Gustavo López Zamarripa

Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
503/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Gustavo López Zamarripa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil veintiuno. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto **********/2020-V, promovido por **********. C O N S I D E R A N D O Demanda de amparo. Mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el cinco de octubre de dos mil veinte, ********** solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal de esta ciudad, a quien le reclamó: (.) La omisión de la responsable de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 685, 763, 871, 873 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo (.) al llevar a cabo las diligencias tendientes a lograr la notificación personal de los testigos ofrecidos por la parte demandada del juicio de origen, parte tercero perjudicada de esta solicitud de amparo, ya que hasta la fecha dicha autoridad a omitido sin causa o justificación alguna llevar a cabo la notificación de los testigos en comento (.) siendo el caso que hasta la fecha, no se ha llevado a cabo el desahogo de los testigos ofrecidos por la parte hoy tercero perjudicada (Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua) (.) Concesión de amparo. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.] se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la responsable: 1. A las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, lleve a cabo el desahogo de las testimoniales a cargo de Rosalía Valdez Ordoñez y Rubén Muro Correa; 2. En caso de que los atestes no comparezcan en la hora y fecha señalada, haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente **********/2016, acorde a lo establecido en el ordinal 731, fracción II, en correlación con el 814, de la Ley Federal del Trabajo; debiendo proveer lo legalmente necesario para la presentación de los testigos de marras. [.] Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria, sin que hubiere sido necesario requerir a la responsable, ya que el dos del actual, se recibió el oficio enviado por la Presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, anexo al cual remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veintiséis de febrero pasado en el expediente **********/2016, en la que se desahogaron las testimoniales a cargo de **********. Documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. Vista a las partes. En proveído de nueve de marzo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con la determinación dictada por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que hubieren hecho manifestación alguna no obstante haber quedado debidamente notificado el once del actual. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a Gustavo López Zamarripa, y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, ya que la Presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, por audiencia celebrada el veintiséis de febrero pasado en el expediente **********/2016, desahogó las testimoniales a cargo de **********. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, esta Juzgadora advierte que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al promovente en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto **********/2020 ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. En este tenor, se advierte que en la ejecutoria de referencia se otorgó la protección de la Justicia Federal a Gustavo López Zamarripa, para los efectos siguientes: [.] se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la responsable: 1. A las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, lleve a cabo el desahogo de las testimoniales a cargo de **********; 2. En caso de que los atestes no comparezcan en la hora y fecha señalada, haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente 80/2016, acorde a lo establecido en el ordinal 731, fracción II, en correlación con el 814, de la Ley Federal del Trabajo; debiendo proveer lo legalmente necesario para la presentación de los testigos de marras. [.] En este sentido, el dos del actual, se recibió el oficio enviado por la Presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, anexo al cual remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veintiséis de febrero pasado en el expediente **********/2016, en la que se desahogaron las testimoniales a cargo de **********. Atento a lo anterior, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa, que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia está cumplida o no, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo **********/2020-V, promovido por Gustavo López Zamarripa, por su propio derecho. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en misma fecha a este órgano jurisdiccional, **********, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal de esta ciudad, a quien le reclamó: (.) La omisión de la responsable de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 685, 763, 871, 873 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo (.) al llevar a cabo las diligencias tendientes a lograr la notificación personal de los testigos ofrecidos por la parte demandada del juicio de origen, parte tercero perjudicada de esta solicitud de amparo, ya que hasta la fecha dicha autoridad a omitido sin causa o justificación alguna llevar a cabo la notificación de los testigos en comento (.) siendo el caso que hasta la fecha, no se ha llevado a cabo el desahogo de los testigos ofrecidos por la parte hoy tercero perjudicada (Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua) (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de seis de octubre de dos mil veinte, la demanda de amparo se registró con el número **********/2020-V, se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura l, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un procedimiento de carácter jurisdiccional que se lleva dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. La omisión de notificar a los atestes **********, dentro del expediente **********/2016, del sumario del Tribunal de Arbitraje Municipal. 2. La omisión de desahogar las declaraciones a cargo de los testigos **********, dentro del expediente **********/2016, del sumario del Tribunal de Arbitraje Municipal. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia **********/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la Presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, no obstante que manifestó su inexistencia; lo anterior es así, pues del sumario, se desprende que la demanda de amparo fue presentada el cinco de octubre de dos mil veinte, mientras que la autoridad responsable emitió proveído el cinco de enero del año que transcurre ordenando citar a los atestes ofrecidos en el expediente de origen **********/2016. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad en cita precisara que no fue posible llevar a cabo dichas diligencias el quince de diciembre de dos mil veinte, en virtud de que ese Tribunal suspendió toda actividad jurídica y administrativa ante la pandemia por covid-19, del trece de octubre de dos mil veinte al cuatro de enero de dos mil veintiuno; pues no anexó a su informe las documentales que acrediten que efectivamente haya dictado acuerdo en el que ordenó que dichas testimoniales se verificaran en dicha fecha, menos aún que los testigos hayan sido citados debidamente. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, respecto al acto reclamado precisado en el punto número uno, consistente en: 1. La omisión de notificar a los atestes Rosalía Valdez Ordoñez y Rubén Muro Correa, dentro del expediente 80/2016, del sumario del Tribunal de Arbitraje Municipal. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que, de las constancias remitidas por la responsable adjuntas a su informe, relativas al expediente laboral **********/2016 promovido por ********** en contra del Municipio de Juárez, Chihuahua, se desprende que en proveído de cinco de enero de dos mil veintiuno, la responsable se pronunció en relación a la notificación o citación de los testigos **********, en el que determinó: (.) se regulariza el procedimiento en términos del artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria, se señalan para la continuación las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo el desahogo de las Testimoniales ofrecidas por la parte demandada a cargo de los C.C. ROSALÍA VALDEZ ORDOÑEZ y RUBÉN MURO CORREA, a quienes se les deberá de citar el domicilio que se ubica en la **********, en esta ciudad, respectivamente, por lo que túrnense los autos al C. Actuario adscrito a este Tribunal para que notifique personalmente a los testigos señalados en el presente acuerdo en los domicilios señalados en autos, apercibidos los oferentes de las pruebas, que de resultar incorrectos los domicilios señalados o de no habitar los testigos en dichos domicilios, quedará a cargo del oferente su presentación, así mismo, apercíbase a dichos atestes que una vez citados y no comparezcan a la audiencia respectiva, se les aplicara las medidas de apremio señaladas en la fracción II del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. (.) Aunado a lo anterior, obran las cedulas de notificación de once de enero de dos mil veintiuno, realizadas por el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario Notificador del Tribunal de Arbitraje Municipal, de las que se desprende que, a las diez horas con treinta minutos de la data señalada, se hizo saber de manera persona a la testigo **********, la obligación de comparecer a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable; mientras que la cédula de notificación dirigida a **********, a las once horas con treinta minutos, fue entregada a **********, guardia del fraccionamiento donde actuó dicho funcionario. De lo expuesto con antelación se deduce que los atestes de marras fueron citados en términos de los numerales 813, fracción II1 y 8142 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que, el acto que por esta vía se reclama consistente en la omisión de la autoridad responsable de citar a **********, debe estimarse que ha cesado, ya que con la emisión del auto de cinco de enero de dos mil veintiuno, transcrito líneas precedentes, así como con las notificaciones realizadas el once de los mismos por el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario Notificar de esa adscripción, cesó la omisión reclamada. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, Febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: 1 813.- Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes debe probar, están obligados a declarar como testigos. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes: (.) II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse al Tribunal que los cite, señalando la causa o motivo justificados que se lo impidan, en cuyo caso deberá proporcionar su domicilio y, de resultar éstos incorrectos, quedará a cargo del oferente su presentación; 2 814.- El Tribunal, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración en la hora y día que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentado por medio de la fuerza pública. ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto materia de estudio en este considerando. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. En lo relativo al acto reclamado en el punto número dos, consistente en: 2. La omisión de desahogar las declaraciones a cargo de los testigos **********, dentro del expediente **********/2016, del sumario del Tribunal de Arbitraje Municipal. La parte quejosa arguye que no se ha llevado a cabo el desahogo de las testimoniales ofertadas por la parte demandada en el juicio de origen, sin que exista razón o motivo justificado para ello, de ahí que no se le ha administrado justicia en los términos legales. El concepto de violación esgrimido resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos los siguientes: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, de octubre de 2007, novena época, registro 171257, del tenor siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por otro lado, es necesario precisar que los preceptos 685, 731, fracción II, 776, fracción III, 813, fracción II, 814, 819, 873 y 883, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la fecha de la presentación de la demanda (18 de noviembre de 2016) son del contenido siguiente: 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.) 731. El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los Auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: (.) II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y (.) 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: (.) III. Testimonial; (.) 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes: (.) II. Indicará los nombres de los testigos; cuando exista impedimento para presentarlos directamente, podrá solicitar a la Junta que los cite, señalando la causa o los motivos justificados que se lo impidan, en cuyo caso deberá proporcionar sus domicilios y, de resultar éstos incorrectos, quedará a cargo del oferente su presentación; (.) 814. La Junta, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración en la hora y día que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentado por medio de la fuerza pública. 819. Al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, y la Junta dictará las medidas necesarias para que comparezca a rendir su declaración, el día y hora señalados. 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. (.) 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. Lo anterior, permite deducir la sencillez y concentración del procedimiento laboral, que se constriñe a que en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y deberá, en su caso, dictar todas las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido, según lo dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Además, se advierte que a efecto de que la Junta Federal logre el cumplimiento de las determinaciones en el trámite del procedimiento laboral, puede aplicar cualquiera de los medios de apremio. Ahora bien, es cierto que del contenido de las constancias que conforman el presente juicio de amparo se advierte que el cinco de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal de Arbitraje Municipal dictó un auto en el que ordenó el desahogo de las testimoniales a cargo de **********, y para tales efectos señaló las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, comisionando al actuario para que citara a los testigos, lo cual se verificó el once del mismo mes y año, según consta en las cédulas de notificación realizadas por el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario Notificador, sin que a la fecha en que se dicta esta resolución se haya llegado la data para celebrar la diligencia en comento. Sin embargo, debe decirse, que el juicio de origen, atento a lo expresado por la parte quejosa y sin que ello fuera controvertido por la autoridad responsable, se radicó el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, han transcurrido más de cuatro años de aquella data a la fecha; por lo que no es óbice a lo anterior, que la autoridad en cita precisara que no fue posible llevar a cabo dichas diligencias el quince de diciembre de dos mil veinte, en virtud de que ese Tribunal suspendió toda actividad jurídica y administrativa ante la pandemia por covid-19, del trece de octubre de dos mil veinte al cuatro de enero de dos mil veintiuno; pues no anexó a su informe las documentales que acrediten que efectivamente haya dictado acuerdo en el que ordenó que dichas testimoniales se verificaran en dicha fecha, menos aún que los testigos hayan sido citados debidamente, y como ya se dijo, ha transcurrido en exceso el tiempo para que se desahoguen las pruebas ofertadas en el sumario de origen. De ahí que el actuar de las autoridades responsables, resulte violatorio del derecho fundamental de la parte agraviada, de administración de justicia pronta, expedita e imparcial, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la responsable: 1. A las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, lleve a cabo el desahogo de las testimoniales a cargo de **********; 2. En caso de que los atestes no comparezcan en la hora y fecha señalada, haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente 80/2016, acorde a lo establecido en el ordinal 731, fracción II, en correlación con el 814, de la Ley Federal del Trabajo; debiendo proveer lo legalmente necesario para la presentación de los testigos de marras. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclama al Tribunal de Arbitraje Municipal, para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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