Gustavo Martínez Barba

Expediente 914/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
914/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Martínez Barba
  • Juan Paulo Rubio Barba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó vía electrónica a la parte quejosa el quince de octubre pasado, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "a) Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a), g) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. (.) Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada, están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, incisos a), g) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que establecen que el gobernado que pretenda que se registre un acto, contrato o resolución judicial vinculado con inmuebles, en el Registro Público de la Propiedad, deberá considerar, para enterar a la oficina recaudadora correspondiente, que es indispensable pagar el valor mayor de entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del propio instrumento, al cual se le aplicará la tasa del 0.50%, conforme el inciso a); además, por cada inscripción, incluyendo registro de??????????????? sentencias judiciales, que no represente interés pecuniario prevé el pago de $215.00 (doscientos quince pesos), conforme al inciso g); asimismo, en su caso, un testimonio procedente de otra entidad de la República, pagará la tarifa de $5,382.00 (cinco mil trescientos ochenta y dos 00/100 moneda nacional); al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Tomando en cuenta la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, incisos a), g) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, deberá aplicarle, en el caso de que exista, una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en el recibo oficial A 037462121, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados". Al respecto, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, debía desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a), g) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, además, la autoridad debía dejar insubsistente el recibo oficial A 037462121 expedido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco; y debía emitir otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la suma que haya pagado en exceso, por ello, mediante oficio PF-DCJA-34736, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco informó que mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el numeral reclamado, y se afectó la partida presupuestal y se emitió la orden de pago 2037554, para que la parte quejosa recogiera dicha orden y diverso cheque, con lo que se dio vista a la parte quejosa, para que acreditara haber recogido dicho documento mercantil, sin que lo hubiera hecho, en consecuencia, las autoridades responsables cumplieron con lo ordenado en la sentencia de amparo. Lo anterior, conforme al criterio emitido por la Segunda Sala de rubro y texto: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS. La inclusión en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, de la institución de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, que se traduce en la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, tuvo la finalidad de otorgar seguridad jurídica, dando estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. Dicha inclusión, sin embargo, quedó condicionada a que las reformas legales observaran lo establecido respecto de la caducidad de la instancia en el juicio de amparo; de donde se sigue que la caducidad de dichos procedimientos prevista en el artículo 113, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe interpretarse sistemáticamente con la caducidad de la instancia contemplada en el numeral 74, fracción V, de dicha Ley. Acorde con lo anterior, si la caducidad constituye una institución extintiva de actos procesales, no sustanciales y, en congruencia con ella, en este último precepto legal se prevé que en primera instancia la caducidad implica el sobreseimiento en el juicio de garantías y en la segunda, que quede firme la sentencia recurrida, es evidente que la decretada en el procedimiento oficioso de ejecución de las sentencias de amparo contra normas tributarias sólo significa que queden sin efectos los actos de ejecución y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del inicio del??????????????? procedimiento relativo, y que no pueda volver a solicitarse el cumplimiento a la autoridad obligada a ello, pero sin demérito del derecho sustancial reconocido en la sentencia, por lo que el quejoso puede solicitar a la autoridad hacendaria la devolución de lo pagado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional y, en su caso, impugnar la negativa a través de las vías ordinarias, con apoyo en la sentencia de amparo que es cosa juzgada y una norma individualizada a su favor, cuyo cumplimiento es de orden público conforme al citado artículo 113."1 Constancia que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto 1 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril 2010, página 421, Registro 164834. en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto por una parte se sobreseyó, por otra se negó y por otra se concedió el amparo solicitado, y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Asimismo, de conformidad al artículo 15 del citado Acuerdo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad informa. Agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento con lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Requiere parte quejosa. Se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído, así como el oficio y sus anexos remitidos por la responsable antes citada, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad en cita, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a efecto de que se emita pronunciamiento en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá a emitir pronunciamiento respecto al cumplimiento o no de la sentencia dictada en autos, se procederá de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Público del Estado de Jalisco, por medio del cual cumple parcialmente con el requerimiento contenido en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Requerimiento. Establecido lo anterior, se requiere a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, en atención a su solicitud, dígase que dicha devolución deberá realizarse a nombre de Juan Paulo Rubio Barba, en virtud de que dicho quejoso fue quien realizó el pago del recibo oficial A 037462121. Requerimiento. Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación.??????????????? Notifíquese.

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