Gustavo Medel Lezama

Expediente 1217/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1217/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2018

Partes del expediente

  • Gustavo Medel Lezama

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gustavo Medel Lezama, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    MESA VI. Se notifica por lista el proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que: RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Delegado de la Procuraduría General de la República, en el Estado de México, con residencia en Toluca, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1217/2018-VI. FIJACIÓN DEL ACTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La determinación dictada en un procedimiento administrativo a través de la cual se decretó su destitución, suspensión, cese, separación y remoción del cargo de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, de la Procuraduría General de la República, adscrito a la Delegación en el Estado de México, con sede en Toluca. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: Se transcribe. DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el peticionario del amparo está obligado a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para corroborar la postura anterior, resulta pertinente reproducir lo que dispone el precepto legal antes invocado: se transcribe. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Dicho precepto legal infiere que es improcedente el juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Se afirma lo anterior, toda vez que el acto reclamado admite ser impugnada a través del juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 3, fracciones XII y XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que por medio de ese recurso puede ser nulificada. Cabe señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, el quejoso debió haber promovido en contra de la determinación dictada en un procedimiento administrativo a través de la cual se decretó su destitución, suspensión, cese, separación y remoción del cargo de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, de la Procuraduría General de la República, adscrito a la Delegación en el Estado de México, con sede en Toluca, ya que es el medio ordinario de defensa que procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracciones XII y XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos. (.)" De lo anterior, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable. En este contexto, si a través de la determinación reclamada se puso fin a un procedimiento administrativo instruido en contra del aquí quejoso, y se decretó su destitución, suspensión, cese, separación y remoción del cargo de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, de la Procuraduría General de la República, adscrito a la Delegación en el Estado de México, con sede en Toluca, es inconcuso que debió promover el juicio contencioso administrativo previamente a la interposición del presente juicio, ello aunado a que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, y que entró en vigor el diez de marzo de dos mil once, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se estima que el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales no exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, las exigencias previstas para tal efecto son semejantes. Sobre este tema, cobra actualidad la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, página: 1446, del rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En el entendido de que no se surte la diversa excepción prevista en la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que se analiza, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación como lo refiere el quejoso en sus conceptos de violacion, puesto que atendiendo a la naturaleza de la resolución reclamada resulta evidente que la misma se emitió atendiendo al contenido de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En ese sentido, cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, ya que a través de la resolución reclamada se puso fin al procedimiento administrativo instaurado en contra del promovente del amparo, y se decretó su destitución, suspensión, cese, separación y remoción del cargo que desempeña como Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, de la Procuraduría General de la República, adscrito a la Delegación en el Estado de México, con sede en Toluca, esto es, es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio contencioso administrativo federal, en el cual se debe de cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos humanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Además que a través del juicio de nulidad podrá alegar cuestiones de legalidad, control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en relación con la resolución reclamada. Del criterio transcrito, así como del contenido de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violentada su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando se den los siguientes requisitos: Que no se trate de una persona extraña al procedimiento: extremo que se advierte colmado en el caso que nos ocupa ya que el quejoso es parte en el procedimiento administrativo, dado que se instruye en su contra. Que no se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal adviera algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad; es el caso, que la resolución recurrida no se ubica en ninguno de esos supuestos. En relación con el requisito consistente en: que a través de la interposición del recurso o medio ordinario de defensa puedan suspenderse los efectos del acto reclamado y que para que tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; éste también se encuentra satisfecho. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página ciento cincuenta y seis del tomo XII correspondiente al mes de julio del dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: se transcribe. Ahora, respecto de los restantes casos de excepción al principio de definitividad en estudio, se aprecia lo siguiente: Que no se trate de una resolución que importe una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal: requisito que se advierte colmado en tanto que la resolución impugnada es de naturaleza administrativa. No se está ante la presencia de un amparo contra leyes; circunstancia que se corrobora a través del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados de la demanda de amparo, de donde se sigue que únicamente se trata de un juicio de amparo en el que se controvierte la resolución a través de la cual se decretó la destitución, suspensión, cese, separación y remoción del cargo de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, de la Procuraduría General de la República, adscrito a la Delegación en el Estado de México, con sede en Toluca, que desempeñaba el quejoso. Por otro lado, el requisito de encontrarse previsto en la ley el recurso o medio ordinario de defensa, se aprecia acreditado, en tanto el juicio de nulidad de que se trata se encuentra establecido en una ley formal y materialmente legislativa como lo es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, por analogía, las tesis aislada I.4o.A.46 A (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2033, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, asi como la diversa tesis aislada I.8o.A.59 A (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1447, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establecen lo siguiente: se transcriben. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leonardo Quiroz Cortez, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida a ***********, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registradas sus cédulas profesionales en el aludido Sistema. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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