Gustavo López Guillen

Expediente 278/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
278/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Gustavo López Guillen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Principal 184/2020 CUENTA. El nueve de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con los oficios registrados en el libro de correspondencia con el número de promoción 7065 y 7139. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido los oficios firmados por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, remite copia certificada del acuerdo de veintiocho de abril del presente año, en el que se advierte que señaló las once horas del trece de mayo para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones realizadas para cumplir con el fallo protector; no obstante ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al desahogo de la diligencia mencionada en el párrafo que antecede, remita copia certificada del resultado de la misma. Apercibida que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo1, se le impondrá 1 DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. [.] TRANSITORIOS una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio2. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    AVISO: NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL ESTABLECE: Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, se advierte que en proveído de siete de abril actual, Arturo Tilapa Vargas, autorizado del quejoso, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicitó la devolución de documentos que se anexaron a la demanda de amparo, se le indicó que una vez que se declarara firme el auto que desechó dicha ?????????????? demanda, se acordaría lo conducente, y toda vez que esto ya aconteció se provee: Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, devuélvanse los documentos que refiere, previa copia certificada quede en autos. En el entendido de que para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberá generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de abril de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que en proveído de uno de abril actual, declaró firme el diverso acuerdo de ocho de marzo del año en curso, en el que desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente sumario. Acúsese recibo. Ahora bien, del estado que guarda el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación de que se trata, así como de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra integrado por reproducciones fotostáticas simples; consecuentemente, para evitar la acumulación innecesaria de documentos, glósese únicamente las actuaciones que obran en original. En ese contexto, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que el efecto de que la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, realice lo siguiente: "- Restituir a la parte quejosa la cantidad que hubiese enterado y las posteriores que haya solventado a la fecha de la demanda de amparo, por concepto de Derecho de Alumbrado Público, en el aviso recibo que a su cardo emitió CFE Suministrador de Servicios Básicos, en virtud de la aplicación de la Ley número 436 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veinte" Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. ?????????????? d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Por tanto, tomando en consideración los lineamientos previstos en la Ley de Amparo, en torno al procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector. En ese tenor, se estima procedente otorgar por única ocasión a las autoridades responsables el improrrogable plazo determinado de TREINTA DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración su complejidad y dificultad, habida cuenta que involucra la entrega de recursos públicos. Dicho plazo determinado se estima prudente y razonable para realizar los trámites administrativos correspondientes para la expedición del cheque por la cantidad que pagó la parte quejosa por concepto de Derecho de Alumbrado Público, debidamente actualizada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, en representación del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; Presidente y Tesorero del mismo, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este proveído, acrediten que ya se acataron la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. En la inteligencia de que se les conmina para que de manera periódica informen los avances que se vayan materializando respecto a la expedición del cheque de mérito. Apercibidos que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable y las vinculadas que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS ?????????????? LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dichas autoridades que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a las autoridades requeridas que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a las autoridades requeridas que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, justifiquen la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Finalmente, con fundamento en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a CFE Suministrador de Servicios Básicos, residente en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita copia certificada del historial de facturación del que se adviertan los pagos que realizó el impetrante Condominio Villas del Mar Punta Ixtapa, Asociación Civil, por concepto de Derecho de Alumbrado Público durante el año dos mil veinte, en relación al servicio 326 090 931 841, y de las documentales de las que se advierta que ya no se le está cobrando dicho rubro, apercibido que de no hacerlo, en términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    CITATORIO: NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 24/03/2022 EL CUAL DETERMINÓ LO SIGUIENTE: resulta evidente que a través de la promoción del presente juicio de amparo se intentan combatir actos que surgen de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables y el impetrante, en la que las primeras hacen las veces de patrón y el quejoso se erige como empleado, por lo que esta instancia resulta improcedente, en virtud de que los actos reclamados dadas las características del caso, no provienen de entes de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, a las autoridades que la parte quejosa señala como responsables, no les reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que, se insiste, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Carta Magna; 1 fracción I y 5 , fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia de esta instancia constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por aquélla la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual forma, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece, tal y como enseguida se explicará con base en los siguientes razonamientos. En primer término, resulta conveniente establecer que procesalmente hablando, "autoridad responsable" es la parte a la cual se demanda en el juicio de amparo; quien emitió o ejecutó el acto combatido a través de este medio de control constitucional; es decir, se connota como todo aquél órgano del estado o particular dotado de facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares e impone a estos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Los órganos del Estado pueden actuar en dos tipos de relaciones de supra a subordinación y en relaciones de coordinación, en las primeras actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen entonces, las características de unilaterales, coercitivos e imperativos, y en las últimas se despojan de ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular. De tal suerte que, para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. Cabe señalar que la relación Estado-empleado se representa por dos características que no deben perderse de vista al analizar su esencia y que se refieren, en principio, a la naturaleza soberana del Estado, uno de los sujetos de esa relación, cuya voluntad orgánica OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE ??????????????? se integra con la de los empleados, en contraste con la relación existente entre el patrón y el obrero, donde ambos sujetos son particulares; y en segundo, la naturaleza del servicio prestado, que es el desenvolvimiento y ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral ordinaria. Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, organización y funcionamiento de aquél, su naturaleza jurídica debía estimarse como administrativa, pero la fuerza del derecho positivo ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole en la generalidad de los casos, aunque respetando a manera de excepción, algunos supuestos bien determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de la relación. Luego, toda vez que del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que el ahora quejoso es trabajador del Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, lo que demás se corrobora con las documentales que exhibió, consistentes en la constancia laboral de veinticinco de febrero del año en curso, dirigida a la Titular de la Unidad Administrativa de la Subsecretaría de Ingresos, en la Secretaría de Finanzas y Administración en el Gobierno del Estado de Guerrero; recibos de pago de la primera y segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo del año actual, así como los recibos de pago por concepto de beca y estimulo de antigüedad. Por tanto, se concluye que en el caso, se está ante una relación de coordinación de tipo laboral entre el promovente y quienes señala como autoridades responsables, en torno a la cual no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso de la afectada, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo; hipótesis que no se actualiza en la especie, al tratarse de una cuestión eminentemente laboral, (la que en todo caso podría dilucidar ante la autoridad laboral que resulta competente), porque aquí se les atribuyen actos que ejercen en calidad de patrón, como lo es la orden de retener el pago del salario como empleado de Gobierno del Estado de Guerrero, con categoría Jefe de Departamento de Confianza. De ahí que, a tales funcionarios no les resulta el carácter de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, de modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva. Es importante señalar que lo anterior no comprende a todos los trabajadores al servicio de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a cinco grupos: 1. Militares; 2. Marinos; 3. Personal del Servicio Exterior; 4. Agentes del Ministerio Público, y 5. Miembros de instituciones policiales. Como se ve, los cinco grupos indicados, constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estado-empleado se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consenso internacional, porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera substanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo; sin que la quejosa se ubique dentro de alguna de las citadas excepciones, según sus propias manifestaciones y las documentales que exhibió. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE ??????????????? En tales términos, al estimarse que los actos que en la especie se reclaman, consistentes en la orden de retener el pago del salario como empleado de Gobierno del Estado de Guerrero, con categoría Jefe de Departamento de Confianza, no se ubican en alguna de la citadas hipótesis; en consecuencia, se trata de una relación laboral, por lo que se concluye que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, por no estar en presencia de una conducta atribuible a una autoridad para efectos de la materia. En tales condiciones, una vez que fue demostrado que los actos reclamados en esta vía de amparo se originan en virtud de una relación entre particulares que deriva de una relación laboral, y no de autoridad a particular, es patente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1, fracción I y 5, todos de la Ley de Amparo. Sin que ello implique, que se provoque un estado de indefensión, pues el quejoso puede acudir al juicio de amparo una vez que resuelva la legalidad de los actos que impugna ante las instancias comunes. En la especie, no se exige el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino que los actos de reproche provengan de autoridad para los efectos del juicio de garantías, por lo que se deja expedito su derecho de comparecer ante la justicia ordinaria que estime conveniente a hacer valer sus derechos, a reclamar la retención de su salario como empleado del Gobierno del Estado de Guerrero, con categoría Jefe de Departamento de Confianza, con número de empleado 48689. Debe agregarse que el hecho de que el acto reclamado no sea de autoridad para efectos del amparo y al efecto se actualice una causa de manifiesta e indudable de improcedencia, no significa que se le violen sus derechos, pues la procedencia del juicio de amparo también se encuentra sujeta a presupuestos procesales y reglas de procedencia. Además, permitir la admisión de la demanda de amparo hasta la celebración de la audiencia constitucional, crearía falsas expectativas a la quejosa, así como se retrasaría la expedites en el asunto pues derivaría igualmente en el sobreseimiento, ya que los actos reclamados no derivan de un acto de autoridad -de supra a subordinación-, en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino que se trata de una relación de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. L/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Tomo IV, Octubre de 1966, página 315, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE UNA SECRETARIA DE ESTADO, CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano