Gustavo Mendoza Ruiz

Expediente 1617/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1617/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Sergio Camacho Novoa
  • Gustavo Mendoza Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples del escrito de ampliación de demanda, en cuanto a las nuevas autoridades responsables Comisión Estatal de Aguas de Querétaro y Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, ambos con residencia en esta ciudad, en relación a los actos que de cada una de ellas reclama, se provee lo siguiente: AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para la celebración de la audiencia incidental. INFORMES PREVIOS. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente acuerdo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que surtan sus efectos las notificaciones respectivas, en el que expresen si es o no cierto el acto que se les reclama, además, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance para estar en aptitud de resolver en definitiva sobre la medida cautelar solicitada. A la par de lo anterior, se les hace saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 142 de la nueva Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil dieciocho. PRECISIÓN DE LOS ACTOS. La parte quejosa precisó como actos reclamados los siguientes: "De la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, se reclama: 1. La afectación a la operatividad, seguridad y resguardo, de la presa Santa Catarina, así como de su zona de protección y amortiguamiento, así como de su vaso y los terrenos contiguos, ya sea por acto de hecho o en virtud de licencia, concesión, autorización o permiso que en su caso haya emitido. 2. La afectación a nuestro patrimonio, así como a la vialidad y al acceso vehicular y peatonal al bien inmueble de nuestra propiedad, así como el de los terrenos vecinos; bien inmueble que se encuentra localizado en la *** ; bien inmueble que colinda con diversos predios vecinos, y que en su lindero poniente colinda directamente con la *** ; lo anterior ya sea por acto de hecho o en virtud de licencia, concesión, autorización o permiso que en su caso haya emitido. 3. La omisión de promover ante las autoridades de protección civil y seguridad pública de los gobiernos Federales, de los Estados y de los Municipios, correspondientes; la adopción de medidas urgentes incluidas el aseguramiento de bienes, remoción de los materiales descargados o demolición de la infraestructura que se encuentre en el lugar, con el objeto de proteger nuestra vida y nuestros bienes, lo anterior ante la premura de las afectaciones. 4. La omisión de ejercicio de sus facultades, para detener la construcción y descarga de materiales directamente en el vaso de la ***, mismas que se encuentran frente de nuestros terrenos y con la cual somos directamente colindantes, construcciones que incluso abarcaban un camino de paso que se había dejado en dicha zona para beneficio de los vecinos y el cual también se ha visto afectado. 5. La omisión de llevar a cabo sus facultades de inspección y vigilancia, con el objeto de delimitar la zona de protección y amortiguamiento correspondiente, así como establecer las medidas preventivas y cautelares tales como la suspensión de las actividades de construcción, para efectos de resguardar la operatividad de la presa y de nuestros bienes inmuebles, dada la afectación causada en virtud de la irregularidad de dichas construcciones y la pretensión de seguir causando afectación en la zona. 6. La omisión de llevar a cabo con premura e inmediatez, las medidas de seguridad que deben prevalecer en el terrenos que ocupa el vaso, la zonas de protección y amortiguamiento de la presa Santa Catarina, con la cual somos colindantes. Por cuanto ve a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en esta ciudad, se reclaman: 7. La omisión de promover ante las autoridades de protección civil y seguridad pública de los gobiernos Federales, de los Estados y de los Municipios, correspondientes; la adopción de medidas urgentes incluidas el aseguramiento de bienes, remoción de los materiales descargados o demolición de la infraestructura que se encuentre en el lugar, con el objeto de proteger nuestra vida y nuestros bienes, lo anterior ante la premura de las afectaciones. 8. La omisión de ejercicio de sus facultades, para detener la construcción y descarga de materiales directamente en el vaso de la ***, así como el vertido directo de dichos materiales en las aguas nacionales que la conforman, mismas que se encuentran frente de nuestros terrenos y con la cual somos directamente colindantes, construcciones que incluso abarcaban un camino de paso que se había dejado en dicha zona para beneficio de los vecinos y el cual también se ha visto afectado. 9. La omisión de llevar a cabo sus facultades de inspección y vigilancia, con el objeto de delimitar la zona de protección y amortiguamiento correspondiente, así como establecer las medidas preventivas y cautelares, tales como la suspensión de las actividades de construcción, para efectos de resguardar la operatividad de la presa y de nuestros bienes inmuebles, así como la contaminación de las aguas nacionales y su biodiversidad, dada la afectación causada en virtud de la irregularidad de dichas construcciones y la pretensión de seguir causando afectación en la zona. 10. La omisión de llevar a cabo con premura e inmediatez, las medidas de seguridad que deben prevalecer en el terrenos que ocupa el vaso, la zonas de protección y amortiguamiento de la *** , así como las necesarias para que no se permita el vertido en las aguas que conforman la *** , con la cual somos colindantes. " En ese sentido, se niega la suspensión provisional solicitada, respecto de los actos reclamados identificados con los numerales 1 y 2, en virtud de que los actos reclamados se encuentran consumados, al haberse emitido con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por tanto, de concederse, se darían efectos restitutorios los cuales conforme a la fracción I, del numeral 77 de la Ley de Amparo, son propios de la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el fondo del amparo, del cual deriva el presente incidente; de ahí que, la suspensión actúe desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 1090, visible en la página 756, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, misma que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados, es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". En ese sentido, por lo que concierne a los actos reclamados descritos con los numerales 3 a 10, se niega la suspensión provisional, en razón de que es evidente que en el caso se está en presencia de actos omisivos y dada su naturaleza, no admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar, lo que es materia de estudio en la sentencia dictada en el juicio principal. Sirve de apoyo, la tesis aislada número I.6o.T.3 K ( 10a. ), con número de registro 2004810 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, tomo 3, Parte HO, visible en la página 1912, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por otra parte, por lo que refiere a los efectos y consecuencias de los actos reclamados indicados, en términos del artículo 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Vigor, se procede a realizar el análisis respectivo ponderando la apariencia del buen derecho y el interés social. Dichos requisitos aplicados a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social. En tales casos, corresponde al resolutor prejuzgar en el incidente, con los elementos que tenga a mano, sobre el fondo de la pretensión y sobre la constitucionalidad de los actos, así como sobre los daños que puede sufrir el interés particular legítimo y su irreparabilidad, y sobre el diverso interés legítimo de las autoridades, en relación con el interés social, para conceder o negar la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en el tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava época, página 312, junio de 1993, que dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifícan en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión táctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida.". Así como la Jurisprudencia que establece: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES.- Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento." El análisis anterior se realiza, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia 440, visible en la página 374 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE. SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCOSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se base en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la mediada, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el articulo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de apariencia de derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un calculo de probabilidades, sea posible anticipar que el la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, Constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no solo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso, si no que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinase en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquella sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, por que si el perjuicio al interés social y al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o el interés de la sociedad está por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realiza el Juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Así como la diversa tesis de Jurisprudencia número 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Lo anterior, se sustenta en la interpretación del numeral 107, fracción X, de la Constitución, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional, deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. De manera que conforme al desarrollo de la institución suspensiva, se puede establecer que actualmente coexisten requisitos legales y jurisprudenciales que el juez debe constatar para otorgar la suspensión, cuando ésta se pida a solicitud de parte, con apoyo en el numeral 128 de la Ley de Amparo, siendo tales por su prelación lógica de estudio: 1. Que lo solicite el agraviado. 2. Interés suspensional. 3. Peligro en la demora y que sean de difícil reparación. 4. La apariencia del buen derecho y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. A la luz de tales requisitos, se procede a verificar la actualización de los mismos en el caso concreto, a fin de comprobar la procedencia de la suspensión solicitada por la quejosa. La primera exigencia, se encuentra satisfecha, toda vez que la persona quien insta la suspensión del acto reclamado, lo es precisamente la parte agraviada. En cuanto al segundo requisito, se encuentra acreditado con las documentales que obran en autos de la presente incidencia. Atendiendo el tercero de los requisitos, esto es, que exista peligro en la demora y que las consecuencias en su ejecución sean de difícil reparación, también se actualiza, atendiendo a las consecuencias de los actos reclamados. Finalmente, respecto a la cuarta de las exigencias, con la medida que aquí se decreta no se daña un interés colectivo y sí por el contrario existe de por medio un interés particular, pues el perjuicio que éste puede sufrir es superior al perjuicio social que puede ocasionar la parte incidentista, lo que no afecta ninguna disposición de interés social y sí como ya se dijo, por el contrario, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa en su patrimonio. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que de no concederse la medida cautelar solicitada, podrían causarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. Bajo ese contexto, con fundamento en los artículos 138, 139, 147 y 157 de la Ley de la Materia, procede conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias de las omisiones reclamas, toda vez que las omisiones reclamadas ocasionan efectos positivos susceptibles de suspenderse como lo es impedir que se afecte la biodiversidad o los ecosistemas vinculados a la presa de que se trata, además, toda vez que la suspensión fue solicitada por la parte agraviada, no se contravienen normas de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, esto es, que con la medida no se daña un interés colectivo y si, por el contrario, existe de por medio un interés particular, pues el perjuicio que puede sufrir la parte quejosa es superior al perjuicio social que se puede ocasionar con la presente medida, lo que implica que no se afecta ninguna disposición de interés social; y por el contrario, con la continuación de las omisiones reclamadas se pudieren causar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa. Por consiguiente, se concede la presente medida suspensiva para el efecto de que las autoridades responsables Comisión Estatal de Aguas de Querétaro y Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, ambos con residencia en esta ciudad, por conducto de personal autorizado a su cargo, realicen una visita de inspección y/o vigilancia en la *** en la que bajo su más estricta responsabilidad, dictaminen la existencia o no de hechos de riesgo respecto de la biosfera de la citada presa, así como del bien inmueble que la parte quejosa aduce es de su propiedad ubicado en: la ***: ***. Hecho lo anterior, en caso de determinarlo conducente, procedan a la aplicación de medidas cautelares, sólo si fueren necesarias, a fin de evitar daños y riesgos en la indicada Presa o en el bien raíz que la quejosa aduce es de su propiedad. Ello de conformidad con los artículos 113, fracción II y V, y 118 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, que disponen: "Artículo 113.- La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de "la Comisión": [.] II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional; [.] V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; [.]" "Artículo 118 BIS 2.- En caso de existir riesgo inminente, daño, deterioro a la salud, a las aguas nacionales, a los bienes a que se refiere el artículo 113 de esta ley, a la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados con el agua, la autoridad del agua o la Procuraduría en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar de manera inmediata alguna o algunas de las siguientes medidas: I. Clausura temporal del aprovechamiento de aguas nacionales. II. Suspensión de las actividades que dan origen al proceso generador de las descargas de aguas residuales. III. Promover ante las autoridades de protección civil y seguridad pública de los gobiernos Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, la adopción de medidas urgentes incluidas el aseguramiento de bienes, remoción o demolición de infraestructura, con el objeto de proteger la vida y los bienes de las personas. Las medidas establecidas en las fracciones I y II se mantendrán hasta el momento en que cesen las condiciones que dieron motivo al establecimiento de las mismas." Es aplicable, la tesis aislada que invoca el quejoso de número IV.2o.A.82 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Cuarto Circuito, en la décima época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1927, número de registro 2006646, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DE SEGURIDAD, CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁN EN RIESGO SUS BIENES O INTEGRIDAD PERSONAL, PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO DICHA VISITA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a los actos de naturaleza negativa, como aquellos en que la autoridad responsable se rehúsa, omite o se abstiene de hacer algo. En estas condiciones, si bien es cierto que ese Máximo Tribunal sostiene que cuando el juicio se promueve contra actos negativos, no procede conceder la suspensión, porque sería tanto como darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva, también lo es que precisó que si los actos contra los que se pide amparo, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión. Por tanto, si el juicio de amparo se promovió contra la omisión y/o negativa de la autoridad administrativa de realizar una visita de inspección para determinar la procedencia de medidas de seguridad respecto de los trabajos de construcción y excavación realizados en un predio colindante al del quejoso, por existir denuncia de éste y manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las obras urbanas generan riesgo de afectación a sus bienes o a su persona, procede conceder la suspensión provisional para el solo efecto de que se lleve a cabo dicha visita en la que, bajo su más estricta responsabilidad, la autoridad competente dictamine la existencia de los hechos narrados como de riesgo y, en su caso, determine la procedencia de la aplicación de medidas cautelares, aun cuando se trate de actos de naturaleza omisiva y simultáneamente negativa, dados sus efectos positivos, consistentes en que, ante la falta de visita de inspección o vigilancia, los trabajos se desarrollen sin que la administración haya determinado, en función de la denuncia presentada, la posible existencia o no de daños y riesgos que el solicitante de la medida cautelar manifiesta sufrir en sus bienes y en su persona y, en consecuencia, sin que haya aplicado las medidas que, en su caso, podrían ser necesarias para evitarlos." REQUERIMIENTO. En consecuencia, deberán informar a este juzgado dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, si con motivo de la inspección y/o vigilancia realizada en la *** se advierte que las construcciones u obras realizadas en el vaso de dicha Presa, se causa un perjuicio a la misma o en el predio propiedad de la parte quejosa, así como si determinaron la aplicación de medidas cautelares en caso de resultar necesarias y las medidas llevadas a cabo para su efectivo cumplimiento; en el entendido de que las resoluciones que llegaren a emitir en el sentido que fuere, deberán estar debidamente fundadas y motivadas. Asimismo, deberán remitir copias certificada de las constancias con las que acrediten su dicho. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de cien unidades de medida y actualización, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las persona que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables...V

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado, por el que realiza diversas manifestaciones en relación a las acciones llevadas a cabo por la autoridad encargada del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin embargo, se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto concluya el término que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que este órgano judicial de amparo se pronuncie sobre el cumplimiento o no de la sentencia dictada en autos...

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 12/09/2018, QUE CONTIENE EL AUTO DE 11/09/2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la cuenta, agréguese a los autos para que obre como constancia, el oficio signado por el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, mediante cual, remite copia certificada de las constancias con las que considera dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con una copia del oficio que se provee y su anexo, por el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa...V NP

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa; atento su contenido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos; por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase copia de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo quede en autos...V

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano