Gustavo Ivan Hernández Soto

Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
146/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Ivan Hernández Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de abril del año en curso, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio signado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica, en representación del Titular, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en los artículos 9 y 28 fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad referida a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales que anexa, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y datos de localización siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, agosto de 1995, Página: 594.) Ahora bien, toda vez que se advierte la probable actualización de una causal de improcedencia de la acción constitucional, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y toda vez que el quejoso tiene autorizada la notificación y consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, dese vista con el oficio y anexo de cuenta, y REQUIÉRASELE, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibido que de ser omiso, se acordará lo que en derecho proceda. Con fundamento en el artículo 35, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a "OSCARLC", toda vez que el usuario se encuentra registrado en el sistema. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el escrito recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de Miguel Nava Alvarado, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, en atención a la vista concedida el veintidós de febrero del año en curso, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento del fallo protector; por lo que se procede a resolver con las constancias de autos para determinar si se cumple la ejecutoria de amparo, sin dejar de considerar las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta. Ahora bien, de autos se advierte que mediante ejecutoria de doce de marzo del año en curso, dictada en el amparo en revisión R.A.536/2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó confirmar la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada por éste Juzgado de Distrito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: [.] procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Titular del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha en que le sea notificado el auto por el que se declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el oficio CEAV/CIE/2684/2018 de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, y proceda a la inscripción de los quejosos en el Registro Nacional de Víctimas, en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas. [.] Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en éste juzgado el treinta de septiembre del año en curso, la Directora General de Asuntos Jurídicos, encargada del Despacho del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada del acuerdo dictado el dieciocho de septiembre del año en curso, con el cual, adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, del cual, en la parte que interesa, destaca lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, acreditó haber dejado insubsistente el oficio CEAV/CIE/2684/2018, de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente aperturado con motivo de la solicitud realizada por Ismael Martínez Chávez, por sí y en representación de sus menores hijos Josué y José de Jesús, ambos de apellidos Martínez Valente, y haber remitido al Director General del Registro Nacional de Víctimas, el escrito de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y anexos, presentado por el ahora quejoso, a efecto de que, de cumplir con los efectos requeridos por los ordenamientos aplicables, se proceda a la inscripción de la parte quejosa en el Registro Nacional de Víctimas, en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas. En ese contexto, se realizaron diversos requerimientos a la autoridad directamente responsable, así como a la vinculada al cumplimiento, y mediante auto de diez de los corrientes, se tuvo por recibido el oficio CEAV/DGAJ/3456/2020 signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos, en representación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual, remitió copia certificada de las capturas de pantalla del Registro Nacional de Víctimas, obtenidas del dominio renavi.gob.mx, de las cuales se advierte que la parte quejosa Ismael Martínez Chávez, y sus hijos Josué y José Jesús, ambos de apellidos Martínez Valente, se encuentran inscritos en el citado registro. Asimismo, mediante oficio CEAV/DIRNV/0738/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, recibido en éste juzgado el diecinueve de febrero del año en curso, la Directora General de Desarrollo Institucional y Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada de los acuerdos de inscripción 34570-1, 3457-1 y 3457-3, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, de los que se aprecia que se procedió a la inscripción de los quejosos Ismael Martínez Chávez, y sus hijos Josué y José Jesús, ambos de apellidos Martínez Valente, en el Registro Nacional de Víctimas. No obstante, de los citados acuerdos, se aprecia que la autoridad responsable ordenó girar oficio a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Querétaro, a fin de que ésta determine lo procedente respecto de la solicitud de inscripción en el Registro Local correspondiente; dejando de observar lo resuelto en la sentencia dictada por éste juzgado, que constituye cosa juzgada, en tanto que la misma fue confirmada mediante ejecutoria de doce de marzo del año en curso, dictada en el amparo en revisión R.A.536/2019, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y en la que quedó desvirtuada dicha circunstancia, en el sentido de que dicha comisión estatal carece de competencia legal para conocer de la solicitud de los aquí quejosos, y por tanto, no ha lugar a tenerla como autoridad vinculada en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues se insiste, carece de competencia para emitir pronunciamiento al respecto. En consecuencia, y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Director General del Registro Nacional de Víctimas, para que en su carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por razón de sus funciones, en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual, debe: ? Remitir las constancias de las que se advierta determinó que los quejosos reunieron los requisitos legales aplicables al caso concreto y en consecuencia, ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, omitiendo cualquier referencia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de Querétaro y al Registro local, por las razones expuestas en párrafos precedentes. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el artículo 23 fracción II del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, REQUIÉRASE al Comisionado Ejecutivo, para que se coordine con el Director General del Registro Nacional de Víctimas, a fin de dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con la que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, se les impondrá, a cada una de las personas físicas que ostenten los cargos precisados, una multa de cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe. El Juez

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