Gustavo Iboa Lopez

Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
91/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • JUAN CARLO QUIÑONEZ ZAZUETA y Otros.
  • Juan Carlo Quiñonez Zazueta
  • Gustavo Iboa Lopez
  • Mario Efrén Perez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diez de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se sobresee y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de sobreseer y conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos Juan Carlo Quiñonez Zazueta, Gustavo Iboa López y Mario Efrén Pérez Rivera, misma que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria. Efectos del amparo. La protección de la Justicia Federal se concede para efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Estado de Sinaloa, con sede en Goros II, Ahome, Sinaloa, proceda en los términos siguientes: Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal 12/2021, por el hecho con apariencia de delitos de desaparición cometida por particulares, ilícito previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que Ramiro Leal Figueroa, Moises Tapia Tapia, Jesús Javier Espinoza López, Alfredo Misael Ruelas Chávez, personas que asistieron a los imputados Juan Carlo Quiñónez Zazueta, Gustavo Iboa López y Mario Efrén Pérez Rivera, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan, a efecto de que quede constancia en la videograbación. En caso de acreditarse lo anterior (que son licenciados en derecho), el Juez de control ordenará reponer el procedimiento para que, después de la imputación que hizo el Agente del Ministerio Público en contra de Juan Carlo Quiñónez Zazueta, Gustavo Iboa López y Mario Efrén Pérez Rivera, y que el mencionado representante social haya solicitado la vinculación a proceso de dichos imputados y expuestos las razones y datos de prueba que obran en la carpeta de investigación de los que se desprende los hechos que la ley señala como delito -desaparición cometida por particulares-, ilícito previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de los cuales exista la probabilidad de que los aludidos imputados lo cometieron o participaron en su comisión, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los que se justifique esa solicitud de vincular a proceso a los imputados; enseguida, interrogue a los prenombrados imputados (aquí quejosos) para que sea hasta ese momento que decidan (con la asesoría de sus defensores) si insisten en acogerse al término constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas a que se refiere el numeral 19 de la Carta Magna; o si varía su postura a las otras dos alternativas que proporciona la ley procesal aplicable porque de elegir la opción de que no sea resuelta la situación jurídica en ese momento de la misma audiencia, deberá entonces señalar fecha y hora en la que deberá continuar la audiencia conforme al plazo constitucional que quede establecido, la cual igualmente deberá ser presidida por el citado Juzgador de Control. Después de que se cerciore que los imputados cuentan con una defensa técnica en la audiencia inicial, convalide las diligencias probatorias y dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista a los quejosos, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. En el entendido que el Juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa de los imputados. Remita las constancias con las que acredite lo anterior. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio número 5871/2021, de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el comunica que dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 12/2021, contra Juan Carlos Quiñonez Zazueta, Gustavo Iboa López y Mario Efrén Pérez Rivera, por el hecho que la Ley señala como delitos de desaparición cometida por particulares, ilícito previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; señalando las once horas del día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para dictar una nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, mediante oficio número 5929/2021, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que en ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia en la que parcialmente se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que se corroboró en audiencia por conducto de la Encargada de Sala adscrita al Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del estado de Sinaloa, en la Región Norte, el registro correspondiente de las cédulas profesionales de los abogados Defensores Particulares Licenciados Moisés Tapia Tapia y Alfredo Mizael Ruelas Chávez, y mediante videoconferencia las cédulas profesionales de los Defensores Particulares Licenciados Jesús Javier Espinoza López y Ramiro Leal Figueroa, asimismo; la cédula profesional del Licenciado Milton Ayala Vega en su carácter de Asesor Jurídico Particular de ofendido, estar debidamente registradas en el Sistema Único de Registro Computarizado de las personas autorizadas para ejercer la abogacía ante los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; imponiéndose a los imputados Juan Carlos Quiñonez Zazueta, Gustavo Iboa López y Mario Efrén Pérez Rivera, medida cautelar la establecida en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva oficiosa, asimismo informa que a solicitud planteada por los imputados y sus defensores particulares, se decretó la ampliación del plazo para resolver sobre su situación Jurídica dentro de ciento cuarenta y cuatro horas, señalándose para la continuación de la audiencia inicial las catorce horas del día trece de diciembre de dos mil veintiuno. Finalmente, mediante oficio número 6013/2021, de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, actuando en la Región Norte, con sede en Goros II, del Municipio de Ahome, Sinaloa, comunicó que en fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se actúa. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: En fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 12/2021, contra Juan Carlos Quiñonez Zazueta, Gustavo Iboa López y Mario Efrén Pérez Rivera, por el hecho que la Ley señala como delitos de desaparición cometida por particulares, ilícito previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; señalando las once horas del día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para dictar una nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En fecha de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, celebró la audiencia en la que se acreditó que los impetrantes de amparo sí contaron con una defensa técnica adecuada durante la audiencia inicial y la continuación de trece de diciembre de dos mil veintiuno, al contar con el registro correspondiente de las cédulas profesionales de los abogados Defensores Particulares Licenciados Moisés Tapia Tapia y Alfredo Mizael Ruelas Chávez, Jesús Javier Espinoza López y Ramiro Leal Figueroa, al estar debidamente registradas en el Sistema Único de Registro Computarizado de las personas autorizadas para ejercer la abogacía ante los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Asimismo a solicitud planteada por los imputados y sus defensores particulares, se decretó la ampliación del plazo para resolver sobre su situación Jurídica dentro de ciento cuarenta y cuatro horas, señalándose para la continuación de la audiencia inicial las catorce horas del día trece de diciembre de dos mil veintiuno. Con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables siendo omisa en manifestar inconformidad alguna al respecto. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido a los peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y un disco compacto que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. De igual manera, respecto al disco compacto que remite la autoridad responsable citada, resguárdese en la secretaria de acuerdos, en el entendido de que queda a disposición de las partes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y un disco compacto que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. De igual manera, respecto al disco compacto que remite la autoridad responsable citada, resguárdese en la secretaria de acuerdos, en el entendido de que queda a disposición de las partes.

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