Gustavo Martínez Uribe
Expediente 1590/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Gustavo Martínez Uribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio. Finalmente, devuélvase al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, el anexo que remitió al sumario en que se actúa, en complemento a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar acuse por su recibo, toda vez que se trata de reproducciones certificadas **
- Principal
En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con veintiocho minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1590/2022-II-B; estando en audiencia pública Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria de Juzgado Jessica Karen Rosas Yáñez, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Abierta la audiencia, la Secretaria de Juzgado procede a realizar la relación de constancias que obran en autos y en el expediente electrónico, consistentes en la demanda de amparo, informe justificados, constancia de notificación a la representación social de la adscripción, emplazamiento de la tercero interesado víctima de identidad resguardada de iniciales B.E.G.S., así como al agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionados los autos, consistentes en la demanda de amparo, así como por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, el cual deberá ser considerado al resolver el presente juicio de amparo. PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria de Juzgado da cuenta con las pruebas que la Magistrada Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México adjuntó al informe justificado, consistentes en copias certificadas del toca penal 158/2022 y de la carpeta de ejecución 370/2020, tres discos ópticos en formato DVD, que contienen el expediente electrónico de la citada carpeta de ejecución y de la carpeta de amnistía 58/2021, así la audiencia de ejecución de sentencia. Asimismo, la Secretaria de Juzgado certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la responsable, en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, al no existir alguna otra pendiente por desahogar, se cierra este periodo. PERIODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos y la Secretaria de Juzgado certifica: Que ninguna de las partes realizó manifestaciones en esa vía. El Juez de Distrito acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y no habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. SENTENCIA Mediante la cual se resuelven el juicio de amparo número 1590/2022-II-B; promovido por Gustavo Martínez Uribe por propio derecho y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; Gustavo Martínez Uribe por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, consistente en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, que declaró inadmisible el recurso de apelación correspondiente al número de carpeta de amnistía 58/2021 en relación con la carpeta de ejecución 370/2020. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto al Juez Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, que por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, radicó la demanda con el número 602/2022-V, la admitió a trámite y requirió el informe de ley. En proveído de treinta de setiembre de dos mil veintidós, se declinó competencia por conocimiento previo, al estimarse que el asunto se encontraba relacionado con el diverso juicio de amparo 599/2021, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Mediante auto de once de octubre de dos mil veintidós, éste órgano constitucional se avocó al conocimiento del asunto al actualizarse uno de los supuestos de returno por conocimiento previo, el que se radicó bajo el número 1590/2022-II-B. Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos que se reclaman son de naturaleza penal y la autoridad responsable con residencia dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que el acto reclamado del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, es el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el toca penal 158/2022, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Gustavo Martínez Uribe en contra de la resolución de once de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, que declaró improcedente conceder el beneficio de amnistía en la carpeta de amnistía 58/2021, deducida de la carpeta de ejecución 370/2020. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado de la autoridad judicial responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Para tales efectos, la Magistrada Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México remitió copia certificada del toca penal 158/2022, de donde se advierte el auto impugnado. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se les atribuyen, además, también se trata de los registros de audio y video de cuya reproducción es accesible para su consulta y porque se presume que la información digital se encuentra íntegra e inalterada desde el momento y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del presente asunto resulta importante señalar los siguientes antecedentes: I. Mediante sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veinte, en la causa de juicio oral 41/2016, se condenó a Gustavo Martínez Uribe por el delito de secuestro con la modificativa de complementación típica con punibilidad autónoma por haber causado la muerte en agravio de la víctima de identidad resguardada, la cual fue modificada por el Tribunal de Alzada, mediante resolución de ocho de octubre de dos mil veinte, únicamente respecto de la individualización de la pena. II. Posteriormente, Gustavo Martínez Uribe inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por la probable violación a sus derechos humanos la cual quedó registrada con el expediente CODHEM/TOL/699/2020. III. Así, por escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, solicitó que se le concediera a Gustavo Martínez Uribe el beneficio de amnistía, de conformidad con el artículo 4, fracción XII, de la Ley de Amnistía del Estado de México; en atención a la presunta vulneración a derechos humanos ocasionada al ahora quejoso. IV. En acuerdo de ocho de junio del año en curso, emitido en la carpeta de ejecución 370/2020, la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, determinó desechar la solicitud de amnistía a favor de Gustavo Martínez Uribe, dado que el artículo 4, último párrafo, de la Ley de Amnistía, establecía prohibición expresa para conceder la amnistía respecto del delito por el que fue sentenciado, por atentar contra la vida, la libertad o la integridad personal. V. En contra de tal acuerdo Gustavo Martínez Uribe promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue del conocimiento de este órgano jurisdiccional bajo el número 599/2021-I-B, y mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se otorgó la protección constitucional para los efectos siguientes: a) Deje insubsistente el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta de amnistía 58/2021, a través del cual desechó la solicitud de amnistía en favor de Gustavo Martínez Uribe. b) En su lugar, dicte otro en el que admita la solicitud de amnistía realizada por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en favor del quejoso, y continue con el procedimiento respectivo. VI. En cumplimiento a tal ejecutoria, la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, admitió a trámite la solicitud de amnistía y, mediante resolución de once de febrero de dos mil veintidós, se consideró improcedente el beneficio solicitado. VII. Inconforme con tal determinación, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, el que mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido en el toca penal 158/2022, declaró inadmisible el medio de impugnación. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. QUINTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del numeral que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado es emitido por una autoridad judicial y en su contra no se hizo valer, de manera previa a la promoción del sumario constitucional, el recurso ordinario o medio de defensa previsto en el procedimiento correspondiente, por medio del cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicha actuación. Lo anterior tiene sustento en que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria y se rige por principios contenidos en el artículo 107 constitucional, que lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Entre esos principios se encuentra el de definitividad, el cual, restringe la procedencia del juicio de amparo sólo para actos definitivos, entendiéndose por éstos, los que no sean susceptibles de ser modificados o invalidados por un recurso ordinario o medio de defensa legal; tal exigencia tiene como finalidad evitar la promoción indiscriminada de amparos, ya que únicamente podrá acudirse a esta instancia si no se obtiene resolución favorable. Además, conforme a la disposición legal transcrita existen excepciones al principio de definitividad, las cuales se actualizan cuando: a) Se trate de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) El acto reclamado consista en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute, determinación sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, con excepción de la sentencia definitiva en el proceso penal. c) Se trate de persona extraña al procedimiento. d) La procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; en este caso el quejoso podrá optar por dicha vía de impugnación o el juicio de amparo. En suma, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio deben cumplirse los presupuestos siguientes: * El acto reclamado sea emitido por una autoridad judicial. * La ley que rija el acto reclamado establezca el recurso o medio de defensa que no se agotó, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. * Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. * No se actualice alguna excepción al principio de definitividad. En ese contexto, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -normativa que rige a la resolución reclamada- prevé lo siguiente: "130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Tal disposición establece que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite y, si bien, hace referencia a las determinaciones del "Juez de Ejecución", tal aspecto no significa que tal medio de impugnación solamente proceda contra las resoluciones dictadas por el órgano de ejecución de primera instancia y no así respecto de las emitidas por el tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución, puesto que en la segunda instancia del procedimiento de ejecución también se emiten diversas determinaciones de mero trámite al sustanciar la apelación, las cuales, en caso de causar agravio, deben ser objeto de análisis horizontal de legalidad; además, se impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, toda vez que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. Por su parte, el artículo 3, fracción XI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que para efectos de esa legislación deberá entenderse por "Juez de Ejecución" a "la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente Ley", sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias, al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal y, en armonía con ese aspecto la fracción XVI del propio numeral, define como "órgano jurisdiccional" al Juez de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Alzada, ya sea del fuero federal o local. Asimismo, en caso de considerar que la revocación en ejecución penal únicamente procede contra determinaciones de mero trámite dictadas por el Juez de Ejecución, conllevaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones de trámite emitidas por el tribunal de alzada, lo que sería contrario a la sistemática del juicio de amparo en concordancia con el nuevo proceso penal y se trastocaría su naturaleza excepcional, y con ello que se convertiría en una instancia judicial más en un procedimiento ordinario, lo que originaría un exceso en el uso de un medio de control constitucional que entorpecería el procedimiento jurisdiccional ordinario y se contravendría la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Por ende, en la especie, el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el toca penal 158/2022, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Gustavo Martínez Uribe en contra de la resolución de once de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en que declaró improcedente conceder el beneficio de amnistía en la carpeta 58/2021, deducida de la carpeta de ejecución 370/2020, constituye una resolución de mero trámite, pues en la misma no se analiza el fondo de la cuestión planteada, por lo que en su contra procede el recurso de revocación, que tiene como finalidad modificar, revocar o nulificar tal actuación, lo que obliga a la parte quejosa a agotar ese medio de defensa previo a acudir al juicio de amparo indirecto, en atención al principio de definitividad. Son ilustrativos a lo anterior los criterios judiciales sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, registro digital 2025437 y 2025438, respectivamente, publicados en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros y texto son: "RECURSO DE REVOCACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA DETERMINACIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE AGOTARSE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y NO EL ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS 465 Y 466 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio, debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra el auto que desecha el recurso de apelación interpuesto contra una determinación dictada en una controversia jurisdiccional del procedimiento de ejecución penal, debe agotarse el diverso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el establecido en los diversos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Justificación: En el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé la supletoriedad, entre otras legislaciones, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para todo lo no previsto en aquélla; sin embargo, los artículos 465 y 466 del código procesal en cita son inaplicables supletoriamente al procedimiento de ejecución, en lo relativo al recurso de revocación, pues el artículo 130 de la ley nacional invocada regula con plenitud ese medio de impugnación (hipótesis de procedencia, término para su interposición, efectos, tramitación y tiempo para resolverse). Motivo por el cual, para analizar la definitividad, como causal de improcedencia del juicio de amparo, debe hacerse en términos del referido artículo 130 y no de los artículos 465 y 466 aludidos, por ser la Ley Nacional de Ejecución Penal la que regula el acto que reclamó la parte quejosa y establece suficientemente la forma en que debe tramitarse y resolverse el recurso de revocación y, en consecuencia, la supletoriedad no se actualiza en el caso. Máxime que la etapa de ejecución no forma parte del procedimiento penal, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según el cual, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y finalizará con la sentencia firme, lo que corrobora que la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal." "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE MERO TRÁMITE DEL TRIBUNAL DE ALZADA EMITIDAS AL SUSTANCIAR EL DIVERSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio debió agotar el recurso de revocación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, en observancia al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, el quejoso debe agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el auto que desecha la apelación interpuesta dentro de un procedimiento de ejecución, en virtud de que dicho medio de impugnación también procede contra las determinaciones de mero trámite que el Tribunal de Alzada emita al sustanciar el recurso de apelación dentro de esa etapa. Justificación: De nuevas reflexiones, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que si bien el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula el recurso de revocación, sólo se refiere a las determinaciones del "Juez de Ejecución", ello no significa que únicamente proceda contra las resoluciones emitidas por el juzgado de primera instancia y deban excluirse las pronunciadas por el tribunal de segundo grado en el procedimiento de ejecución. Lo anterior es así, por varias razones. Primera, en la segunda instancia del procedimiento de ejecución también se emiten diversas determinaciones de mero trámite al sustanciar la apelación, las cuales, en caso de causar agravio, deben ser materia de análisis horizontal de legalidad. Por lo que aceptar que el recurso de revocación solamente procede contra pronunciamientos de mero trámite del Juez de Ejecución de primera instancia y excluir las emitidas por el Tribunal de Alzada, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, toda vez que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. Lo anterior se corrobora con el artículo 3, fracción XI, de la ley citada, en el sentido de que "Juez de Ejecución" se refiere, de manera genérica, a las autoridades judiciales que pueden solucionar las controversias que se susciten en esa materia, sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias (esto es, el Juez de Ejecución -propiamente dicho- y el Tribunal de Alzada), al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal (en ambas instancias). No se soslaya que en la fracción XVI del mismo precepto se conceptualiza como "órgano jurisdiccional" al Juez de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Alzada, ya sea del fuero federal o local; sin embargo, se considera que se refiere expresamente a los órganos judiciales que intervienen en el procedimiento oral precisado en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual no abarca la etapa de ejecución penal). Segunda. Admitir que la revocación en ejecución penal sólo procede contra resoluciones de mero trámite en primera instancia, implicaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones de la alzada (de mero trámite), lo que es contrario a la sistemática del juicio de amparo en sinergia con el nuevo proceso penal. En efecto, los principios rectores y la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, previo agotamiento de todos los recursos ordinarios, no han variado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal; al contrario, se ha reforzado con diversas instituciones y figuras jurídicas que someten a control judicial previo numerosas determinaciones que antes eran irrecurribles. Por ello, para efectos del juicio de amparo, es necesario que se acuda a los principios que lo conforman, para realizar una interpretación extensiva y funcional de algún precepto de cualquier legislación, para evitar que se trastoque su naturaleza excepcional, y con ello que se convierta en una instancia judicial más en un procedimiento ordinario. Tercera. El artículo 130 de la ley especializada debe interpretarse de manera armónica y congruente con la teleología del juicio de amparo, para que ambos sean funcionales y complementarios, atendiendo, en primer orden, a la naturaleza de excepción que caracteriza a la instancia constitucional, lo cual se logrará observando los principios que rigen al primero y, en segundo, para impedir que se entorpezcan con dilaciones innecesarias los procedimientos, al evitar que los órganos jurisdiccionales, dentro de su ámbito competencial, resuelvan controversias de mero trámite. De estimar que debe partirse de una interpretación literal o gramatical, se establecería que las resoluciones de mero trámite que pronuncian los órganos jurisdiccionales de segunda instancia no son recurribles a través de la revocación, y que su único medio de defensa sería el juicio de amparo indirecto, lo que generaría un exceso en el uso de un medio de control constitucional que entorpecería el procedimiento jurisdiccional ordinario, lo que contravendría la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Además, no se actualizan los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, porque la resolución reclamada en modo alguno pone en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera de procedimiento, pues la misma deriva directamente del dictado de una sentencia firme en la que se le impuso pena privativa de libertad, tampoco incomunicó, deportó, expulsó, proscribió, desterró, extraditó o desapareció forzadamente al quejoso, ni ordenó su incorporación al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, traducidos en pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y penas inusitadas y trascendentales; tampoco consiste en una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. El acto reclamado tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute, ni constituye la determinación sobre un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Por tanto, si las documentales que se tienen a la vista no evidencian que la parte quejosa, previo a promover el presente juicio haya interpuesto recurso de revocación contra la resolución reclamada, es incuestionable que se inobservó el principio de definitividad que rige al amparo, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese orden, si la resolución reclamada fue emitida por una autoridad judicial; la ley que rige esa actuación establece el recurso que no se agotó, dentro del procedimiento de ejecución en que se emitió aquél, el cual puede revocar, modificar o nulificar el acto; además, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, es evidente que se reúnen los presupuestos para que se actualice la causa improcedencia en estudio. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio. Conclusión ante la cual, resulta innecesario ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior, se encuentra contemplado en la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página 115, registro 220705, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Gustavo Martínez Uribe, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Jessica Karen Rosas Yáñez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que aún no obra en autos el exhorto 226/2022 con número de orden 258/2022, por el que se encomendó notificar al quejoso ******************** la radicación del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluido. Por lo anterior, se está en espera de la devolución de la comunicación oficial en comento, por lo que la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, para llevarse a cabo.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que no obra en autos el exhorto 213/2022-B con número de orden 244/2022, dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en turno, en el que se ordenó notificar al quejoso Gustavo ****, en el lugar de su reclusión, siendo este el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", el auto de once de octubre de este año, sin que a la fecha se haya enviado por interconexión la comunicación en comento. En ese tenor, dese de baja la comunicación oficial 213/2022 con número de orden 244/2022, y en esta fecha se ordena girar exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS" y notifique al peticionario del amparo *****el presente proveído y el diverso de once de octubre de este año. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Gustavo Marcos Bustillo Martínez455/2017
- Gustavo Mario Barreto Estevez1901/2017
- Gustavo Martínez Camacho740/2018
- Gustavo Martínez Díaz1435/2022
- Gustavo Martínez Gómez800/2018
- Gustavo Martínez Uribe56/2015
- Gustavo Martínez Uribe55/2015
- Gustavo Mendez Mendoza1249/2018
- Gustavo Morales Castillo863/2019
- Gustavo Nieto Macedo205/2018
- Gustavo Nuñez Bastida411/2016
- Gustavo Ortega Cortez1244/2013