Gustavo López Mondragón

Expediente 1207/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1207/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Gustavo López Mondragón
  • Congreso del estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por el que se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por las autoridades responsables. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por el Agente de Tránsito del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, Síndica Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano, Zapata, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Emiliano, Zapata, Presidente Municipal de Emiliano, Zapata, Directora de Tránsito Municipal de Emiliano, Zapata, Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata y Propietaria del negocio Grúas Ángeles. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud que con esta fecha se da vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DSE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. Mediante escritos presentados el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial y el veintidós del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Olga Lidia García Parra, por su propio derecho y promoviendo en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos, y Erika Karina Cazarez Maldonado, por su propio derecho y en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos reclamados siguientes: Autoridad responsable: ° Magistrado de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Actos reclamados: ". LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO TJA/5ASERA/004/18-JDN, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.". SEGUNDO. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1234/2022, promovido por Olga Lidia García Parra, por su propio derecho y promoviendo en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos, y en la misma fecha antes citada también se radicó el juicio el amparo 1235/2022, promovido por Erika Karina Cazarez Maldonado, por su propio derecho y en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos, se admitieron las demandas de amparo, y en esta última se ordenó su acumulación al presente juicio, y se procedió a requerir a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, se emplazó a la presente contienda constitucional al tercero interesado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a las demandas y el análisis de las constancias de autos, se desprende que las ahora quejosas reclaman la: ".LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO TJA/5ASERA/004/18-JDN, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.". Ahora, es pertinente hacer la aclaración que, si bien es cierto las quejosas reclaman de la misma autoridad la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós en el juicio TJA/5ASERA/004/18-JDN, cierto lo es que, se procederá a estudiar en primer término el acto reclamado del juicio de amparo 1234/2022, ello atendiendo que las resoluciones reclamadas fueron dictadas el mismo veintinueve de agosto de dos mil veintidós pero por cuerda separada en razón de que cada quejosa promovió en lo individual el recurso de reconsideración contra acuerdos que se dictaron en lo individual el mismo siete de junio de dos mil veintidós en el citado juicio natural. TERCERO. Certeza del acto reclamado en el juicio 1234/2022 y su acumulado 1235/2022. Es cierto el acto reclamado a la Quinta Sala Especializada de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado y además así se acredita de las constancias remitidas por la responsable. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente TJA/5ªSERA/004/18-JDN, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por cuestión de técnica, previamente a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar si se actualiza o no alguna causa de improcedencia por ser de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito de oficio estudia la siguiente causa de sobreseimiento por cuanto hace a las quejosas. ? Olga Lidia García Parra, en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos, y por Erika Karina Cazarez Maldonado, en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos, quienes carecen de interés jurídico para promover el amparo indirecto contra la resolución reclamada de veintinueve de agosto de dos mil veintidós dictada por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio 1234/2022 y su acumulado 1235/2022. Este juzgador, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, considera que las quejosas en su carácter de funcionarias municipales carecen de interés jurídico para reclamar la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el expediente TJA/5ªSERA/004/18-JDN, que al resolver el recurso de reconsideración, confirmó el auto de uno de abril de dos mil veintidós, que -entre otro punto- impuso una multa económica a las ahora quejosa; en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª/J. 51/2019, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, Olga Lidia García Parra, en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos, y por Erika Karina Cazarez Maldonado, en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos, carecen de interés jurídico en este juicio debido a que la multa económica impuesta en el auto confirmado por la resolución aquí reclamada, se aplica a la persona física o funcionaria que en su actuar como Titular del cargo que tiene como autoridad incurrió en un desacato, y no al órgano de gobierno como tal. En consecuencia, si la medida de apremio impuesta, se dirige a la persona física que ostenta un cargo, no puede reconocérsele el carácter de quejosa a dicha persona en su calidad de autoridad porque de ese modo, no se acredita el interés jurídico requerido para acudir al juicio de amparo. No es óbice a lo anterior el contenido del artículo 7° de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que una persona moral pública pueda solicitar la protección de la justicia federal por conducto de sus personas servidoras públicas o representantes. Sin embargo, este supuesto sólo acontece cuando el acto o la ley que se reclama afecta directamente los intereses patrimoniales de esa entidad, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Pero ello no ocurre en el presente asunto, pues, en todo caso, de hacerse efectivo ese apercibimiento, la persona afectada sería quien ostenta la titularidad de esa oficina u órgano, pero no la persona moral oficial. Con base en lo anterior es que se estima que las ahora quejosas en su carácter que ostentan ante el Municipal de Ocuituco, Morelos, carecen de interés jurídico para reclamar la resolución reclamada, que confirmó el auto que le impuso una multa económica. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ..... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto anterior establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a las que se refiere ese mismo ordenamiento. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5°, todos ellos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de Olga Lidia García Parra, en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos, y por Erika Karina Cazarez Maldonado, en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos. Al no existir alguna otra causal de improcedencia que se hubiera hecho valer por las partes, o que se advierta de oficio, resulta procedente realizar el análisis acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, tal como se estableció en el considerando segundo de esta Sentencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo a estudiar los conceptos de violación, es necesario citar brevemente en lo que interesa los antecedentes del acto reclamado en el juicio 1234/2022, los cuales son los siguientes: 1.- El siete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/ªSERA/004/18-JDN, se emitió acuerdo por parte de la responsable Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de primero de abril de dos mil veintidós, e impuso una multa a la quejosa consistente en sesenta unidades de medida y actualización, correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, lo que equivale a la cantidad de $5,773.20 ( cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 m.n.). 2.- El quince de junio de dos mil veintidós, la hoy quejosa Olga Lidia García Parra, en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos, inconforme con dicha determinación interpuso recurso de reconsideración en contra el citado auto de siete de junio de dos mil veintidós, el cual fue admitido en sus términos el dieciséis de junio de dos mil veintidós y una vez sustanciado dicho recurso. 3.- El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/5ªSERA/004/18-JDN, la autoridad señalada como responsable Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó en sus puntos resolutivos lo siguiente: "PRIMERO. Esta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en los términos precisados en el apartado 4 de la presente resolución. SEGUNDO. Se declaran inoperantes e infundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrentes; por las razones y sustentos legales expresados en el apartado 6.5 de esta sentencia interlocutoria, por tanto, se confirma la ilegalidad del acuerdo impugnado. .". Acuerdo que constituye el acto reclamado. En el primer concepto de violación el recurrente sostiene en síntesis que la autoridad responsable en el estudio de los agravios hechos valer en el recurso que ahora se reclama no lo realizó con exhaustividad, pues le hizo valer a la responsable la ilegalidad de la notificación del auto de uno de abril de dos mil veintidós, sobre el acuerdo que contenía el apercibimiento de una multa de sesenta unidades del valor diario de la unidad de medida y actualización, y que la autoridad en la resolución reclamada del recurso de reconsideración, resolvió que la referida notificación debía combatirse a través del recurso de nulidad de notificaciones, argumentando que el estudio por parte de la responsable debió realizarse de ambos acuerdos, es decir, tanto el del apercibimiento como el auto que decretó la multa, en razón de que bajo ninguna premisa se acredita que en el juicio de origen se haya notificado de manera personal del apercibimiento, ni tampoco la multa decretada a la directamente hoy quejosa. Este concepto es fundado. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable contraviene el derecho de debida fundamentación y motivación, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la resolución reclamada carece de congruencia, claridad y exhaustividad. Ahora, para dilucidar lo anterior, es preciso remitirse al contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales. En el artículo 14 de la Carta Magna, se establece que el debido respeto al derecho de audiencia exige que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)" Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todo acto de autoridad debe constar por escrito, fundado y motivado. Se entiende por fundamentación, la cita del o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, para que se constate la referida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas correspondientes. Por su parte, en el artículo 86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda sentencia se pronunciará de manera clara y concisa, debidamente fundada y motivada. "Artículo 86. Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno; pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos y contener: I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos; II. El examen de valoración de las pruebas que se hayan ofrecido y desahogado en autos; III. La exposición fundada y motivada de las consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir la resolución; IV. Las cantidades liquidas que deban pagarse, cuando se trate de prestaciones de condena, y V. Los puntos resolutivos, en los que se expresará con claridad los alcances del fallo." En el precepto legal antes citado, está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea fundado y motivado, es decir, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro del juicio contencioso, se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Al respecto, la doctrina jurídica identifica dos clases de congruencia, a saber: la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; y la congruencia externa, en cambio, exige que la sentencia resulte acorde con los términos de la litis; lo que se traduce en un imperativo para los órganos jurisdiccionales, quienes al resolver la controversia deben atender a lo planteado por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Por otra parte, la incongruencia externa de la sentencia, se puede presentar, bajo los siguientes aspectos: - Incongruencia por ultra petitia. En este supuesto, la parte dispositiva excede de la pretensión, al conceder o negar lo que nadie ha pedido. -Incongruencia por extra petitia. El ámbito de este supuesto es, no el de que la resolución añada algo a las pretensiones de las partes, sino el de que alguna de las pretensiones sea sustituida por otra que aquéllas no formaron; la incongruencia que en estos casos se produce es mixta, puesto que se omite uno de los puntos debatidos y se agrega indebidamente otro. - Incongruencia por citra petitia, la cual se presenta cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones formuladas. Sobre tales premisas, resulta patente que el principio de congruencia de las sentencias y resoluciones exige que el Juez o Tribunal correspondiente, resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas de la demanda y/o recurso, salvo que exista impedimento legal para ello, lo cual requiere justificarse. Dicho principio, aplicado a los medios de impugnación, consiste en que el Juez o Tribunal que resuelvan el recurso, debe atender en forma exclusiva los agravios expresados por la parte inconforme, pues la litis en el recurso se configura con el escrito de expresión de agravios y la determinación recurrida, siendo ilegal la introducción de elementos ajenos a la misma. Por tanto, como ya se estableció el concepto es fundado por las siguientes razones: Toda vez que debe considerarse que existe una estrecha vinculación entre el apercibimiento de multa y su imposición, pues aquél constituye un requisito mínimo indispensable de ésta, lo cual implica que si no fue debidamente notificado el apercibimiento, el gobernado no estuvo en posibilidad de cumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior es así, pues los requisitos indispensables que debe contener el apercibimiento de multa son: 1) La existencia de una determinación de un órgano jurisdiccional; 2) Que tal determinación se encuentre debidamente fundada y motivada; 3) Que deba ser cumplida por las partes o por los terceros involucrados en el litigio; 4) La comunicación oportuna, mediante la notificación personal al obligado; y, 5) El apercibimiento de que en caso de desobediencia se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. En el caso concreto, en auto de primero de abril de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 28 fracciones V, 35 fracciones I, III, V, VIl, la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, requirió de nueva cuenta a la autoridad condenada y vinculadas para que dentro del tres días dieran cumplimiento total a la sentencia definitiva dictada en el juicio TJA/5ªSERA/004/18-JDN, apercibió a persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de seguridad pública y tránsito municipal de Ocuituco, Morelos, así como a la Síndico Municipal de Ocuituco, Morelos entre otras; autoridades vinculadas, para que en caso de no hacerlo así o no justificar legalmente la imposibilidad que tuvieran para ello dentro del plazo establecido, se les haría efectiva la medida de apremio consistente en multa reiterada de hasta cien veces el valor diario de la unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. Acuerdo que se ordenó notificar como correspondiera a las autoridades condenadas y vinculadas, lo que hizo por oficio a las autoridades requeridas. Posteriormente, el siete de abril de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, notificó la anterior determinación mediante oficio AC5SERA1272/2022, a la Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos. Por acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó que dado que las autoridades condenada y vinculadas, no dieron cumplimiento al proveído de uno de abril de dos mil veintidós, les hizo efectivo el apercibimiento consistente en la medida de apremio de multa reiterada, que en el caso de la aquí quejosa consistió en sesenta unidades de medida y actualización equivalentes a la cantidad de $5,773.20 (cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100), al servidor público Olga Lidia García Parra, en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos. En consecuencia, ordenó girar oficio a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para el registro de la medida de apremio impuesta, debiendo exhibir las documentales fehacientes que acrediten lo anterior, y una vez realizado, se ordenaría el registro de la medida de apremio en sus expedientes personales. Dicho acuerdo se notificó el diez de junio de dos mil veintidós, por oficio AC5SERA2124/2022. De lo anterior, se advierte que como lo expresó la parte inconforme en sus agravios en el juico natural, el apercibimiento de multa no fue comunicado de forma personal a la obligada, aquí recurrente, por lo que no puede considerarse que incumplió en el término que le fue concedido por el órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, establece que: "Artículo 27. Además del emplazamiento, se notificarán personalmente. IV. Los apercibimientos y requerimientos;." Del precepto transcrito se advierte que el acuerdo de apercibimiento debió ser notificado a la ahora recurrente Olga Lidia García Parra, de forma personal y no mediante oficio dirigido a la Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos. En consecuencia, debe concluirse que la responsable al momento de resolver el recurso de reconsideración, debió considerar que la recurrente tuvo conocimiento del apercibimiento consistente en la imposición de una multa de hasta cien unidades de medida y actualización en caso de incumplimiento, toda vez que éste le fue notificado mediante oficio a la Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos. y no personalmente a Olga Lidia García Parra, en consecuencia, no estuvo en posibilidad de acatar lo ordenado en el plazo que se le otorgó. Por tanto, al estar vinculado el acuerdo de apercibimiento con el diverso mediante el cual se le hizo efectivo, no puede considerarse que este último sea legal, de ahí que se advierta principalmente por la responsable la falta de exhaustividad. SEXTO. Ahora procede analizar el acto reclamado por la quejosa Erika Karina Cazarez Maldonado, por su propio derecho y en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos, en el amparo 1235/2022, consistente en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo TJA/5ASERA/004/18-JDN. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo a estudiar los conceptos de violación, es necesario citar brevemente en lo que interesa los antecedentes del acto reclamado en el juicio 1235/2022, los cuales son los siguientes: 1.- El siete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/ªSERA/004/18-JDN, se emitió acuerdo por parte de la responsable Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de primero de abril de dos mil veintidós, e impuso una multa a la quejosa consistente en sesenta unidades de medida y actualización, correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, lo que equivale a la cantidad de $5,773.20 (cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 m.n.). 2.- El quince de junio de dos mil veintidós, la hoy quejosa Erika Karina Cazarez Maldonado, en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos, inconforme con dicha determinación interpuso recurso de reconsideración en contra el citado auto de siete de junio de dos mil veintidós, el cual fue admitido en sus términos el dieciséis de junio de dos mil veintidós y una vez sustanciado dicho recurso. 3.- El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/5ªSERA/004/18-JDN, la autoridad señalada como responsable Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó en sus puntos resolutivos lo siguiente: "PRIMERO. Esta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en los términos precisados en el apartado 4 de la presente resolución. SEGUNDO. Se declaran inoperantes e infundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrentes; por las razones y sustentos legales expresados en el apartado 6.5 de esta sentencia interlocutoria, por tanto, se confirma la ilegalidad del acuerdo impugnado. .". Acuerdo que constituye el acto reclamado. En el primer concepto de violación el recurrente sostiene en síntesis que la autoridad responsable en el estudio de los agravios hechos valer en el recurso que ahora se reclama no lo realizó con exhaustividad, pues le hizo valer a la responsable la ilegalidad de la notificación del auto de uno de abril de dos mil veintidós, sobre el acuerdo que contenía el apercibimiento de una multa de sesenta unidades del valor diario de la unidad de medida y actualización, y que la autoridad en la resolución reclamada del recurso de reconsideración, resolvió que la referida notificación debía combatirse a través del recurso de nulidad de notificaciones, argumentando que el estudio por parte de la responsable debió realizarse de ambos acuerdos, es decir, tanto el del apercibimiento como el auto que decretó la multa, en razón de que bajo ninguna premisa se acredita que en el juicio de origen se haya notificado de manera personal del apercibimiento, ni tampoco la multa decretada a la directamente hoy quejosa. Este concepto es fundado. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable contraviene el derecho de debida fundamentación y motivación, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la resolución reclamada carece de congruencia, claridad y exhaustividad. Ahora, para dilucidar lo anterior, es preciso remitirse al contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales. En el artículo 14 de la Carta Magna, se establece que el debido respeto al derecho de audiencia exige que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)" Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todo acto de autoridad debe constar por escrito, fundado y motivado. Se entiende por fundamentación, la cita del o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, para que se constate la referida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas correspondientes. Por su parte, en el artículo 86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda sentencia se pronunciará de manera clara y concisa, debidamente fundada y motivada. "Artículo 86. Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno; pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos y contener: I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos; II. El examen de valoración de las pruebas que se hayan ofrecido y desahogado en autos; III. La exposición fundada y motivada de las consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir la resolución; IV. Las cantidades liquidas que deban pagarse, cuando se trate de prestaciones de condena, y V. Los puntos resolutivos, en los que se expresará con claridad los alcances del fallo." En el precepto legal antes citado, está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea fundado y motivado, es decir, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro del juicio contencioso, se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Al respecto, la doctrina jurídica identifica dos clases de congruencia, a saber: la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; y la congruencia externa, en cambio, exige que la sentencia resulte acorde con los términos de la litis; lo que se traduce en un imperativo para los órganos jurisdiccionales, quienes al resolver la controversia deben atender a lo planteado por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Por otra parte, la incongruencia externa de la sentencia, se puede presentar, bajo los siguientes aspectos: - Incongruencia por ultra petitia. En este supuesto, la parte dispositiva excede de la pretensión, al conceder o negar lo que nadie ha pedido. -Incongruencia por extra petitia. El ámbito de este supuesto es, no el de que la resolución añada algo a las pretensiones de las partes, sino el de que alguna de las pretensiones sea sustituida por otra que aquéllas no formaron; la incongruencia que en estos casos se produce es mixta, puesto que se omite uno de los puntos debatidos y se agrega indebidamente otro. - Incongruencia por citra petitia, la cual se presenta cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones formuladas. Sobre tales premisas, resulta patente que el principio de congruencia de las sentencias y resoluciones exige que el Juez o Tribunal correspondiente, resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas de la demanda y/o recurso, salvo que exista impedimento legal para ello, lo cual requiere justificarse. Dicho principio, aplicado a los medios de impugnación, consiste en que el Juez o Tribunal que resuelvan el recurso, debe atender en forma exclusiva los agravios expresados por la parte inconforme, pues la litis en el recurso se configura con el escrito de expresión de agravios y la determinación recurrida, siendo ilegal la introducción de elementos ajenos a la misma. Por tanto, como ya se estableció el concepto es fundado por las siguientes razones: Toda vez que debe considerarse que existe una estrecha vinculación entre el apercibimiento de multa y su imposición, pues aquél constituye un requisito mínimo indispensable de ésta, lo cual implica que si no fue debidamente notificado el apercibimiento, el gobernado no estuvo en posibilidad de cumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior es así, pues los requisitos indispensables que debe contener el apercibimiento de multa son: 1) La existencia de una determinación de un órgano jurisdiccional; 2) Que tal determinación se encuentre debidamente fundada y motivada; 3) Que deba ser cumplida por las partes o por los terceros involucrados en el litigio; 4) La comunicación oportuna, mediante la notificación personal al obligado; y, 5) El apercibimiento de que en caso de desobediencia se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. En el caso concreto, en auto de primero de abril de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 28 fracciones V, 35 fracciones I, III, V, VIl, la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, requirió de nueva cuenta a la autoridad condenada y vinculadas para que dentro del tres días dieran cumplimiento total a la sentencia definitiva dictada en el juicio TJA/5ªSERA/004/18-JDN, apercibió a persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de seguridad pública y tránsito municipal de Ocuituco, Morelos, así como a la Síndico Municipal de Ocuituco, Morelos entre otras; autoridades vinculadas, para que en caso de no hacerlo así o no justificar legalmente la imposibilidad que tuvieran para ello dentro del plazo establecido, se les haría efectiva la medida de apremio consistente en multa reiterada de hasta cien veces el valor diario de la unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. Acuerdo que se ordenó notificar como correspondiera a las autoridades condenadas y vinculadas, lo que hizo por oficio a las autoridades requeridas. Posteriormente, el siete de abril de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, notificó la anterior determinación mediante oficio AC5SERA1271/2022, a la Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos Por acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó que dado que las autoridades condenada y vinculadas, no dieron cumplimiento al proveído de uno de abril de dos mil veintidós, les hizo efectivo el apercibimiento consistente en la medida de apremio de multa reiterada, que en el caso de la aquí quejosa consistió en sesenta unidades de medida y actualización equivalentes a la cantidad de $5,773.20 (cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100), al servidor público Erika Karina Cazarez Maldonado, en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos. En consecuencia, ordenó girar oficio a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para el registro de la medida de apremio impuesta, debiendo exhibir las documentales fehacientes que acrediten lo anterior, y una vez realizado, se ordenaría el registro de la medida de apremio en sus expedientes personales. Dicho acuerdo se notificó el diez de junio de dos mil veintidós, por oficio AC5SERA2123/2022. De lo anterior, se advierte que como lo expresó la parte inconforme en sus agravios en el juico natural, el apercibimiento de multa no fue comunicado de forma personal a la obligada, aquí recurrente, por lo que no puede considerarse que incumplió en el término que le fue concedido por el órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, establece que: "Artículo 27. Además del emplazamiento, se notificarán personalmente. IV. Los apercibimientos y requerimientos;." Del precepto transcrito se advierte que el acuerdo de apercibimiento debió ser notificado a la ahora recurrente Erika Karina Cazarez Maldonado, de forma personal y no mediante oficio dirigido en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos. En consecuencia, debe concluirse que la responsable al momento de resolver el recurso de reconsideración, debió considerar que la recurrente tuvo conocimiento del apercibimiento consistente en la imposición de una multa de hasta cien unidades de medida y actualización en caso de incumplimiento, toda vez que éste le fue notificado mediante oficio a la Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos. y no personalmente a Erika Karina Cazarez Maldonado, en consecuencia, no estuvo en posibilidad de acatar lo ordenado en el plazo que se le otorgó. Por tanto, al estar vinculado el acuerdo de apercibimiento con el diverso mediante el cual se le hizo efectivo, no puede considerarse que este último sea legal, de ahí que se advierta principalmente por la responsable la falta de exhaustividad. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Olga Lidia García Parra y Erika Karina Cazarez Maldonado, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos deje insubsistentes las resoluciones de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, y dicte otras en la que atendiendo a lo analizado en la presente resolución, de manera fundada, motivada y congruente, analice la Litis efectivamente planteada en los recursos de reconsideración y los agravios formulados en contra de las determinaciones de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que fue materia de estudio en los recursos hoy materia de actos reclamados y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1234/2022, promovido por Olga Lidia García Parra, en su carácter de Regidora de Gobernación y Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Bienestar Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social e Igualdad y Equidad de Género del Municipio de Ocuituco, Morelos, y su acumulado 1235/2022, promovido por Erika Karina Cazarez Maldonado, en su carácter de Regidora de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Derechos Humanos y Asuntos de la Juventud del Municipio de Ocuituco, Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Olga Lidia García Parra y Erika Karina Cazarez Maldonado, por su propio derecho, contra los actos consistentes en la emisión de las resoluciones de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictadas en los recursos de reconsideración del expediente principal TJA/5ªSERA/004/18-JDN, que reclamó de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, y por los motivos expuestos en el considerando quinto y sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jacobo Jaimes Brito, hasta hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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