Gustavo Guillermo Ramírez Vega
Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2022
Partes del expediente
- Gustavo Guillermo Ramírez Vega
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de julio de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 114/2022, interpuesto por Gustavo Guillermo Ramírez Vega, y devuelve el original del juicio de amparo 420/2022. Ahora bien, de los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, se desprende lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se toma nota de que se declaró improcedente el recurso de queja hecho valer en este juicio de amparo. Respecto al cuadernillo de antecedentes, al resultar innecesaria su conservación, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. Destrucción o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, fracción d) del invocado Acuerdo, en razón de que se desechó la demanda amparo. Incidente de suspensión Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. Registros correspondientes Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Documentos para devolver a las partes Toda vez que no existen documentos para devolver a las partes, se deja de proveer al respecto. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho, por encontrarse de vacaciones el Secretario en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio de autorización CCJ/ST/2719/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante David Vázquez Ruiz, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 7865/2022, de nuestra estadística e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en este juicio de amparo, recayéndole el número 114/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda, y téngase a la superioridad acusando de recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de abril de dos mil veintidós. Visto; el escrito signado por el quejoso Gustavo Guillermo Ramírez Vega, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de uno de abril del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. En ese tenor, de conformidad con los ordinales 97 fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el promovente. Atento a lo anterior, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la misma, en razón de que el uno de abril del año en curso, se emitió un auto por el que se desechó el juicio de amparo por no considerar que existe una dilación, constando en el mismo los motivos y fundamentos legales que fueron tomados en cuenta para resolver en el sentido asentado, lo cual sustenta su legalidad. En ese orden de ideas, remítase de inmediato el original y copia del escrito de agravios, así como el original de este juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario proceder en términos del artículo 100, de la ley de la materia, esto es, correr traslado a las partes, pues en la especie, aún no se ha admitido a trámite el presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de abril de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Gustavo Guillermo Ramírez Vega, por propio derecho, contra actos del 1. Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. TRÁMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 420/2022-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable que en esta vía se combate es: La omisión de acordar el escrito de dos de marzo de dos mil veintidós, en autos del expediente laboral 679/2020 antes 72/B/2019, y su notificación. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Expuesto lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que expondrán a continuación. Ello es así, ya que para poder considerar que existe una abierta dilación, es necesario que transcurra un término excesivo desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente se debe pronunciar o realizar la diligencia correspondiente, en este caso, dar contestación al escrito presentado por el aquí quejoso en autos del expediente laboral 679/2020, antes 72/B/2019, cuya omisión aduce acontece desde el dos de marzo del año en curso, término que hasta la presentación de la demanda de amparo (treinta de marzo de dos mil veintidós) no ha trascurrido, pues entre la fecha de presentación del escrito de referencia y la promoción de la demanda de amparo como se precisó, media veintiocho días naturales, los cuales son insuficientes para considerar que existe una dilación excesiva. Al respecto, cabe destacar, que el estándar mínimo para el dictado de proveídos, laudos o la realización de cualquier otra diligencia, es de cuarenta y cinco días, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Lo anterior, en la inteligencia de que lo trascendente en el caso es que el estándar mínimo objetivo determinado en la citada jurisprudencia fue para establecer cuándo una omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, deja de ser una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos y se convierte en una violación cuyos efectos deben ser considerados de imposible reparación; esto es, produce una afectación material a derechos sustantivos, dado que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo que en la especie, la dilación planteada por la parte quejosa, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, por no transgredir derechos sustantivos, ni constituir una abierta dilación en la fase relativa o su paralización total, cuyos supuestos, por excepción, hacen procedente la vía de amparo biinstancial. En consecuencia, se itera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la queja número 22/2022. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se ordena a la Analista Jurídica encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio, con el nombre y usuario PINGUIN, para consultarlo de manera electrónica. Además, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, se autoriza realizar las notificaciones de manera electrónica al usuario señalados como PINGUIN. Se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción realicen la digitalización de las notificaciones, a partir del presente proveído, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Sin que sea necesario proveer respecto al domicilio, toda vez que, como lo solicita en su escrito de demanda, las notificaciones se le harán vía electrónica, aunado a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo por el virus COVID-19. Se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, José Angel Celestino Ramirez, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora y por así haberlo solicitado. En cuanto al correo electrónico que proporciona, dígasele que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de cámaras digitales y escáner; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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