Gustavo Luis Huerta Yedra
Expediente 61/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gustavo Luis Huerta Yedra
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, siete de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Visto el oficio 2555/2023 signado por la secretaria de este Juzgado, mediante el cual remite el original del escrito de ampliación de demanda de ***, contra actos de la Juez de Control de la Región Judicial Centro del Distrito de la Ciudad de Puebla, ADRIANA DOLORES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, en cumplimiento al acuerdo de diecisiete de enero de este año, pronunciado dentro del juicio de amparo 13/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 61/2023. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del contenido del citado libelo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: ".La imposición de las medidas cautelares, en general, ordenadas en la audiencia celebrada el 16 de diciembre de 2022, dentro de la causa penal 4015/2022/PUEBLA; particularmente, me duelo de la imposición de la medida cautelar consistente en la prohibición de salir del país, toda vez que, tal como evidenciaré al exponer los conceptos de impugnación, tal medida es violatoria de los artículos 11 y 16, primer párrafo del Constitución. La inconstitucionalidad del artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que, la medida contenida en esa fracción se traduce en una limitación a la libertad personal y de tránsito, al obligarlas a permanecer en un lugar y tiempo determinados, bajo ciertas condiciones que fijará el juez, lo cual es totalmente contradictorio con los artículos 11, 14, 16, 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De donde deriva, así como del análisis integral de la demanda, que el acto reclamado destacado lo constituye la audiencia (de revisión de medidas cautelares) celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal 4015/2022/PUEBLA en la cual se le impusieron medidas cautelares, particularmente, la prohibición de salir del país; y, de forma accesoria a ese acto, reclama la inconstitucionalidad del artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, teniendo como acto de aplicación de tal precepto, el antes mencionado. Ahora bien, respecto al acto reclamado en forma destacada, en el apartado "V. Fecha de Notificación", del escrito que se provee, el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la resolución combatida le fue notificada en la misma fecha de su dictado, esto es, la madrugada del diecisiete de diciembre de dos mil veintidós; manifestación que constituye una confesión expresa de su parte, que hace prueba plena, en términos de los numerales 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, pues se hizo sobre un hecho propio del promovente -quien promueve por su propio derecho-, en lo concerniente a la fecha en que se le practicó la notificación del acto reclamado, aunado a que, en virtud de que es quien firma la demanda de amparo, puede concluirse que se trata de una persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento de la circunstancia que narra, sin que se advierta coacción o violencia para hacerlo en esos términos, máxime que su actuación guarda congruencia con el desarrollo del diverso juicio de amparo 13/2023 del índice de este juzgado, pues fue a virtud del desahogo del requerimiento formulado en ese expediente el cinco de este mes y año, que presentó el escrito que aquí se provee, con el fin de acatarlo. En ese sentido, conforme a lo manifestado por el quejoso, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I.-Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1. Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; 2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Supuestos que en la especie no se actualizan, pues como se indicó, se reclamó la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós dentro de la causa penal 4015/2022/PUEBLA; particularmente, la imposición de la medida cautelar consistente en la prohibición de salir del país y, concomitante a ello, la inconstitucionalidad de la norma que la establece y, por ende, en la cual se funda, en ese aspecto, dicha resolución. Ahora, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1, Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3. Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el punto 1 anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de garantías que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Esto, pues como se expuso, el quejoso manifestó que fue notificado de la resolución dictada en la audiencia referida, en la misma fecha de su dictado, lo cual ocurrió el día diecisiete de diciembre de dos mil veintidós; día sábado, por lo cual tal actuación se tiene por practicada el día hábil siguiente, eso es, el lunes diecinueve de ese mes y año. Esto último, tomando en consideración el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige el acto reclamado, que dispone: "Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente." De tal precepto se desprende que serán computables los días inhábiles, cuando se trate de actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso. No obstante, la audiencia de revisión de medidas cautelares no encuadra en tales excepciones; de ahí que la notificación debe considerarse practicada, en el caso, en día inhábil, de manera que su práctica se entiende efectuada el día hábil siguiente, tal como antes se indicó. Por lo que, conforme a las reglas que para plazos establece el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales -en tanto que es obligación de las partes estar presentes en las audiencias públicas y orales que se celebran en el proceso penal instaurado en su contra-, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (trece de enero de dos mil veintitrés, conforme al sello estampado en la foja 1 de la demanda que se acuerda, respecto a su recepción en la Oficina de Correspondencia Común en los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla) se excedió el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues tal notificación surtió efectos el día hábil siguiente al en que se realizó tal notificación (martes veinte), entonces, el plazo referido empezó a correr el miércoles veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, feneciendo el martes diez de enero de este año, sin contar los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como el uno, siete y ocho de este mes y año, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración, además, lo dispuesto en de los artículos 56, 62, 63 y 82 fracción I inciso a), último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso GUSTAVO LUIS HUERTA YEDRA, consintió tácitamente el acto reclamado ya que no obstante haber sido notificado de tal resolución el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, al tratarse de una audiencia oral y pública que se desahoga con las presencia de la partes conforme al referido Código Nacional de Procedimientos Penales, promovió este juicio hasta el trece de enero de dos mil veintitrés, según la data que obra en el sello estampado por la Oficialía de Correspondencia indicada, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles; por lo cual se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, invocado y, por tanto, se desecha de plano la demanda, con fundamento en los diversos 17, 18, 22 y 113, todos de la Ley de Amparo. Lo cual se sustenta en la tesis de rubro: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)]." No se soslaya el hecho de que el escrito de ampliación de demanda que dio origen al expediente en que se actúa, fue con motivo de la prevención formulada en cinco de enero del año en curso dentro del diverso juicio de amparo 13/2023 del índice de este órgano jurisdiccional; pues, con independencia de que tal escrito se presentara dentro del plazo ahí otorgado; sin embargo, en el acuerdo de trece siguiente, con cuyo contenido se remitió el oficio y la demanda respectiva, se estimó que el acto reclamado por el quejoso en tal escrito no guardaba relación estrecha con los inicialmente reclamados, por lo cual se ordenó su remisión a la multicitada Oficina de Correspondencia Común para su turno al órgano correspondiente, esto es, como una nueva demanda; por lo que, al manifestar el quejoso la fecha en la cual fue notificado del acto reclamado ello obliga a este órgano de control constitucional a analizar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo entablado en su contra, lo cual se hizo en este acuerdo, con la conclusión alcanzada, esto, con independencia de la prevención formulada y del lapso que se concedió para cumplirla. Tampoco pasa inadvertido que el quejoso también se queja de la inconstitucionalidad del artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, ello lo hace depender de la aplicación de esa porción normativa en la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 4015/2022/PUEBLA; esto es, tal norma no se reclama como autoaplicativa, sino con motivo de un acto concreto de aplicación, que en el caso lo es la determinación adoptada por la autoridad responsable en dicha audiencia; de manera que, al desechar la demanda por ese acto reclamado destacado, la inconstitucionalidad atribuida a la norma también reclamada no puede analizarse en forma independiente, pues constituye un vicio que se atribuye a dicho acto y, por tanto, debe seguir la suerte del acto del cual depende. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con datos de localización, rubro y texto: Registro digital: 182254 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: III.3o.A.9 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Febrero de 2004, página 978 Tipo: Aislada "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, ES IMPROCEDENTE AQUÉL, NO OBSTANTE QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO TODAVÍA LOS TREINTA DÍAS PARA IMPUGNARLAS COMO AUTOAPLICATIVAS. De conformidad con los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, existen dos oportunidades para combatir una ley mediante el juicio de garantías: la primera, desde su entrada en vigor, si causa perjuicio al quejoso y, la segunda, contra el primer acto de aplicación, aunque no se haya reclamado como autoaplicativa. Sin embargo, esta dualidad de oportunidades no debe entenderse en el sentido de que coexistan, de manera que si el peticionario de garantías promovió la demanda con motivo de su primer acto de aplicación, pueda acogerse al término de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, bajo la postura de que la reclama como autoaplicativa. Ello en virtud de que el segundo párrafo de la fracción XII del referido numeral 73 es tajante al establecer que "No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.", lo que significa que al no haberse impugnado la ley dentro del genérico plazo de quince días, en relación con el primer acto de aplicación, debe estimarse consentida porque la quejosa no acudió a tiempo a combatirla con base en tal acto de aplicación, no obstante que no hayan transcurrido todavía los treinta días para reclamarla como autoaplicativa, en tanto que ésta es una fórmula de excepción a la que es posible acudir si no media acto concreto de aplicación." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 13/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, se ordenó la remisión del escrito de ampliación de demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en dicha demanda de amparo, sito en BOULEVARD AMÉRICA, NÚMERO TRESCIENTOS OCHO (308), TORRE ELEMENTA, PISO 17, OFICINA 1703, LOMAS DE ANGELÓPOLIS, TLAXCALANCINGO, y por autorizados a CÉSAR SÁNCHEZ ICAZBALCETA, YOSIAS ESAU HUERTA SÁNCHEZ y MIGUEL PRIETO LERMA, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, de manera restringida a as ARELI MARIBEL PÉREZ TAMARIZ y MARIO MARTÍNEZ VIDAL, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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