Gustavo Hernández Meneses

Expediente 1647/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1647/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2017

Partes del expediente

  • Gustavo Hernández Meneses

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, el proveído de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental.

  2. Principal

    V.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de dieciséis de octubre del presente año (foja 106), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación "A1" Toluca, Estado de México, Fiscal General de Justicia del Estado de México y Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca, Estado de México, aducen haber cumplido el fallo protector, sin que hubiere realizado manifestación alguna; por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete (fojas 45-66), se concedió al quejoso Martín Pérez Silva, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación "A1" de Toluca: a) Deje sin efectos la orden de comparecencia o citatorio que se impugna; y, b) Con libertad de facultades, en el supuesto de que aun estime necesaria la comparecencia del aquí quejoso, emita el citatorio correspondiente, pero purgando los vicios formales que se han dejado precisados, es decir, deberá fundarlo y motivarlo adecuadamente, precisando en su caso, los preceptos legales aplicables a dicha determinación y las razones específicas por las cuales estaría citando al aquí quejoso, pormenorizando todos los datos que de ser así le permitan una defensa adecuada como lo son: el carácter con que se le cita, los datos de identificación de la averiguación previa, la diligencia a practicarse, los hechos que se le imputan, quién o quiénes se los atribuyen, así como el derecho que le asiste de contactarse con un abogado; además la responsable deberá señalar, en su caso, el fundamento legal y la motivación de la medida de apremio que le sería impuesta al quejoso en caso de su incompetencia. Concesión extensiva respecto del acto de ejecución reclamados al Fiscal General de Justicia y al Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca, ambos del Estado de México. Dicha determinación causó ejecutoria por acuerdo de tres de octubre del año en curso (fojas 40-41); por tanto, se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficios recibidos en este Juzgado el cinco de octubre (foja 93), el diez de octubre (foja 98), el once de octubre (fojas 101 y 104), las autoridades responsables comunicaron la forma en que dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, adjuntado las constancias con las cuales acreditaron su dicho. Con lo anterior, el dieciséis de octubre del año en curso (foja 106), se dio vista a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; el suscrito procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por las responsables en cumplimiento a dicha sentencia. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación "A1" de Toluca: a) Deje sin efectos la orden de comparecencia o citatorio que se impugna; y, b) Con libertad de facultades, en el supuesto de que aun estime necesaria la comparecencia del aquí quejoso, emita el citatorio correspondiente, pero purgando los vicios formales que se han dejado precisados, es decir, deberá fundarlo y motivarlo adecuadamente, precisando en su caso, los preceptos legales aplicables a dicha determinación y las razones específicas por las cuales estaría citando al aquí quejoso, pormenorizando todos los datos que de ser así le permitan una defensa adecuada como lo son: el carácter con que se le cita, los datos de identificación de la averiguación previa, la diligencia a practicarse, los hechos que se le imputan, quién o quiénes se los atribuyen, así como el derecho que le asiste de contactarse con un abogado; además la responsable deberá señalar, en su caso, el fundamento legal y la motivación de la medida de apremio que le sería impuesta al quejoso en caso de su incompetencia. Concesión extensiva respecto del acto de ejecución reclamados al Fiscal General de Justicia y al Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca, ambos del Estado de México. Por oficio presentado el diez de octubre del año en curso (foja 98), la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación "A1" Toluca, remitió copia autorizada del proveído que emitió el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en la carpeta de investigación con número económico 514/2017, del cual se advierte que dejó sin efectos el citatorio impugnado. Posteriormente, por oficio presentado el once de los actuales (foja 101), la referida Agente del Ministerio Público, adjuntó copia autorizada del citatorio de once de octubre de dos mil diecisiete, por medio del cual proporcionó al quejoso Martín Pérez Silva, los datos de identificación de la carpeta de investigación; asimismo, le comunicó que se le citaba nuevamente para las diecisiete horas del treinta y uno de octubre del año en curso, para hacer de su conocimiento que se está desarrollando una investigación en su contra por el hecho delictuoso de abuso de confianza, en agravio de Rubén Luis Cruz Santa María, precisando al quejoso que debería de presentarse acompañados de su abogado y en caso de no ser así se les asignaría un defensor público. De igual forma, le informó que de no acudir se le aplicaría una de las medidas de apremio establecidas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en una multa de veinte días de salario mínimo vigente al momento y en el lugar que se cometa la falta. Por otra parte, mediante oficio presentado el cinco de octubre del año en curso (foja 93), el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, informó que giró oficio al Coordinador General de la Policía de Investigación, comunicándole que se dejó sin efectos el citatorio reclamado y que por tanto no debía ejecutarse. Finalmente, el Subdirector de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México (foja 104), informó que se giró la instrucción al Subdirector de Seguridad Pública, para que se dejara sin efectos la comparecencia o citatorio de Martín Pérez Silva. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. ARCHIVO DEL ASUNTO. Por otra parte, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DEPURACIÓN. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico. DESTINO INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. El original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la medida suspensional provisional solicitada, por lo que se conservará el auto y la resolución relativa a su otorgamiento, en su caso, en atención a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción III, del considerando vigésimo primero del capítulo quinto del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo aludido, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra más de seis meses a partir de la fecha en que se actúa, procédase a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece el documento de mérito y dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de valor jurídico.

  3. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de dieciséis de octubre del presente año (foja 173), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que las autoridades responsables aducen haber cumplido el fallo protector, sin que hubiere realizado manifestación alguna; por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 115-120), se concedió al quejoso Miguel ängel Bautista Santos, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables: a) Deje insubsistente la orden de traslado de fecha veinte de abril de dos mil cinco, únicamente por lo que hace al quejoso Miguel Ángel Bautista Santos. b) Emita otra en la que deberá señalar las razones, motivos y circunstancias para establecer la necesidad de trasladar al quejoso, así como señalar porque es considerado un riesgo institucional. c) Notificar dicha determinación al solicitante de amparo. Dicha determinación causó ejecutoria por acuerdo de trece de septiembre del año en curso (fojas 130-131); por tanto, se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficios recibidos en este Juzgado el veinte de septiembre (foja 133), veintiséis de septiembre (foja 144), veintisiete de septiembre (foja 155 y 159) y once de octubre (foja 169), todos del año en curso, las autoridades responsables Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención, Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México y Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunicaron la forman que acataron la sentencia de amparo y adjuntaron las constancias necesarias para acreditar su dicho. Con lo anterior, el dieciséis de octubre del año en curso (foja 173), se dio vista a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; la suscrita procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por las responsables en cumplimiento a dicha sentencia. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Las autoridades responsables: a) Deje insubsistente la orden de traslado de fecha veinte de abril de dos mil cinco, únicamente por lo que hace al quejoso Miguel Ángel Bautista Santos. b) Emita otra en la que deberá señalar las razones, motivos y circunstancias para establecer la necesidad de trasladar al quejoso, así como señalar porque es considerado un riesgo institucional. c) Notificar dicha determinación al solicitante de amparo. El Director General de Prevención y Reinserción Social: ? Mediante oficio presentado el veinte de septiembre del año en curso (foja 133), remitió copia certificada del oficio DGPRS/DTL/15682/2017, del cual se advierte que dejó insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio DGPRS/SRS/0655/2005, de veinte de abril de dos mil cinco, única y exclusivamente por lo que hace a Miguel Ángel Bautista Santos; asimismo, precisó que no se podía justificar el traslado del quejoso, por no advertirse una medida urgente por motivos de seguridad, por lo que resultaba improcedente el traslado del aquí quejoso, por lo que se debería cambiar del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Sultepec, al diverso de Santiaguito. El Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social: ? Por oficio presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 155), comunico que mediante oficio DGPRS/DTL/15682/2017, se le instruyó para llevar a cabo el traslado del quejoso. El Director y el Jefe de Seguridad, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México: ? Por oficios ingresados el veintisiete de septiembre (foja 159) y el once de octubre (foja 169), ambos del año en curso, informaron que el quejoso Miguel Ángel Bautista Santos, fue reingresado a la institución penitenciaria a su cargo, proveniente del similar de Sultepec, a las dieciocho horas con quince minutos del veinte de septiembre del presente año, adjuntado para acreditar su dicho copia certificada de la boleta de traslado definitivo de veinte de septiembre pasado (foja 162) y del oficio DGPRS/DTL/15682/2017, del cual se advierte que el quejoso ingresó junto con su expediente criminológico y su certificado médico. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. No se soslaya que se conminó a la autoridad responsable, para que señalara las razones, motivos y circunstancias para establecer la necesidad de trasladar al quejoso, así como señalar porque es considerado un riesgo institucional; sin embargo, manifestó que se encuentra imposibilitada para justificar tal circunstancia, dado que no cuenta con las constancias idóneas. Sin que ello implique un perjuicio al quejoso, pues la autoridad responsable ordenó su reingreso en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México ARCHIVO DEL ASUNTO. Por otra parte, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DEPURACIÓN. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico.

  4. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN PRIMERA, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes que mediante proveído de tres de mayo último (foja 64), se suspendió el procedimiento con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra de la auto de dos de marzo del año en curso, mismo que fue desechado por improcedente en mediante resolución de diecisiete de agosto pasado, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (fojas 68 a 79). Atento a lo anterior, se reanuda el procedimiento y se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia incidental relativa al incidente de incumplimiento a la suspensión de plano 62/2017-III las TRECE HORAS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Finalmente, hágase del conocimiento de las autoridades responsables lo anterior, y requiérasele que dentro del término de cuarenta y ocho horas computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, deberán rendir su informe respecto del hecho motivo de suspensión y en su caso, ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; por tanto, córrase traslado a las partes con copia del escrito de interposición del presente recurso. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables que de ser omisas, con fundamento en el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, se tendrá por cierto el acto que se le atribuye, además de que si al rendir su respectivo informe, afirmaren una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, serán sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 184385, publicada en la página 201, del Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, la cual no ha sido superada por diverso criterio, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN, LA DENUNCIA RELATIVA A SU VIOLACIÓN DEBE TRAMITARSE EN VÍA INCIDENTAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 358 Y 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO.- Del análisis de lo dispuesto en los artículos 104, 105, párrafo primero, 107, 111 y 143 de la Ley de Amparo, que regulan la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se desprende que no señalan el trámite que debe seguir la autoridad que conozca del juicio de amparo indirecto en relación con la denuncia de violación a la suspensión. Sin embargo, dada la naturaleza penal de la sanción prevista en el artículo 206 de la ley citada, que puede llegar a aplicarse a la autoridad que no obedezca un auto de suspensión, resulta indispensable que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y, por ende, cuando se trate de aquella denuncia, debe ordenarse la apertura del incidente innominado a que se refieren los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el cual las partes podrán ofrecer los medios de prueba contenidos en los artículos 93, 94 y 361, del mencionado código, a fin de acreditar sus afirmaciones, sin que en el caso sea aplicable la limitación probatoria que establece el artículo 131 de la ley indicada, pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto." En el entendido de que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía mensajería acelerada, correo electrónico a la dirección 1jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en PDF o JPG y que el documento este escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico o vía fax al número (01722) 2.36.05.00 ext. 2707, con firmando dicho envío en la misma extensión. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria.

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