Gustavo Márquez Ávila
Expediente 1010/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1010/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Márquez Ávila
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno que en resumen dice: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1010/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es necesario realizar la precisión del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo con el análisis integral de la demanda. Al efecto, se tiene como tal: La omisión del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Tramitación Común 04, con residencia en esta ciudad, de llamar al quejoso a la carpeta de investigación XXXXXseguida en contra de José Alfredo Márquez Ávila, por el delito de despojo respecto de un bien inmueble ubicado en Vía XXXX número XXXXXX, colonia XXXXXXX de esta ciudad. En el entendido que dicha omisión se reclama por sí, esto es, sin que de la lectura integral de la demanda se advierta que el quejoso destaque diverso acto que por sus características afecte su esfera jurídica al transgredirse alguno de sus derechos sustantivos. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Conforme con lo dispuesto en los artículos 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, previo a admitir la demanda debe examinarse si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento, lo que en el caso acontece. Lo anterior es así, toda vez que respecto a ese acto se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en conjunto con el contenido de los numerales 5° y 6°, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De lo anterior, se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien verdaderamente resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o una ley. De la interpretación sistemática de los artículos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, permite arribar al conocimiento de que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por quien resienta una afectación real y actual a su esfera jurídica. De esta manera, cuando una persona reclama un acto respecto del cual no se actualiza una afectación de tales características, se dice que entonces carece de interés jurídico y, ante esa circunstancia, debe sobreseerse en el juicio por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XII de su artículo 61. Ahora bien, para evidenciar el motivo de improcedencia anunciado, es menester tener a la vista el contenido del artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 102. A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. [.] Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.". Del artículo anterior, se advierte que la orden de investigación deriva de una encomienda constitucional y esta, por ser exclusiva del Ministerio Público, no forma parte de la esfera jurídica de los particulares, sino que se ejecuta por dicha autoridad en representación misma de los gobernados, proyectándose como un auténtico derecho social. Por su parte, el artículo 21 Constitucional, el cual, en lo que interesa, prevé: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.].". Por tanto, las diligencias que realiza el Ministerio Público en la fase de investigación, pertinentes al esclarecimiento de los hechos, no causan por sí un perjuicio a los derechos sustantivos del gobernado en contra del cual se ordenan. Destacando que, es tal la importancia que reviste a la facultad constitucional de investigación, que al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2005-PS, estableció que el escrutinio de los actos acaecidos durante la averiguación previa -ahora indagación desformalizada- a través del juicio de amparo indirecto, debe ser atemperada en aras de preservarla al menos en su expresión mínima necesaria y reservar dicho examen a lo puramente casuístico. En ese tenor, el alto tribunal concluyó que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, entonces, los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que sus efectos son susceptibles de ser contrarrestados o anulados posteriormente pues, en todo caso, la afectación hipotética se materializaría hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si resulta procedente o no emitir algún acto de molestia. Estimar lo contrario, sería tanto como autorizar el entorpecimiento de dichas facultades y obligaciones constitucionales, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Así, de esa ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 154/2005 de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así.". Esto último que encuentra refuerzo, debido a que la improcedencia del juicio no deriva propiamente de que en la Constitución Federal esté previsto un racimo de potestades y deberes exclusivos de la autoridad ministerial, sino del hecho de que la integración de una carpeta de investigación no provoca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, como es exigible para hacer procedente la acción de amparo. Cobran aplicación, por igualdad de razón, los criterios que se invocan a continuación: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL.". "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.". Por último, cabe mencionar que esta postura no implica soslayar que ciertos actos dentro de esa fase de investigación desformalizada, por sus características y efectos propios y particulares, sí puedan, en cambio, ser susceptibles de control constitucional. En consecuencia, se estima que la improcedencia anunciada se surte en el caso y, además, de manera manifiesta e indudable, ya que la omisión reclamada con motivo de la integración de una carpeta de investigación, por su naturaleza no causa un daño o perjuicio al gobernado, sino que su prosecución queda supeditada a la decisión del órgano jurisdiccional que en su caso conozca de la consignación respectiva. Máxime, si como se hizo mención, de la lectura integra de la demanda no se desprende diverso acto destacado por el quejoso que afecte sus derechos sustantivos. Ante esas circunstancias, se torna imperativo desechar la demanda de amparo, pues la integración de la carpeta de investigación no causa afectación material en los derechos fundamentales del quejoso y, por ende, carece de interés jurídico para combatirla
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte tercera interesada José Luis Zamora Montes de Oca el auto de once de noviembre dos mil veintiuno que en resumen dice: "LEÓN, GUANAJUATO, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede se provee: Agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 20/2021, cuatro tomos de pruebas y el testimonio de la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión Civil 144/2021, la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a María Teresa Hernández Solorio por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad J.M.Z.H y S.Z.H, en contra del acto reclamado y por la autoridad responsable que quedaron preciadas en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese recibo. Por otro lado, glósese el cuaderno de antecedentes, únicamente con las constancias que obren en original, no así la copia certificada que lo integra en razón de que se trata de una reproducción de diversos autos que se encuentran agregados a este expediente. III. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación , dado que en el presente asunto por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Por otro lado, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN; una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente . Por otra parte, devuélvase en cuatro tomos las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa; en consecuencia, se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original
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