, virtud a que, como se precisó líneas que anteceden, contra la omisión que reclama sí procede el medio de impugnación citado, ya que se trata de omisiones en la facultad investigadora de las autoridades responsables. 3. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Enrique Cervantes Ávila y Francisco Javier Godínez Arredondo, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los autoriza ejercer la profesión de licenciado en derecho, y únicamente para imponerse de los autos a Juan Manuela Ávila Ávalos, virtud a que no cuenta con dicha autorización. 4. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.HGV

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