Gustavo Juarez Hernandez

Expediente 369/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
369/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Juarez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario de acuerdos del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del duplicado del proceso penal 295/2014-8° de su índice (anexo I), que se ordenó remitirle mediante oficio E-336-1, de trece de agosto de dos mil diecinueve, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído feneció el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro orden, devuélvase la documental exhibida por la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado (anexo I); requiriéndolo para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la aludida potestad que para el caso de no atender el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de lo que se advierte que a esta data, feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diez de julio de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Gustavo Juárez Hernández, para los efectos siguientes: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto que el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el trece de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal 295/2014-8 seguido en contra del quejoso Gustavo Juárez Hernández alias "El pilón" o "El rojo". 2) En su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia (primer vicio formal), resuelva la situación jurídica del ahora quejoso, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a. Motivará en forma específica e individualizada, cada uno de los elementos integradores del delito de homicidio calificado que se le imputa al quejoso, de igual forma, precisará de manera clara con qué pruebas se acredita cada uno, así como qué aspectos relevantes se desprenden de las mismas y que resultan útiles para demostrar dichos componentes del delito que nos ocupa, aplicando correctamente, los preceptos legales en los que funde la valoración que realice de tales medios de convicción; en virtud de lo expuesto en esta resolución (segundo vicio formal). b. Realizar por separado, el análisis correspondiente al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado, de tal manera que el quejoso esté en condiciones de distinguir con claridad, los argumentos lógicos-jurídicos, así como las probanzas, en los que la autoridad responsable sustente la acreditación de cada uno de esos aspectos y, tenga oportunidad de ejercer una adecuada defensa (segundo vicio formal). c. Al pronunciar el auto de término constitucional, dentro del capítulo relativo al estudio de la probable responsabilidad del inculpado -aquí quejoso-, deberá realizar pronunciamiento en torno al elemento subjetivo genérico [dolo], así como puntualizar con qué medios de convicción se acredita este (segundo vicio formal). d. La autoridad responsable deberá efectuar en un apartado independiente, el estudio de la calificativa del delito, así como exponer los motivos y los medios de convicción que tomó en consideración para tener por demostrada la misma, a fin de proteger el legítimo y pleno derecho de defensa del peticionario de amparo; además de otorgarle certeza jurídica sobre el delito y la calificativa, por los que se seguirá el proceso penal en su contra (tercer vicio formal). e. Precise qué grado de participación le atribuye al inculpado Gustavo Juárez Hernández alias "El Pilón" ó "El Rojo" -aquí solicitante de amparo-, y destaque qué conducta o conductas llevó a cabo, para con ello considerar que se actualiza tal hipótesis. [.]". La resolución protectora de mérito, causó ejecutoria el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, y en la misma fecha, se requirió su cumplimiento. Mediante oficio (sin número) depositado el cuatro de julio pasado en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el tres de julio de dos mil diecinueve, en los autos de la causa penal 295/2014-8 de su estadística (materia del acto reclamado); con lo que la autoridad judicial responsable pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, como se advierte del auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, al no remitir las constancias de las que se acreditara que se dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de abril de dos mil diecinueve, emitido en el proceso de origen, así como las relativas a la notificación realizada a las partes respecto de la nueva resolución emitida el tres de los corrientes; en términos, de lo dispuesto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad judicial responsable, para que en el plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, cumpliera a cabalidad con el fallo protector de derechos constitucionales. Es así que, a través del oficio 2735 recibido el diez de julio de la presente anualidad, el Juez responsable adjuntó copia certificada del auto de tres de julio de dos mil diecinueve, y la determinación de la misma data, pronunciados dentro del proceso penal 295/2014-8, de su estadística, con lo que adujo acatar cabalmente la ejecutoria que nos ocupa. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo, el 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizó lo siguiente: 1) En acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente (1) la determinación de trece de abril de dos mil diecinueve, pronunciada en los autos de la causa penal número 295/2014-8, en la que decretó auto de formal prisión o preventiva, en contra del solicitante de amparo Gustavo Juárez Hernández, alias "El Pilón" ó "El Rojo", por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 313 fracciones I, incisos a) y b), y III; 323, 326, fracciones I y II, 328 y 331, en relación con los similares 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de Israel Tenorio Romero -que constituyó el acto reclamado-. 2) Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, la autoridad judicial responsable dictó una nueva resolución en la que decretó auto de formal prisión contra el indiciado (aquí quejoso) Gustavo Juárez Hernández, alías "El Pilón" o "El Rojo", al considerarlo probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 313 fracciones I, incisos a) y b), y III; 323, 326, fracciones I y II, 328 y 331, en relación con los similares 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de Israel Tenorio Romero, determinación en la que el Juez responsable purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, como a continuación se explica: En efecto, al resolver la situación jurídica del encausado de referencia -aquí quejoso-, la autoridad responsable fundó y motivó la competencia asumida (primer vicio formal), en razón que señaló, que con motivo del cierre de los Juzgados Sexto, Séptimo y Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, decretado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y en atención a lo dispuesto respecto a la distribución de los expedientes radicados en los juzgados que concluyeron funciones, de acuerdo a su terminación (4 y 5), le correspondió conocer del proceso penal 295/2014-8 (de donde deriva el acto reclamado), anteriormente, del índice del extinto Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla; aunado a lo antes expuesto, el Juez responsable señaló ser competente para resolver la situación jurídica del aludido inculpado, en razón que los hechos que dieron origen a la citada causa, sucedieron en la ciudad de Puebla, Puebla, expresamente en el "Hospital General del Sur". Por otra parte, el resolutor de origen estudió el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, de manera separada, mientras que el elemento subjetivo (dolo), se analizó en el capítulo de la probable responsabilidad, en el considerando que denominó "tercero". Ahora, en la determinación que se analiza, se aprecia que el Juez de origen realizó un estudio individual, debidamente motivado, en el que puntualizó con qué medios de prueba se demuestra cada elemento constitutivo del cuerpo del delito de homicidio, previa valoración que efectuó de tales probanzas, de las que destacó los aspectos que le fueron útiles para acreditar los citados elementos normativos; verbigracia, la existencia de una llamada telefónica por parte de Rosalba López León, quien es trabajadora social del "Hospital General del Sur"; el levantamiento de cadáver; el reconocimiento, descripción y autopsia médico legal; los diversos dictámenes medico legales y forenses relativos al levantamiento de cadáver, reconocimiento, inspección y neurocirugía; la testimonial de identificación de cadáver; las declaraciones de diversos testigos; y, el dictamen en criminalística. Mismos elementos probatorios, que se tomaron en consideración en el capítulo relativo a la probable responsabilidad del inculpado- aquí quejoso- destacando como elemento central de prueba, la declaración de Ana Paola Peregrina Gutiérrez de la que se obtuvo un señalamiento claro y preciso en contra de Gustavo Juárez Hernández, como "coautor" del delito de homicidio, en virtud que en unión de otra persona, golpearon y lesionaron a Israel Tenorio Romero, lo que provocó su muerte, derivado de un edema cerebral y hemorragia subaracnoidea, generada por contusiones profundas de cráneo. Respecto al elemento subjetivo (dolo), el Juez responsable realizó el análisis respectivo y, consideró que en el caso particular, se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 13 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, porque la conducta desplegada por el procesado (aquí quejoso) Gustavo Juárez Hernández, se cometió con dolo directo, dado que se encontraba consiente de los elementos del delito, pues a pesar que se reservó su derecho a declarar, y no existe alguna confesión por parte del referido indiciado, la autoridad responsable tomó en cuenta las circunstancias en las cuales se realizó la conducta ilícita, esto es, que el inculpado, en compañía de otra persona, sabían que al golpear al agraviado con un instrumento contundente en la cabeza, le generaría a aquél consecuencias graves, lo que sustentó con el testimonio de Ana Paola Peregrina Gutiérrez, así como el dictamen en materia de necropsia que emitió el médico legista en los autos de la causa penal, génesis del acto reclamado; con lo cual quedó reparado el segundo vicio formal que se resaltó en la sentencia de amparo protectora, en virtud que tal señalamiento preciso, genera certidumbre en el solicitante de amparo, respecto a la forma en que se clasifica la conducta antijurídica (delito) que se le imputa, como la sanción que pudiese imponérsele, en el supuesto de encontrarlos penalmente responsable de su comisión, de ahí, que estará en condiciones de preparar una defensa adecuada, para desvirtuar esa imputación presuntiva. En otro orden al realizar de manera independiente, el estudio de la agravante del tipo básico, el Juez responsable determinó que en el caso particular se actualizó la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 326 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, relativo a la ventaja, referente a la superioridad del activo por las armas que emplee en la ejecución de la conducta ilícita; ello, atendiendo a que quedó de manifiesto que el sujeto activo- aquí quejoso-, con su coinculpado, utilizaron un objeto contundente -bat- con el cual golpearon en la cabeza a la víctima del delito, ocasionándole lesiones que a la postre, derivaron en su muerte, de ahí que resultó evidente el plano de superioridad en el que se encontró el aquí quejoso respecto de su víctima [tercer vicio formal]. En otro aspecto, por cuanto hace al cuarto vicio formal indicado en la ejecutoria de amparo, cuyo cumplimiento se analiza, el juez responsable determinó que la probable responsabilidad del aquí quejoso Gustavo Juárez Hernández, en la comisión del delito de homicidio calificado, se encuentra demostrado bajo el grado de coautoría material, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, esgrimiendo los motivos que lo llevaron a esa conclusión, asimismo, fijó los medios de convicción con los cuales a su consideración, sustentó la probable responsabilidad del inculpado de referencia bajo esa calidad y fijó la coparticipación de éste en la comisión del ilícito de despojo, de la siguiente manera: "(.) En efecto la participación del indiciado se realiza de la siguiente manera: el día sábado 10 diez de marzo de 2012 cuando se encontraban en la calle el hoy occiso Israel Tenorio Romero discutiendo con William Linares Hernández "el willy" y con Gustavo Juárez Hernández alias "el pilón" o "el rojo" momento en que pasa un taxi con dirección a la privada azteca, cuando el sujeto apodado "el willy" le pega con un objeto al parecer un bat en la cabeza a Israel Tenorio Romero, mientras que el sujeto apodado "el pilon" o "el rojo" lo golpea dándole patadas y golpes en el cuerpo por lo que el agraviado cae entre la banqueta y la calle, por lo que "el willy" y "el pilon" sujetan a Israel y lo arrastran subiéndolo a la banqueta, huyendo del lugar. Por lo tanto la coparticipación se presenta, primeramente, desde el punto de vista objetivo, el de la concurrencia real de los delincuentes, cuyos actos externos cooperan a los fines del propósito criminal que los inspira; mas para fijar la coparticipación es necesario encontrar no el lazo de unión entre los diversos delincuentes en la actividad externa que los une, sino el propósito y en el consentimiento de cada uno de ellos para la comisión del delito; por esto, el artículo 13 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, establece como base de la coparticipación, la existencia de un concierto entre los delincuentes. Lo que en la especie se acredita en razón de que existió una intención de ambos para la realización de la conducta ilícita, en atención a que ambos agresores agreden al mismo tiempo al sujeto pasivo del delito, que si bien es cierto no existe confesión expresa por parte del indiciado, debemos basarnos en la prueba circunstancial y tomando en consideración que de acuerdo al testigo presencial de los hechos ve como agreden al mismo tiempo al sujeto pasivo, e inclusive dicha ateste refiere que el Willi refiere que se les pasó la mano. (.)" Así, el juez responsable arribó a la conclusión que el aquí quejoso, en conjunción con una diversa persona, realizaron en hecho que generó la conducta antijurídica que dio origen a la causa penal 295/2014-8, de la que deriva el acto reclamado, y que su grado de participación fue en coautoría en la ejecución del ilícito de homicidio calificado, por el que decretó auto de formal prisión; con lo que se reparó el cuarto vicio formal. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, el cinco de junio de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual, cumple con el requerimiento formulado en acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve (foja 118), y remite copia certificada del acuerdo de tres de julio del año en curso, dictado en el proceso penal 295/2014-8 de su índice, donde se dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el trece de abril de esta anualidad, en el expediente indicado; así como las relativas a la notificación practicada a las partes, respecto de la resolución emitida por esa potestad responsable, el tres del mes y año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en ese juicio. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con los diversos agregados en proveído de cinco de julio del año en curso, dese vista a la parte quejosa, así como a la tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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