Gustavo Juárez Vásquez

Expediente 694/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
694/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Juárez Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de nueve de junio de dos mil veintidós, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis en la que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto; por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso, el quejoso hace consistir los actos reclamados en la omisión de dictar y notificar el laudo respectivo, dentro del juicio laboral 246/2021-B, del índice del tribunal responsable. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que dicho acto no constituye para la parte promovente del amparo un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Para afirmar lo anterior, debe precisarse que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, no obstante que se duela de violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen. Asimismo, dado que, por regla general, la omisión en que incurre una autoridad al no acordar promociones de las partes en el juicio, o de proseguir en tiempo con su trámite, resulta una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En efecto, el acto reclamado no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. Ahora bien, no se pasa por alto que, sobre el tema relativo a las omisiones en que incurren las autoridades responsables al tramitar un juicio o un procedimiento, bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimó que afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 del Pacto Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. Empero, como se mencionó en párrafos anteriores, con la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo, se estableció claramente que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra violaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos, no así las denominadas intraprocesales. Lo anterior fue establecido por la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 352/2015, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, de la cual derivó la jurisprudencia 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el seis de mayo de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguientes: Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total del juicio natural que amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad laboral debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio jurisprudencial, el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Ahora bien, de conformidad con plazos establecidos en los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo , el dictado de un laudo en un juicio laboral, a más tardar deberá realizarse, de acuerdo a la naturaleza del asunto en particular, dentro de los treinta y tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya declarado el cierre de la instrucción, si no hubiera solicitado alguno de los miembros de la Junta la práctica de las diligencias que estimara necesarias, pues de lo contrario, tal plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas. En ese contexto, en el presente asunto, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, se ordenó que una vez trascurrida la vista de tres días concedida a las partes a efecto de que formularan alegatos, se turnaría el expediente de origen para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo; además, que dicho proveído se le notificó el mismo día. Por tanto, el término de treinta y tres días hábiles, transcurre del dos de mayo al quince de junio del presente año, descontando del cómputo los días sábados y domingos, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 74 de la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala, iniciaría el dieciséis de junio y concluiría el uno de agosto de este año (día hábil siguiente al que fenece el aludido término), con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (siete de junio de dos mil veintidós), habían transcurrido solo veinticinco días hábiles de los treinta y tres que establece la ley, conforme al procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a lo anterior, tal dilación no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y por tanto, la falta de emisión del laudo de que se duele la parte quejosa, no afecta derechos sustantivos, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del juicio. De ahí que los actos reclamados no satisfacen las condiciones para que sean considerados como actos de imposible reparación, ya que no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes analizada, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Gustavo Juárez Vásquez. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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