Gustavo Jimenez Díaz
Expediente 373/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/04/2021
Partes del expediente
- Gustavo Jimenez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo.? De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la delegada de las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, no obstante que mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se le apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a GUSTAVO JIMÉMENEZ DÍAZ para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica lo previsto por el numeral 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tal precepto, hasta su modificación. Se precisa que tal concesión por virtud del acto de aplicación que dio origen a este juicio biinstancial solo implicaría que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devolviera a la parte quejosa la cantidad que resultaría a su favor por la inscripción de documento público o privado que transmita la propiedad -que amparan los documentos exhibidos en este juicio-, en el entendido de que tal restitución sólo implicaría que la parte quejosa dejara de pagar la tarifa que le fue aplicada respecto de ese concepto, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que prevé la parte final de la fracción normativa declarada inconstitucional, que es de doscientos noventa pesos, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Cantidad total sobre la cual dicha autoridad debería recalcular las aportaciones relativas a los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit y en el mismo sentido devolver a la parte quejosa la suma que resultara a su favor. En cumplimiento a ello, la delegada de las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado el siete de agosto de dos mil veinte, informó a este Órgano Jurisdiccional que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $10,748.26 (diez mil setecientos cuarenta y ocho pesos 26/100 moneda nacional), lo que acreditó con la copia de la transferencia bancaria a nombre de GUSTAVO JIMÉMENEZ DÍAZ, por la cantidad citada; restituyendo de esa manera a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.) Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo.? De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la delegada de las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, no obstante que mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se le apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a GUSTAVO JIMÉMENEZ DÍAZ para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica lo previsto por el numeral 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tal precepto, hasta su modificación. Se precisa que tal concesión por virtud del acto de aplicación que dio origen a este juicio biinstancial solo implicaría que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devolviera a la parte quejosa la cantidad que resultaría a su favor por la inscripción de documento público o privado que transmita la propiedad -que amparan los documentos exhibidos en este juicio-, en el entendido de que tal restitución sólo implicaría que la parte quejosa dejara de pagar la tarifa que le fue aplicada respecto de ese concepto, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que prevé la parte final de la fracción normativa declarada inconstitucional, que es de doscientos noventa pesos, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Cantidad total sobre la cual dicha autoridad debería recalcular las aportaciones relativas a los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit y en el mismo sentido devolver a la parte quejosa la suma que resultara a su favor. En cumplimiento a ello, la delegada de las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado el siete de agosto de dos mil veinte, informó a este Órgano Jurisdiccional que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $10,748.26 (diez mil setecientos cuarenta y ocho pesos 26/100 moneda nacional), lo que acreditó con la copia de la transferencia bancaria a nombre de GUSTAVO JIMÉMENEZ DÍAZ, por la cantidad citada; restituyendo de esa manera a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría con residencia en Tepic, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de agravios a este expediente, las restantes distribúyanse entre las demás partes y, en el momento procesal oportuno, remítanse los presentes autos y por separado el escrito original de expresión de agravios y copias del mismo a la Superioridad, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes de este Juicio de amparo para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría con residencia en Tepic, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de agravios a este expediente, las restantes distribúyanse entre las demás partes y, en el momento procesal oportuno, remítanse los presentes autos y por separado el escrito original de expresión de agravios y copias del mismo a la Superioridad, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes de este Juicio de amparo para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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