Gustavo Miguel Torres Segura
Expediente 872/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gustavo Miguel Torres Segura
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Querétaro, mediante el cual transcribe el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 868/2023-VIII, de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo 872/2023 del índice estadístico de este órgano jurisdiccional y en consecuencia se avocó al conocimiento del juicio promovido por Pedro Jesús Sánchez Mojica, quien se ostenta como apoderado legal de Gustavo Miguel Torres Segura. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se declinó competencia en el presente juicio de amparo, se declara que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que pasados los seis meses que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Jesús Sánchez Mojica, quien se ostenta como apoderado legal de Gustavo Miguel Torres Segura, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de Querétaro. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 872/2023-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Incompetencia. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se llega a la conclusión de que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se vierten. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". En ese sentido, para determinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, debe primero precisarse dónde tiene ejecución el acto reclamado, para lo cual resulta necesario el siguiente estudio. La parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. Autoridad Responsable. La Junta Especial 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con domicilio ampliamente conocido. IV. Acto Reclamado. La negativa por parte de la autoridad responsable en resolver el juicio de manera definitiva, es decir, emitir su resolución en forma de Laudo." En ese sentido, y al advertirse que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 149/2021, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de Querétaro, se tiene que realizar en el estado de Querétaro; por tanto, se considera que dicha omisión genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento; en consecuencia, al tener tal abstención efectos positivos, se considera competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar del juicio; esto es, el JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO, EN TURNO. En tales circunstancias, de acuerdo con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, determina carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver en el presente juicio de amparo; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase las actuaciones correspondientes al juez en cita, quien se estima competente para conocer del asunto. Sirve de apoyo a lo antes determinado, la tesis con registro digital 2026488, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Undécima Época, Libro 25, , Mayo de 2023, Tomo III, Página 3024, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO EN UN JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTE SE TRAMITA. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral. Los Jueces de Distrito en conflicto sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno resolvió que lo reclamado tiene ejecución material en el lugar de residencia de la Junta, pues las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar sus resoluciones a la luz del artículo 17 constitucional, por lo que en caso de incumplir con dicho mandato se genera una omisión con consecuencias materiales y, por tanto, se actualiza la regla del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro consideró que si bien el juicio de origen se ubica dentro de su jurisdicción territorial, también lo es que la fijación de la competencia no se define por la ejecución de la sentencia, sino porque el acto reclamado no conlleva ejecución material, lo que implica que se actualice la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37, por lo que es competente el Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral tiene ejecución material, por lo que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, corresponde conocer del juicio de amparo en el que se reclama al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde aquél se tramita. Justificación: Ello es así, porque el derecho de toda persona a una impartición de justicia pronta, contenido en el artículo 17 de la Constitución General, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes aplicables. Consecuentemente, la omisión de dictar el laudo en los plazos previstos por la ley, para los efectos del juicio de amparo, constituye una paralización del procedimiento laboral e implica un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho a una impartición de justicia pronta. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame la omisión de dictar el laudo, su conocimiento corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se tramita el juicio laboral, conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis con registro digital 2023548, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Página 1873, de rubro y texto siguiente: OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Asimismo, se solicita al Juez que corresponda conocer del mismo, comunique a este órgano jurisdiccional, la determinación que considere respecto a la incompetencia planteada. Autorizados En atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona que indica. Notificaciones electrónicas. De conformidad con los artículos 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el considerando octavo, fracciones III y IV, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones electrónica siempre y cuando se realice con base al usuario "********************", y se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se precisa al promovente que está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema dentro de los plazos señalados, este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. De igual forma se precisa que las notificaciones realizadas por esta vía -electrónica-, surtirá efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Consulta de expediente electrónico. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base al usuario "********************", y se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.
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