Gustavo Jiménez Ortiz

Expediente 1167/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1167/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Jiménez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para los efectos legales a que haya lugar el escrito presentado por el quejoso por el cual refiere desistirse del juicio de amparo en que se actúa, ahora bien, toda vez que mediante auto de ocho de los actuales, causó estado el auto de veintinueve de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió, agréguese el escrito que se atiende para obre como corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede la Ley de Amparo en su artículo 98, para la interposición del recurso de queja sin que hasta estos momentos lo haya hecho valer el quejoso en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Asimismo, visto el estado procesal de los autos archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., se hace la observación que el presente expediente es destruible toda vez que en el caso por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos, por tanto dicho proveído en términos del artículo 20, fracción II, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido y dichos asuntos encuadran en los supuestos de expedientes destruibles. Hágase del conocimiento del quejoso, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo se procederá a su destrucción..., Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2023:"Vista la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Sexto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios a los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 1167/2023-III, y provéase lo conducente en relación a la misma. De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, ******************** señala como acto reclamado el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Vigésimo Sexto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar ********************, seguido por ******************** contra ********************por el que, entre otras cosas, se designó perito a efecto de desahogar la prueba pericial contable ofertada por los actores, lo requirió para que protestara el cargo y exhibiera el monto de sus honorarios, en el entendido que éstos serían cubiertos por ambas partes en igual proporción de acuerdo al artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo presentada por ********************se advierte que el procedimiento de origen deriva del juicio de controversia familiar ********************, seguido por ******************** contra ********************, radicado ante el Juzgado Vigésimo Sexto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; que en dicho procedimiento los actores ofertaron la prueba pericial en materia de contabilidad, misma que fue admitida y acto respecto del cual ******************** ya promovió una diversa demanda de amparo, a saber ********************, la cual se encuentra en trámite y se señalaron las catorce horas del ********************, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; posteriormente, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, el juez de origen designó perito a efecto de desahogar la prueba pericial contable ofertada por los actores, lo requirió para que protestara el cargo y exhibiera el monto de sus honorarios, en el entendido que éstos serían cubiertos por ambas partes en igual proporción de acuerdo al artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles, lo que constituye el acto reclamado. De manera que si el juicio de origen es una controversia del orden familiar, entonces en términos de lo dispuesto en los artículos 950, 1074 y 1075 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, los recursos que se tramiten se regirán por las reglas generales que el Título Décimo Segundo del mismo código establece para los recursos de apelación, como a continuación se cita: "ARTÍCULO 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 1074. En el juicio oral sólo se admitirán los recursos de apelación y queja, así como reposición en segunda instancia. Artículo 1075. En el juicio oral en materia familiar, las actuaciones ante el Tribunal de apelación se observarán los principios que rigen a este Título en lo que fuere aplicable." Es decir, que en las controversias Familiares a que se refiere el Título Décimo Sexto del código adjetivo, las apelaciones se interpondrán, salvo disposición en contrario, en la forma y términos previstos por el Título Décimo Segundo del mismo código, que regula los recursos en general en el proceso civil. En este sentido, los artículos 685, 685 Bis, 688, 689 y 691 del Título Décimo Segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establecen reglas específicas para el trámite de los recursos ordinarios en controversias como la del orden familiar que nos ocupa, como a continuación se cita: "ARTÍCULO 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." "ARTÍCULO 685 Bis. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero sí podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio; de tal manera que, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos (.)." "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; salvo lo dispuesto en el Artículo 692 Quáter, así también podrá apelar el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." "Artículo 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." (...)." Como se ve, los numerales insertos revelan reglas específicas para la tramitación del recurso de apelación y revocación, en controversias del orden familiar como la que se analiza, a saber: 1. Que el recurso de apelación tiene por objeto que, el tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del juez. 2. Que puede apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. 3. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. 4. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables, como sucede con las controversias del orden familiar. 5. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. 6. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero sí podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio o las que versen sobre cuestiones inherentes al matrimonio. 7. De tal manera que, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las simples determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento. Es decir, que en las controversias del orden familiar, la sentencia es apelable por tratarse de un asunto de cuantía indeterminada, y en consecuencia, los autos también son apelables. Lo que revela que en contra del auto que ******************** reclama en el presente juicio de amparo, procedía el recurso de apelación, de conformidad con los artículos insertos del código adjetivo; pero el ahora quejoso no lo hizo valer para agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a pesar de que al manifestar que es parte en el juicio de origen y estar integrado a la litis, estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario que se alude, y con él obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado; y si no lo agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es importante acotar, que aún y cuando ******************** estime que el acto que reclama es uno de aquellos señalados como de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos del impetrante, tutelados por la Constitución Federal o tratados celebrados por el Estado Mexicano; previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el recurso de apelación, al ser un medio ordinario de defensa. Toda vez que no opera una excepción al principio de definitividad, de cuyo cumplimiento no queda liberada la parte quejosa pues, aun cuando se trate de un recurso admisible en efecto devolutivo de tramitación inmediata, la propia legislación en su artículo 696 establece la posibilidad de que el acto que reclama, con la solicitud del impugnante y su apreciación del porqué el auto apelado puede generar daños irreparables o de difícil reparación, pueda suspenderse; porque el artículo 956 de dicho código hace expresa remisión a las reglas generales ahí previstas, en lo no contemplado en el capítulo especial destinado a las controversias del orden familiar. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.3o.C.833C, novena época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1159, que señala: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." También sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, octava época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, febrero de 1993, página 271, que señala: "JUICIO DE AMPARO, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE DEBE REGIR EN EL, AUN TRATANDOSE DE ACCIONES DEL ESTADO CIVIL O QUE AFECTEN EL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA. Es inexacto que tratándose de un juicio de divorcio pueda promoverse amparo directo contra la sentencia de primera instancia sin necesidad de agotar el recurso de apelación contra ese fallo. Porque lo contrario se desprende de la simple lectura del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General. En efecto, dicho precepto previene que procede amparo directo tanto contra violaciones de fondo como contra violaciones de procedimiento, estando constituidas las primeras por aquellas que se cometen en las propias sentencias, y las segundas surgen en el curso del procedimiento. Y es precisamente al hablar de éstas últimas cuando el dispositivo exime de agotar los recursos ordinarios en juicios sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia. Lo que significa que no hay necesidad de preparar el amparo únicamente respecto de las violaciones de procedimiento, pero si existe obligación de apelar el fallo de primer grado." Toda vez que aun y cuando se trate de una controversia de orden familiar, es necesario que oportunamente se interpongan los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes de acuerdo a los preceptos legales aplicables, antes de acudir al juicio de amparo, porque la suplencia de la queja no debe llegar al extremo de aceptar que quien sufra un agravio en un procedimiento en que es parte, no se inconforme aunque sea de manera deficiente. Es aplicable, en lo conducente, la tesis I.3o.C.835 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 163725, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1455, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. SU PROCEDENCIA Y ALCANCE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El artículo 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional, reproducidos, a su vez, en los artículos 76 Bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que es deber a cargo de los tribunales federales que conozcan del juicio constitucional y de la instancia revisora, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, contemplado en la fracción V del artículo 76 Bis y en la fracción VI del artículo 91 de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores o incapacitados, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de garantías o el recurso de revisión, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapacitados. Bajo esa tesitura, los órganos federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Esa regla general de suplir la deficiencia de la queja en la demanda y en los agravios constitucionalmente opera en el juicio de amparo, pero no es una institución que exente a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad. Ciertamente, aun y cuando se trate de una controversia de orden familiar, es necesario que oportunamente interponga los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes de acuerdo a los preceptos legales aplicables, antes de acudir al juicio de amparo, ya que dicha institución opera respecto a violaciones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva. Entonces, en relación a actos derivados de controversias del estado civil, que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, solamente opera en vía de amparo directo, resultando necesario que se eleve a la potestad jurisdiccional común la causa de pedir a través del recurso idóneo correspondiente, porque la suplencia de la queja no debe llegar al extremo de aceptar que quien sufra un agravio en un procedimiento en que es parte, no se inconforme aunque sea de manera deficiente." En consecuencia, era necesario que la parte quejosa agotara el recurso ordinario en contra de la resolución que reclama en la presente instancia constitucional, aunque la controversia derive de un asunto en materia familiar. Del mismo modo, es aplicable al caso, la jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la octava parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Por consiguiente, al no haber agotado la parte quejosa el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo y, con apoyo en el diverso 113 de la invocada ley, procede desechar de plano la demanda de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior que el peticionario englobe en su acto reclamado el desahogo de la prueba pericial admitida en autos, pues para la suscrita es un hecho notorio la existencia del diverso juicio de amparo ********************, promovido por ********************por su propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Director del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en donde reclamó la admisión de la prueba pericial, mismo que como se dijo en párrafos que anteceden se encuentra en trámite y se señalaron las catorce horas del ********************, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, por lo que en dicho amparo se analizará la procedibilidad de la prueba ofertada, por lo que los actos relativos al desahogo de la probanza de marras, no causan al quejoso actos de imposibles reparación, pues como se dijo ya se admitió la demanda donde reclamó de ilegal la admisión del medio probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.3o. J/7, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, octubre de 2003, página 295, registro 183053, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED ******************** DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: Las publicaciones en la red ******************** de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quien también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso."

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