Gustavo González Ramírez

Expediente 950/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
950/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Gustavo González Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Debido a que la parte tercero interesada ****** no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice:Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el escrito de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Atento a su contenido, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ***** y en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 81, 86, 88, 89 y 92, de la Ley de Amparo, así como 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer. Hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). Distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, en el plazo legal (tres días), se le habilitará el expediente electrónico del juicio en que se actúa al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Para ello, remítase el original del expediente, así como el original del aludido escrito de expresión de agravios; asimismo, se ordena hacer disponible para el Tribunal Colegiado que corresponda el expediente electrónico del juicio en que se actúa, por lo que se instruye al analista encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.), para que habilite dicha función. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. En caso que la Superioridad lo considere necesario, se podrán remitir físicamente las constancias del juicio, previa solicitud que realice y formación del cuaderno de antecedentes, para debida constancia FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el escrito de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Atento a su contenido, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de este año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En ese contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese trámite al recurso de queja que interpone. Asimismo, ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase el presente juicio de amparo, así como la impresión del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación de tal medio de defensa. Asimismo, póngase a disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO". Instrúyase al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice los trámites necesarios en el aludido sistema, a fin de hacer disponible el expediente electrónico para el Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado recurso. Por lo tanto fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas de turno establecidas en la Circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitarse mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. En la inteligencia que, se autoriza a la Secretaria para que firme electrónicamente el oficio que se libre para tal efecto. Asimismo, por cuanto hace al domicilio, autorizados, usuarios y datos de contacto que señala, dígasele que deberá estarse a lo acordado el cinco de octubre de este año. FIRMAS ELECTRÓNICA...

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. En razón que la demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 3, fracción III y artículo 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, intégrese en formato impreso. Atento a su contenido, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarla con el número de juicio 950/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, del propio ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones derivadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, es decir, aquella que lo concluya, o cuando el acto sea de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos. En relación con la naturaleza de los procedimientos seguidos en forma de juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/2000-PL, en sesión de catorce de marzo de dos mil tres, sostuvo que dicho concepto debe entenderse de manera amplia, ya que no sólo deben considerarse aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, sino que también deben comprenderse aquellos procedimientos en los que, sin dirimir alguna contienda, la autoridad prepara, frente al particular, su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. La consideración vertidas quedó plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, que establece lo siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 184435 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 196 Tipo: Jurisprudencia "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." No resulta obstáculo que la interpretación invocada haya derivado del estudio del artículo 114, fracción II4 , de la Ley de Amparo abrogada el doce de abril de dos mil trece, pues su redacción es similar al artículo 107, fracciones II y III, de la ley vigente de la materia, por lo que se estima que continúa siendo aplicable para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos derivados de procedimientos seguidos en forma de juicio, ante autoridades diversas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por otra parte, por cuanto hace a los actos emitidos dentro de procedimientos seguidos en forma de juicio, que sean de imposible reparación, conviene traer a cuenta que nuestro Alto Tribunal, al analizar el supuesto similar previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicable a los actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues el artículo 107 fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procesales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión del treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que analizó lo relativo a la negativa de llamar a juicio a un tercero interesado, y de la cual emitió la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), de rubro: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", delimitó el concepto de actos de imposible reparación, pues en la ejecutoria relativa estableció las premisas siguientes: - Para ser calificados como "actos de imposible reparación", es necesario que los actos emitidos dentro de juicio: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos" - En ese sentido, se precisó como requisito necesario para actualizar un acto de imposible reparación, que las consecuencias de los actos intraprocesales sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además que tal afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase el ámbito procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. - Finalmente, precisó que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Ahora, debe destacarse que el mismo Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio y no sea de imposible reparación, es factible desechar una demanda de amparo, pues en ese caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2013364 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 32/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." HECHOS En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: a) La emisión del ACUERDO de fecha cinco de septiembre del 2023, dentro del expediente 037/2022 mediante la cual el Lic. ***** Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado; que desecha de plano el incidente de acumulación de autos, respecto de los expedientes 270/2021 y 037/2022 radicados ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, por haberse hecho la petición de forma extemporánea, conforme al artículo 319 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, siendo este aplicado de manera supletoria. b) La emisión del ACUERDO contenida en el oficio con número de folio CGE/DGRA/3940/2023, de fecha dieciocho de septiembre del 2023, dentro del expediente 270/2021 mediante la cual el Lic. ***** Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado; notifica al quejoso que desecha de plano el incidente de acumulación de autos, respecto de los expedientes 270/2021 y 037/2022 radicados ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, por haberse hecho la petición de forma extemporánea, conforme al artículo 319 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, siendo este aplicado de manera supletoria. CONCLUSIÓN Con base en el marco jurídico expuesto, es posible advertir que el acto reclamado no actualiza los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues en principio no se trata de la resolución definitiva, es decir, aquella que la resuelve, ni actualiza una afectación irreparable sobre algún derecho sustantivo, debido a que no impide de forma actual el ejercicio de algún derecho por parte del quejoso. En todo caso, los actos reclamados sólo pueden implicar una infracción de derechos adjetivos, los cuales ni siquiera podrían trascender en el resultado del fallo, pues no impide que en los procedimientos administrativos de origen, seguidos en forma de juicio, se puedan emitir resoluciones favorables a los intereses del justiciable, entonces se tornaría irrelevante el hecho que se hubiera recibido el expediente. Por el contrario, en caso que las resoluciones definitivas que en su caso se emitan en esos procedimientos, resulten adversas a sus intereses, entonces la posible afectación que aduce resentir, sería reclamable como violación procesal en el diverso juicio amparo que en su caso se promueva en contra de esas resoluciones -una vez agotado el recurso ordinario que resulte procedente-, en el que, de concederse el amparo, podría tener por efecto reparar la afectación que resiente la parte quejosa; de ahí que sea posible considerar que se trata de una violación de reparación posible, precisamente por no afectar derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que los actos reclamados no afectan algún derecho sustantivo, no constituyen actos dictados en los procedimientos seguidos en forma de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, ello denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Resulta ilustrativa al caso, la tesis que establece lo siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2007780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: II.1o.4 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2921 Tipo: Aislada "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." No se inadvierten las tesis invocadas en la demanda de amparo, para demostrar la procedencia del juicio de amparo, sin embargo no son obligatorias para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al margen que la que señala bajo el registro digital 173577, regula un supuesto distinto, esto es cuando se declaró procedente la acumulación, lo que no acontece en el caso que nos ocupa. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. AUTORIZADOS Por otra parte, ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******* debido a que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. AUTORIZACIÓN, CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES POR ESA VÍA En ese contexto, con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ******* con usuario *****respectivamente, el acceso al expediente electrónico del presente juicio para consulta, presentar promociones y RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que las constancias que deban constar en el expediente físico conforme a lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, estarán a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlos, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Sin que haya lugar a tener como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones el que indica, al haber solicitado que se practiquen las mismas vía electrónica, tal y como se expuso en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2017924 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.P.34 K (10a.) Página: 2364 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. El artículo 26 de la Ley de Amparo prevé cuatro vías para notificar los autos o resoluciones emitidos en el juicio de control constitucional, a saber: a) en forma personal; b) por oficio; c) por lista; y, d) la electrónica; siendo que cada una de éstas se encuentra expedita para emplearse en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular. De ese modo, las notificaciones relativas a los incisos a), b) y c) son las vías "tradicionales" en las que éstas se practican en un juicio de amparo, pues se comprende que si el órgano jurisdiccional pretende notificar personalmente una determinación a alguna de las partes, ya sea por previsión de la ley o porque lo estima necesario, dependiendo de la parte procesal de que se trate, empleará alguna de las vías de notificación a) y b), es decir, en forma personal o por medio de oficio; pero si considera que es innecesario que la comunicación respectiva se haga así, el auto o resolución deberá notificarse como lo señala el inciso c), o sea, por medio de lista, pues no puede haber proveído alguno que carezca de publicidad. Por su parte, la notificación citada en el inciso d), es decir, la referente a la vía electrónica, constituye un medio "especial" por el cual, las partes que así lo soliciten, se hacen sabedoras de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el controvertido constitucional, siendo que, salvo en situaciones específicas, la notificación electrónica sustituye a las indicadas como vías "tradicionales" (o sea, a la notificación personal, por oficio y por lista), debiendo practicar el órgano de amparo toda clase de comunicación con la parte que así lo designe, por ese medio. Esto es así, pues del artículo 30 de la ley de la materia, en el que se reglamenta cómo deben llevarse a cabo las notificaciones electrónicas, se advierte la carga procesal u obligación de la parte que elija dicho modo de notificación, de estar diariamente, o sea, de modo permanente, al pendiente del expediente digital, a fin de que oportunamente esté enterada de los pronunciamientos que se decreten en él, de donde se colige que cuando una de las partes elige que las actuaciones emanadas del juicio se le notifiquen electrónicamente, lo conducente es que se le practiquen todas sus notificaciones por esa vía, incluso, las de carácter no personal, salvo casos en los que el órgano de amparo, atento a la naturaleza del acto, estime que deban efectuarse por el actuario mediante otro método. Lo anterior, ya que ni la Ley de Amparo ni el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, prevén alguna disposición que indique que la notificación electrónica deba emplearse única y exclusivamente respecto de proveídos o determinaciones que deben hacerse del conocimiento personal de la parte procesal de que se trate, mientras que el resto (o sea, las de carácter no personal) deban efectuarse por otra vía, como por ejemplo, por medio de lista; ni tampoco en los ordenamientos jurídicos referidos existe dispositivo que señale que la notificación electrónica deba duplicarse o estar a la par de cualquiera de las vías "tradicionales", pues en congruencia con la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo vigente, la notificación electrónica es una vía adoptada libre y voluntariamente por las partes, para que puedan tener conocimiento y consultar de forma pronta, rápida, ágil e inmediata, todas y cada una de las determinaciones que en aquél lleguen a emitirse, sin soslayar que es una vía que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Por tanto, en el sumario es ilegal que la misma parte procesal (como lo es la quejosa) tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones, ya que ello genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el expediente, pues al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley citada, situación que, además de que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, también podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas, verbigracia, para la presentación de escritos, desahogo de vistas, ofrecimiento de pruebas o interposición de recursos, entre otros supuestos". DATOS DE CONTACTO Se toman como datos de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

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