Gustavo Guerrero Ruiz

Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
452/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Guerrero Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por 1) ****; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. En el presente juicio de amparo no se apertura incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra acto de la Magistrada en función de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 452/2021. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. [.] De la interpretación de esta disposición legal se desprende que cuando exista causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda de amparo se desechará de plano. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, se hace consistir en: "(.) IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN 1.- A la autoridad responsable, le reclamo la omisión de dictar RESOLUCIÓN en el Juicio Administrativo de Negativa Ficta 68/2020. Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende que el amparista señala: "(.) 2.- Seguidamente, atendiendo la secuencia procesal, se dictó auto de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, por lo cual, de su contenido se desprende la citación para oír sentencia dentro del multicitado expediente administrativo. 3.- A la fecha de la presentación del presente juicio de amparo, la responsable ha sido omisa en dictar la resolución respectiva, dentro del juicio administrativo de nulidad en el expediente 68/2020." En ese contexto, podemos afirmar que opera de forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que la misma ley, aplicado en sentido contrario, los cuáles establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, tenemos que del ocurso inicial de demanda se desprende que el acto materia de reclamo en este contradictorio federal, consiste en la omisión de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, de dictar sentencia dentro del expediente 68/2020. Antes de continuar, quien ahora resuelve estima pertinente establecer que el artículo 80, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, establece: "ARTICULO 80.- La audiencia se celebrará ante la presencia del Magistrado de la Sala, concurran o no las partes, y su orden será el siguiente: I.- Se dará cuenta con las reclamaciones de las partes y con cualquier cuestión incidental suscitada durante la tramitación del juicio; al efecto se recibirán las pruebas y los alegatos de las partes sobre el particular. Acto continuo, la Sala pronunciará la resolución que proceda, ordenando en su caso, que se practiquen las diligencias omitidas; II.- Si la resolución de las reclamaciones o de los incidentes no trae como consecuencia el que deba suspenderse la audiencia, se leerán la demanda, su contestación y las demás constancias de autos; III.- Se estudiarán, de oficio, los sobreseimientos que procedan, respecto de las cuestiones que impidan que se emita una resolución de fondo, y se dictará la resolución que corresponda; IV.- En su caso, se desahogarán las pruebas que hayan sido admitidas. El Magistrado de la Sala podrá formular a las partes, a sus representantes, a los testigos y peritos, toda clase de preguntas respecto a las cuestiones debatidas; V.- Se oirán alegatos del actor, de la parte demandada y del tercero perjudicado, los que se producirán en ese orden. Las partes podrán presentar sus alegatos por escrito o verbalmente. En este último caso no será necesaria su transcripción en los autos, ni podrán exceder de media hora por cada parte. Las promociones que las partes presenten o formulen verbalmente en la audiencia, así como sus oposiciones contra los acuerdos que en ella se dicten, se resolverán en la misma audiencia o en el plazo de tres días, a juicio del Magistrado Instructor, y VI.- La audiencia se dará por concluida, y la Sala dictará la resolución dentro de los diez días siguientes." De lo anterior se colige en lo que aquí interesa que, una vez concluida la audiencia, la Sala dictará la resolución dentro de los diez días siguientes. En ese tenor de ideas y vistos los antecedentes reseñados en párrafos superiores, podemos concluir que la resolución que ahora se reclama, indudablemente que por los efectos y consecuencias que genera, no puede ser considerada como de ejecución irreparable, en tanto que se trata de una determinación de carácter meramente procedimental, según se explica a continuación. En efecto, en primer lugar se hace énfasis en que dicho acto no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, simplemente es una actuación que es parte del procedimiento de origen, o sea, ese acto sólo se relaciona con las fases del propio procedimiento natural, en el caso en particular, con cuestiones relativas al trámite dentro de la etapa relativa, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó; lo que, sin duda, en contraposición a lo propuesto por la impetrante, genera que sus efectos no se igualen con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el catorce de julio de dos mil catorce, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En esa disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: i. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ii. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, conforme al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el procedimiento. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Lo que de suyo implica que el quejoso no se encontrará en condiciones de promover amparo contra tantos actos procesales se vayan emitiendo durante la tramitación del procedimiento y que sólo produzcan afectación a derechos adjetivos. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan las garantías de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. Por otro lado, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones procesales sufridas a través del amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso a), y los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, de dictar sentencia dentro del expediente 68/2020; por tanto, resulta inconcuso que dicho acto únicamente pudiera perturbar, en su caso, derechos adjetivos o procesales y, en su grado mayor de afectación, implica el retardo del procedimiento de origen; de lo que claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no son de imposible reparación, ya que por en contraposición a ello, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello al margen de su "trascendencia predominante o superior"; pues, como se anticipó, en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, únicamente contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí, descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. [.] Por lo anterior, válidamente puede decirse que el acto atacado en este juicio de amparo no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que el acto reclamado es un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos. En suma a lo anterior, conviene destacar que cuando se alega como acto reclamado la violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en forma lisa y llana, por retardo en la impartición de justicia por dejar de actuar, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general esto no puede considerarse de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, dado que no se trata de alguna omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste donde el quejoso es parte; por lo que en ese supuesto, no se actualiza una excepción para acudir al juicio de amparo, salvo que logre advertirse abierta dilación al procedimiento. [.] En ese orden de ideas, conviene establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también determinó en torno a ese tema y en tratándose de juicios laborales ante las Juntas, que la abierta o excesiva dilación en la impartición de justicia a que se hizo referencia en la jurisprudencia reproducida con antelación, acontece cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales en el dictado de los proveídos, resoluciones o realización de las diligencias relativas, ello si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, dispositivo legal que en lo que aquí interesa dispone lo siguiente: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. (.)" Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), con número de registro: 2019400, cuyo rubro y texto, rezan lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese sentido, es importante establecer que la ley que rige el expediente 68/2020, del índice de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, es la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, la cual en su artículo 41 BIS, reza en lo que aquí importa, lo siguiente: "ARTÍCULO 41 BIS.- La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del procedimiento, desde la presentación de la demanda hasta antes de que se cite a las partes para oír resolución, si transcurridos seis meses naturales contados a partir de la notificación de la última determinación jurisdiccional, no hubiere promoción, de cualquiera de las partes, que tienda a llevar adelante el procedimiento, siempre que la promoción sea necesaria para la continuación de procedimiento en el juicio o en la revisión." En ese orden de ideas, y atendiendo el contenido del artículo trascrito, y de las consideraciones plasmadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), el suscrito considera que en los juicio tramitados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con domicilio en esta ciudad, ocurre una abierta o excesiva dilación en la impartición de justicia cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales en el dictado de los proveídos, resoluciones o realización de las diligencias relativas. Ahora, es necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Por consiguiente, tenemos que en el caso particular, si la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California celebró la audiencia a que se refiere el artículo 80, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, por ende, en términos generales debió emitir la sentencia correspondiente a más tardar los diez días hábiles siguientes, es decir, el veintidós de marzo de este año; de manera que el incumplimiento al plazo de referencia (cuarenta y cinco días naturales), inició a partir del veintitrés de marzo de la anualidad y, si la demanda de amparo de estudio se presentó el día veintitrés de abril del año en curso, claramente podemos colegir que entre ambas fechas únicamente trascurrieron treinta y dos días naturales, de que acaeció la omisión tildada de inconstitucional. Por ende, la omisión de análisis no es de imposible reparación, en la medida que no afecta derechos sustantivos, virtud que según lo evidenciado en párrafos supra, no trascurrieron más cuarenta y cinco días naturales de que ocurrió la inactividad denunciada por la parte quejosa; lapso estimados en base al 80, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California y las consideraciones plasmadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para considerar que en el procedimiento administrativo génesis, nos encontramos ante una abierta dilación. En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida; por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Se autoriza consultar electrónicamente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35, 39, 55, y demás relativos y aplicables del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente; se autoriza el acceso al presente expediente electrónico para consultarlo electrónicamente al usuario: "Imperivmlll" a nombre de 2) Jorge Eduardo García Imperial; por lo anterior, hágasele saber que podrá tramitar el juicio en línea. Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Notificaciones por vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones a la parte quejosa, vía electrónica, por medio de su autorizado 2) Jorge Eduardo García Imperial con nombre de usuario "Imperivmlll". Señala correo electrónico y números telefónicos. Se le tiene señalando el correo electrónico despacho.blanco.asociados@gmail.com, y el número telefónico 6865141505, única y exclusivamente con el fin de establecer contacto, no así para recibir notificaciones por dichos medios de comunicación privada; por lo que se instruye a los actuarios adscritos que tomen nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de ley de amparo al profesionista 2) Jorge Eduardo García Imperial, 3) Jesús Guadalupe Verduzco Imperial y 4) Fernando Lizárraga García, toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano