Gustavo Matias Maldonado
Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gustavo Matias Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 277/2021 del que deriva esta incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de veintidós de marzo del año en curso, se negó la suspensión provisional y en la interlocutoria pronunciada el veintinueve de marzo siguiente, se negó la medida cautelar definitiva; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que en este incidente se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, en relación con el diverso 21, inciso c), de la propia norma de observancia general, el presente cuaderno original es susceptible de destrucción. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En diverso aspecto, se estima que esta incidencia carece de relevancia documental, porque el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en atención al requerimiento de dieciséis de abril en curso, remite las constancias relativas al juicio familiar **/**de su índice. Al respecto, se tiene por atendida la prevención indicada, sin que sea necesario emitir mayor pronunciamiento, dado que el veintiséis de los corrientes se dictó la sentencia respectiva en este asunto. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 277/2021 promovido por ** en contra del acto de la autoridad que se precisará más adelante. I. ANTECEDENTES De las actuaciones que integran este asunto se advierte que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, . . . demandó en la vía de tramitación especial a . .la disolución de vínculo matrimonial que los unía (divorcio incausado); en su demanda el actor ofreció una documental y exhibió un proyecto de convenio, en donde propuso la forma en la que se verificará la guarda y custodia de sus hijos menores de edad, la manera en la que se ejercerá el derecho de convivencia de los infantes con sus progenitores y la cobertura de los alimentos. De ese asunto correspondió conocer a la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien por auto de diecinueve de marzo del año en curso, lo radicó bajo el expediente 75/2021 y previno al accionante para que en el plazo de tres días presentara un nuevo convenio subsanando las omisiones que ese órgano jurisdiccional estableció respecto del convenio exhibido, bajo el apercibimiento que de no atender ese requerimiento desecharía la demanda y devolvería los documentos exhibidos. El siete de abril de dos mil veintiuno, la Actuaria Judicial adscrita a ese órgano de administración de justicia notificó al promovente el auto preventivo, mediante cédula de notificación. El inconforme estima que la actuación de la autoridad judicial responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE *** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable señaló como autoridad responsable a la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a quien reclamó la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la demanda de divorcio que presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la cual se registró bajo el expediente 75/2021. Por acuerdo de veintidós de marzo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 277/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme combate el acto siguiente: De la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, reclama: La omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la demanda de divorcio que presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la cual se registró bajo el expediente 75/2021. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto atribuido a la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la demanda de divorcio que presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la cual se registró bajo el expediente 75/2021. Se sostiene lo anterior, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esa actuación, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Además, la inexistencia de esa actuación se desprende de las diversas constancias del contradictorio de origen que la mencionada responsable remitió en copias certificadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en este asunto y de las relativas al juicio de origen se advierte lo siguiente: El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, Gustavo Matías Maldonado demandó en la vía de tramitación especial a Yanet Sánchez García la disolución de vínculo matrimonial que los unía (divorcio incausado); en su demanda el actor ofreció una documental y exhibió un proyecto de convenio, en donde propuso la forma en la que se verificará la guarda y custodia de sus hijos menores de edad, la manera en la que se ejercerá el derecho de convivencia de los infantes con sus progenitores y la cobertura de los alimentos. De ese asunto correspondió conocer a la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien por auto de diecinueve de marzo del año en curso, lo radicó bajo el expediente 75/2021 y previno al accionante para que en el plazo de tres días presentara un nuevo convenio subsanando las omisiones que ese órgano jurisdiccional estableció respecto del convenio exhibido, bajo el apercibimiento que de no atender ese requerimiento desecharía la demanda y devolvería los documentos exhibidos. El siete de abril de dos mil veintiuno, la Actuaria Judicial adscrita a ese órgano de administración de justicia notificó al promovente el auto preventivo, mediante cédula de notificación. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. En efecto, se estima que al diecinueve de marzo de dos mil veintiuno -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de dictar el acuerdo que correspondiera a la demanda de divorcio que el disidente presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la cual se registró bajo el expediente 75/2021, porque como se estableció en la propia data, en el citado contradictorio, la Juez responsable radicó dicho asunto bajo el expediente indicado y previno al actor para que en el plazo de tres días presentara un nuevo convenio subsanando las omisiones que esa autoridad estableció respecto del convenio exhibido, bajo el apercibimiento que de no atender ese requerimiento desecharía la demanda y devolvería los documentos exhibidos. Tal situación evidencia que al menos en la fecha en la que el justiciable presentó su demanda de amparo, el órgano jurisdiccional responsable ya había dictado el proveído que correspondía a la demanda de divorcio que presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la cual se registró bajo el expediente 75/2021. Lo anterior pone de relieve que a la data en la que la disconforme promovió el juicio constitucional, la autoridad judicial responsable ya había acordado el escrito inicial que propició la radicación del juicio natural. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo anterior, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido al órgano jurisdiccional responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto combatido a la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la demanda de divorcio que presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la cual se registró bajo el expediente 75/2021, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
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