Gustavo Gutiérrez Ovando y Otros.

Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
480/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Gutiérrez Ovando y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Delegación del Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 480/2019-4-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, por la que confirmó la calificación registral negativa de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, emitida en la solicitud de trámite ***, relativa a la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios, celebrada el quince de diciembre de dos mil quince. Lo anterior, en razón de que a juicio de quien esto determina, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo, 61, de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1.- Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2.- Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3.- Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6.- Que no exista excepción al principio de definitividad. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: 1.- El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas. 2.- El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio agrario previsto en los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que señalan, respectivamente: Ley Agraria: "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; 3.- A través del juicio agrario tramitado ante un Tribunal Unitario Agrario conforme a lo previsto en la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En efecto, el artículo 163 de la Ley Agraria señala que la sentencia definitiva del juicio podrá sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esa ley, de lo que se desprende la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 88/2008, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos." Así como la tesis XIII.2o.13 A , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, cuyo rubro y texto a la letra dicen: ACTA DE ASAMBLEA DE COMUNEROS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA SU CALIFICACIÓN REGISTRAL PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. Cuando en amparo se reclama la resolución del delegado estatal del Registro Agrario Nacional, donde se deniega la calificación registral de un acta de asamblea de comuneros, aquél debe sobreseerse con base en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el diverso 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado previamente el principio de definitividad a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, esto es, el juicio de nulidad consagrado en el numeral 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 4.- El Titulo Décimo, Capítulo I "Disposiciones Preliminares", artículo 166 de la Ley Agraria establece, regula y permite la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio agrario. El artículo 166 de la Ley Agraria prevé la suspensión de los actos reclamados, remitiéndose para su regulación al capítulo respectivo de la Ley de Amparo e incluso precisa que deberán considerar las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. Ahora, cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda. 5.- La Ley Agraria, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Los requisitos para conceder la medida suspensional son los mismos que los establecidos en la Ley de Amparo, toda vez que la Ley Agraria dispone que la suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley de Amparo. Cabe precisar que el artículo 166 de la Ley Agraria, al remitir el legislador a la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, permite la posibilidad de que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 126, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte. Orienta esta consideración, la tesis 2a. XXV/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 475, registro 167695, que señala: "JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA. Cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda; y, d) Al no existir recursos ordinarios o medios de defensa dentro de la Ley Agraria para controvertir estas determinaciones, pueden impugnarse en amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el precepto primeramente citado, al remitir el legislador al Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, excluye la posibilidad de que se apliquen las disposiciones del Libro Segundo que dicha ley prevé para los juicios de garantías en materia agraria, entre los cuales se encuentran sus artículos 233 y 234; sin embargo, tal circunstancia no impide que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya aplicación está permitida, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte. 6.- No existe excepción al principio de definitividad. I.- Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan. No se actualiza la excepción porque el juicio de amparo indirecto no es promovido por persona extraña a la controversia, sino por ***, quien es parte en el procedimiento registral de origen. II.- Los actos que dentro de un juicio su ejecución sean de imposible reparación. El acto reclamado no es intraprocesal, sino definitivo, de modo que no podría constituir un acto procesal de imposible reparación. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la irreparabilidad del acto reclamado no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. III.- Los actos administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. No se actualiza porque, como ha quedado ya expuesto, la Ley Agraria no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. IV.- Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. El acto reclamado es de naturaleza agraria, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. V.- Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. La parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. VI.- Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se actualiza el supuesto, debido a que no se reprocha alguna de las conductas citadas. VII.- Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. No se actualiza la excepción porque, como ya se dijo, el Título Décimo, Capítulo I "Disposiciones Preliminares", artículo 166 de la Ley Agraria establece, regula y permite la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el procedimiento de origen. VIII.- Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se actualiza la excepción porque el acto reclamado se emitió con fundamento en los artículos 33, 34, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 y 63 del Reglamento Interior del Registro agrario Nacional, así como los diversos 17, 83, 86 y 91 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La parte quejosa conoce los fundamentos de los actos, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba en una indebida y no en una falta de fundamentación. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. IX.- Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también a un ordenamiento secundario; por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción. X.- Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio de nulidad está previsto en la Ley Agraria y en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no en un reglamento. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio agrario, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad y, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis aislada 2a. LVI/2000: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ***

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