Gustavo Luna Rodriguez

Expediente 456/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
456/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • Gustavo Luna Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Como lo pide ... acúsese el recibo del diverso oficio 23746/2018, relativo al exhorto 415/2018 con número de orden 618/2018, lo anterior para los efectos legales que estime pertinentes.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Xalapa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado en sus términos el exhorto número 475/2018 (número de orden 701/2018), que le fue remitido por este Tribunal Federal, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado notificara al quejoso Gustavo Luna Rodríguez, el auto de dos de los actuales, mismo que sobreseyó fuera de audiencia el presente contradictorio constitucional, lo que así hizo y acredita con la constancia que adjunta. En consecuencia, se tiene por notificado de dicho acuerdo el impetrante de amparo. Sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo, toda vez que el mismo se generó al momento de que se recibió vía electrónica la comunicación aludida, como consta con el número de folio electrónico que lo valida. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado residente en esta ciudad, por el cual informa que en acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, emitido en el proceso penal número 93/2014, instruido en contra del quejoso Gustavo Luna Rodríguez y otros encausados, declaró cerrada la instrucción de esa causa penal y libró exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, a efecto de que señale fecha para el desahogo de la audiencia final. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: ".La negativa del Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia de ordenar el cierre de instrucción de la causa penal 93/2014 del índice de este órgano jurisdiccional." Acto respecto del cual, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de la Materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía al Juez Primero de Distrito en el Estado con sede en esta capital, la negativa de ordenar el cierre de instrucción de la causa penal 93/2014; y si del contenido del oficio que remitió la autoridad responsable se desprende lo siguiente: "...no existe recursos ni juicio de amparo pendientes por resolver y por parte de este órgano jurisdiccional no obran pruebas oficiosas por desahogar; por tanto, y en atención a que el procedimiento sumario, se rige por los artículos 152 y 307, del Código Federal de Procedimientos Penales, razón por la que se debe procurar cerrar la instrucción, dentro de los plazos establecidos en los numerales en mención, sin que previamente se tenga que declarar agotada la misma, con fundamento en lo establecido en el artículo 152, inciso b), fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales, se declara cerrada la instrucción, en la presente causa penal." [.] ".líbrese atentos exhortos a los Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, y de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirvan señalar en coordinación que se realice vía "Tel Red", con este órgano jurisdiccional, FECHA para el desahogo de la AUDIENCIA FINAL, la cual se llevará a través del método alternativo denominado VIDEOCONFERENCIA, en la modalidad de TRIPARTITA." [.] Notifíquese personalmente.". De ahí que, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Por tanto, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de julio del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora, dado que el quejoso Gustavo Luna Rodríguez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residente en la Congregación Cerro de León, Municipio de Villa Aldama Veracruz; por tanto, con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27, fracción II de la Ley de la Materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno con sede en Xalapa, por medio de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con las medidas legales que estime necesarias y con plenitud de jurisdicción, ordene a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro penitenciario y notifique personalmente esta determinación al quejoso Gustavo Luna. Hecho que sea lo anterior, devuelva la comunicación de que se trata, por la misma vía, anexando las constancias que acrediten su cumplimentación. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. En términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo con el oficio de cuenta se tiene al Juez Primero de Distrito en el Estado residente en esta ciudad por rendido su INFORME JUSTIFICADO, al que anexa las documentales que lo sustentan; con ello dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo, se ordena formar dos tomos de pruebas para mejor manejo del expediente. Notifíquese.

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