Gustavo Manuel Ramírez Gutiérrez

Expediente 1081/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1081/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
29/12/2015

Partes del expediente

  • Gustavo Manuel Ramírez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias del toca 507/2015 del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, así como las copias certificadas que integran el juicio ordinario civil 145/2003 de la estadística del Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, que como justificación a su informe anexaron respectivamente las citadas autoridades, devuélvanseles y solicíteseles el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de diciembre del año en curso, en el que el Magistrado Presidente del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades, remite: original y cuatro copias de la demanda; copia certificada del oficio 2851 suscrito por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, copia autorizada de los diversos 2620 y 2639 firmados por el Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, y el Actuario de su adscripción, así como las constancias de emplazamiento practicas a la moral tercera interesada **********, por conducto de su apoderado legal **********, tres legajos de copias certificadas relativas al expediente C145/2033, y los autos del toca 507/2015 en dos tomos; al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1081/2015-V. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca del conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad, a través del acuse de recibo correspondiente. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, el suscrito considera la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, la Ley de la materia establece que la regla general del plazo para la presentación de la demanda es de quince días, a menos que el quejoso se encuentre en alguno de los casos de excepción a que se refiere su artículo 17; y dicho término genérico correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De igual forma, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Asimismo, de conformidad con el mismo ordenamiento, cuando lo reclamado sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede el amparo directo que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito. En ese caso, conforme a lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Amparo, la demanda debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, cumpliendo con los requisitos que contiene el numeral 175 del mismo ordenamiento. En cambio, tratándose del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de alguno de los actos a que se refieren los supuestos del artículo 107 de la ley referida, la demanda deberá formularse cumpliendo con los requisitos del diverso artículo 108 y presentarse, por regla, ante el Juez de Distrito. Además, el artículo 176 de la ley en comento establece que la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta a la responsable no interrumpirá los plazos previstos para su promoción. Criterio que se puede aplicar por analogía al trámite del amparo indirecto, pues no existe precepto alguno donde se autorice que las demandas de ese amparo biinstancial se presenten por conducto de funcionario diverso a dicho juzgador, incluyendo a la autoridad responsable del acto reclamado. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Amparo, si un Tribunal Colegiado recibe una demanda de la que debe conocer un Juez de Distrito, se declarará incompetente de plano y mandará remitirla con sus anexos al que corresponda su conocimiento. Y, en sentido contrario, cuando se presenta ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales procede el amparo directo, el artículo 47 de la ley de la materia dispone que dicho juzgador debe declararse incompetente de plano y remitir la demanda al Tribunal Colegiado que corresponda. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el error por desconocimiento de la vía no debe dejar en estado de indefensión al quejoso, por lo que en caso de que la demanda llegue de manera extemporánea al órgano competente para resolver el asunto, la fecha que se debe tomar en cuenta para analizar la oportunidad del juicio será aquella en la que se promovió originalmente, no obstante que haya sido ante autoridad incompetente. En estos casos se presume que hubo por parte del quejoso un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar un acto de autoridad. Este criterio ha sido plasmado en las tesis de rubros: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO." "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." De las tesis de referencia se destaca que dicha determinación solamente es aplicable en aquellos casos en los que existía convicción del quejoso en promover juicio de amparo en la forma en la que se presentó, ello, por un error involuntario derivado del desconocimiento de la vía procedente. Esto es, se trata de supuestos en los que, en virtud de haber cometido un error de buena fe procesal, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso. De ahí que no sea dable considerar que dicha interpretación jurisprudencial pueda extenderse a supuestos diversos, ya que, como se señaló al principio de este considerando, la Ley de Amparo no permite que la presentación de una demanda en la vía incorrecta interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. En este orden de ideas, la Primera Sala de nuestro máximo tribunal estimó que si bien un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, lo cierto es que si de constancias de autos se desprende que el quejoso incurre en un segundo error al promover amparo directo en contra de un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Cabe destacar que, para llegar a la conclusión anterior, se requiere que el Tribunal Colegiado al que le turnaron inicialmente los supuestos amparos directos, al declarar su incompetencia legal, haya expuesto al quejoso los supuestos de procedencia del amparo directo y que hubiese aclarado que en contra de este tipo de actos procedía el juicio biinstancial. Esta condición permite que el quejoso tenga el conocimiento necesario y suficiente de la vía procedente, como para que el Juez tenga por acreditado que el error en la vía deriva de una intención indebida para dilatar el procedimiento o de una temeridad procesal. De tal suerte, si de constancias de autos se desprende que el quejoso ya había sido informado acerca de la vía adecuada en una ocasión previa y, no obstante ello, decide promover un segundo amparo directo de manera indebida en las mismas condiciones que el amparo anterior, el juzgador ya no se encuentra autorizado a aplicar la excepción a la regla sobre la no interrupción del plazo para presentar la demanda de amparo. Ello dado que presumir en todos los supuestos que el quejoso desconocía la vía procedente, sería aplicar una excepción como regla y permitir que la equivocación injustificada de la vía interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. En el caso, el quejoso promovió su demanda como amparo directo, en la que reclamó la resolución de veinte de febrero de dos mil quince, dictada en el toca 507/2015 de la estadística de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, que confirmó la sentencia interlocutoria de uno de septiembre del año dos mil quince, dentro del juicio ordinario civil C145/2003 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, sobre acción de rescisión de contrato de compraventa y otras prestaciones. En concordancia con la vía elegida (amparo directo), presentó su demanda ante la propia autoridad responsable, quien a su vez la remitió al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en esta ciudad. El conocimiento del asunto le correspondió al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, donde se radicó con el número 363/2008-II, y por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil ocho, se determinó lo siguiente: "En consecuencia, atenta su naturaleza, el acto reclamado no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen, sino después de concluido el juicio; por tanto, no queda comprendido en las hipótesis prevista por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, de ahí que no se surte la competencia legal de este Tribunal para conocer del asunto, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 34 del invocado ordenamiento legal, sino que tal competencia corresponde a un Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto por el numeral 107, fracción IV, de la Ley de la materia." (Subrayado añadido). Sin embargo, a juicio de este juzgador, el presente juicio de amparo debe desecharse, en virtud de que la presentación de la demanda de amparo resultó extemporánea, lo que propició que el acto reclamado quedara tácitamente consentido. Se afirma lo anterior, debido a que derivado de una exhaustiva revisión de los autos originales del juicio de origen que fueron allegados por la Sala responsable, se advirtió la existencia del juicio de amparo 363/2008-II promovido por el ahora quejoso **********, el cual se determinó que correspondía a la vía indirecta que se debe proponer ante un Juez de Distrito, como a continuación se reseña: El entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito, por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil ocho, emitido en el juicio de amparo directo civil 214/2008 de su índice, declaró que la vía de amparo directo intentada no era la correcta; por lo que ordenó remitir la demanda y anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno con residencia en Celaya, Guanajuato, en los siguientes términos: "En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de diez de enero de dos mil ocho pronunciada por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en el toca número 700/2007, que revocó la diversa de veintinueve de octubre de dos mil siete, dictada por la Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, y desaprobó la plantilla de liquidación propuesta en el incidente de liquidación de sentencia , derivado del juicio ordinario civil 145/2003. Luego, atenta a su naturaleza, dicho acto no es sentencia definitiva ni tampoco resolución que ponga fin a un juicio, por lo cual no queda comprendido en las hipótesis previstas por los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, de ahí que no surte la competencia de este Tribunal para conocer del asunto en términos de lo previsto en el diverso numeral 158 del invocado ordenamiento legal, sino que tal competencia corresponde a un Juez de Distrito conforme a lo dispuesto por el numeral 114 de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 47 del invocado ordenamiento legal se ordena remitir la demanda de que se trata y su anexos al Juez de Distrito en el estado en turno, con sede en Celaya, Guanajuato." (Subrayado añadido). Conforme a lo expuesto, resulta claro que el quejoso tenía pleno conocimiento de que los actos dictados después de concluido el juicio se deben impugnar en la vía de amparo indirecto, pues así se le hizo saber en el indicado juicio de amparo que promovió previamente a la demanda que ahora se analiza. No obstante ello, decidió plantear su demanda como amparo directo y presentarla ante la autoridad responsable. En estas condiciones, ya no se puede estimar que se esté ante el caso de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente y, por lo tanto, no se trata de un error de buena fe procesal, sino de un acto consciente y deliberado, ejecutado con temeridad, al pretender abusar de la presunción de la buena fe y burlar de esa manera la norma que establece la forma de presentación de una demanda de amparo indirecto. Tan es así, que el juicio de amparo de referencia se desechó con motivo de que se encontraba en trámite el diverso juicio constitucional 107/2008-II del índice de este órgano jurisdiccional, que promovió en la vía indirecta el aquí quejoso. Sin que sea obstáculo a esta conclusión el hecho de que la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizada líneas atrás, haya considerado casos en que los actos reclamados se trataban de resoluciones dictadas en cumplimiento de una sentencia de amparo indirecto, pues, a juicio de quien resuelve, el punto esencial consiste en que el quejoso tenga conocimiento de la vía que debe emplear para combatir el acto reclamado, y que existan datos que permitan establecer que no se está ante un caso de error de buena fe. Por lo tanto, en el presente asunto, para efectos de determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, se debe tomar en consideración la fecha en que llegó para su conocimiento al Juez de Distrito, no así la fecha en que fue presentada ante la autoridad responsable. En estas condiciones, es necesario apuntar que el quejoso en su escrito inicial de demanda, declaró que el acto reclamado le fue notificado el veintiuno de octubre del año en curso, manifestación a la que se le otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Esta fecha se corrobora con lo asentado por la autoridad responsable en la certificación que realizó al pie de la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo. Entonces, si la resolución reclamada se le notificó al quejoso el veintiuno de octubre del año en curso, surtió sus efectos el veintidós siguiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 330, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En este orden de ideas, el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintitrés de octubre pasado al trece de noviembre de dos mil quince, tomando en consideración que fueron inhábiles los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre; así como los días uno, siete y ocho de noviembre, por tratarse de sábados y domingos, y el dos de noviembre es inhábil por motivo de la circular 29/2015 emitido por el pleno de la judicatura federal, conforme a lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si la demanda de amparo llegó a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el quince de los corrientes, es inconcuso que su presentación resulta extemporánea y, por consiguiente, los actos reclamados se deben considerar tácitamente consentidos, según lo establecido en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo. Además, la resolución reclamada no configura un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no se cuestiona una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngasele al gestionante señalando como domicilio la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, ya que de la interpretación de los artículos 25, 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, se establece que la lista de acuerdos que se fija en los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del órgano de control constitucional correspondiente, lo que faculta al solicitante de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) la lista de acuerdos que se fija en los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; lo que lleva a considerar que el peticionario del amparo quiso señalar la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda a un Tribunal Colegiado con domicilio en la ciudad de Guanajuato se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del tribunal al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo. Asimismo, téngasele autorizado autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alicia del Carmen Carpio Vargas, en virtud de que cuenta con cédula profesional número 4644027 registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, dado lo voluminoso de las constancias que remitió la superioridad y para el mejor manejo del expediente, se ordena formar cinco tomos de pruebas. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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