Gustavo González Ortíz

Expediente 112/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
112/2019
Año
2019
Actuaciones
35
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Gustavo González Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV , del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo Décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno de original del incidente de suspensión, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada, por lo que una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión trasládense al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, de la normatividad en consulta. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Incidental

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV , del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo Décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno de original del incidente de suspensión, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada, por lo que una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión trasládense al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, de la normatividad en consulta. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. ... Ahora, en sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve se concedió el amparo para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el auto dictado el dieciocho de enero del año en curso en el juicio privilegiado de recuperación de posesión del menor ***; 2 Enseguida, con libertad de jurisdicción, determine fundada y motivadamente si se actualiza o no alguno de los supuestos previstos en los artículos 223 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para no sancionar oficiosamente el convenio ya ratificado. 3 En el entendido, que si el juez decide elevar el convenio a la categoría de cosa juzgada, entonces le corresponderá oficiosamente velar porque se cumpla lo dispuesto en el mismo, principalmente lo relativo a la guarda y custodia del menor, el régimen de visitas y convivencia, así como el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y demás gastos que sean necesarios para la subsistencia del niño. 4 Teniendo en cuenta la situación por la que probablemente atraviesa el menor T.G.O., el juez adopte todas las medidas a su alcance para indagar su paradero e, incluso, para impedir que se le siga ocultando, siempre que las mismas sean idóneas, razonables y proporcionales a las circunstancias del caso. 5 En la inteligencia que si descubre que el progenitor es quien mantenía al niño oculto o no localizable, no deberá separarlo de inmediato de su entorno, sino que deberá ordenar que ello acontezca gradualmente, pues una decisión de esa índole podría afectar psicológicamente al menor, siempre que el padre ofrezca alguna garantía objetiva y real de que el niño estará localizable. 6 Para dar cumplimiento a lo anterior, el juez deberá analizar las constancias que fueron ofrecidas por las partes y, de estimarlo necesario, ordenar el desahogo oficioso de diversas probanzas que le permitan establecer la situación actual del menor, atendiendo a los aspectos destacados en el presente fallo y tomando en consideración el interés superior del menor involucrado." Por lo que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, mediante oficio número 864 foja 255 informó la resolución dictada el ocho de abril de dos mil diecinueve en el juicio privilegiado de recuperación de posesión de menor *** de su índice. De dicha resolución se advierte que el juez responsable: Dejó insubsistente el auto dictado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho en el juicio de origen. Con fundamento en los artículos 223 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, determinó elevar el convenio celebrado entre las partes el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho a categoría de cosa juzgada, toda vez que se cumplió con el requisito previsto en el artículo 223 de la ley adjetiva que se menciona. Asimismo, para lograr que se cumpliera con el convenio celebrado entre los progenitores del menor T.G.O., el juez responsable ordenó citar a la abuela materna del menor para que manifestara el paradero de T.G.O. y *** y giró oficios a los agentes del Ministerio Público de su adscripción, de la Agencia Especializada de Desaparición de Personas y a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, para indagar el paradero del menor quejoso y de su progenitora. Ahora, el juez responsable mediante oficio 957 -foja 280- remitió copia certificada de la declaración de *** abuela materna de T.G.O. rendida el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, de la que se advierte que a esa fecha desconocía el paradero de su hija y nieto. A su vez, el Titular de la Unidad adscrito a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mediante oficio 1314/2019 foja 288 le informó al juez responsable que en la carpeta de investigación *** se giró oficio a la Agencia Estatal de Investigación, y se solicitó la colaboración al interior del Estado, así como a los Estados que integran la República Mexicana, entre otras cosas, para dar con el paradero de T.G.O. y ***. Por su parte, la Directora de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública mediante oficio del siete de mayo del año en curso -foja 315 reverso- le informó que T.G.O. se encontraba inscrito en el ciclo escolar 2018-2019 en la Escuela Margarita Maza de Juárez del Municipio de Chilchotla, Puebla, sin especificar si actualmente estaba acudiendo a dicha escuela. Por lo que, el juez responsable mediante proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve foja 347 ordenó a la diligenciaría de su adscripción se constituyera en la Escuela Margarita Maza de Juárez para investigar si el menor estaba acudiendo a clases, diligencia que remitió mediante oficio de cuatro de junio de dos mil diecinueve foja 356, de la que se advierte que el menor dejó de asistir a clases desde noviembre de dos mil dieciocho. En el mismo proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable requirió al agente del Ministerio Público encargado de la Agencia Especializada de Desaparición de Personas y al agente del Ministerio Público de su adscripción, le informaran cuándo activaron al Alerta Amber sobre la desaparición de T.G.O. Mediante oficio 1477 -foja 354- el juez responsable informó que la activación de la Alerta Amber correspondía al encargado del despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado, a quien requirió el informe respectivo. En diverso oficio de once de junio de dos mil diecinueve -foja 372- el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, informó que la agente del Ministerio Público adscrita le manifestó que la investigación sobre la desaparición del menor y su madre se encuentra a cargo del Titular de la Unidad adscrito a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; asimismo, informó que la autoridad antes mencionada y el encargado del despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado hasta esa fecha habían sido omisos en rendir su informe sobre la activación de la Alerta Amber, razón por la cual este juzgador mediante proveído del catorce de junio pasado, requirió el aludido informe a las autoridades mencionadas. En consecuencia, el encargado del despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado mediante oficio de dieciocho de junio del año en curso -foja 384- informó que está imposibilitado para activar la Alerta Amber sobre la desaparición del menor T.G.O. en razón a que no se considera la existencia de un riesgo inminente el hecho de que el menor se encuentre bajo la custodia de la madre, aun y cuando se desconozca su paradero. Misma circunstancia informó la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en el oficio de cuenta. En atención a lo anteriormente relatado, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, pues tal y como se ordenó en la sentencia, dejó insubsistente el auto reclamado; elevó el convenio a la categoría de cosa juzgada y realizó todas las gestiones para indagar el paradero del menor quejoso y su madre, por tanto, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexo de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, por medio del cual manifiesta dar cumplimiento a lo solicitado en proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, y remite copia cotejada de los oficios FED/2016/2019, CI/12426/2019 -del encargado de despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado- y 2053/2019 de los que se advierten las gestiones que realizó a efecto de que se activara la Alerta Amber sobre la desaparición del menor T.G.O., así como los impedimentos para llevarla cabo. Asimismo, se agrega el oficio del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, mediante el cual informa que el encargado de despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado y la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, está imposibilitados para activar la Alerta Amber respecto del menor T.G.O., de lo que se toma conocimiento. ? Vista con cumplimiento. Ahora, en sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve se concedió el amparo para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "[1] Deje insubsistente el auto dictado el dieciocho de enero del año en curso en el juicio privilegiado de recuperación de posesión del menor 612/2018; [2] Enseguida, con libertad de jurisdicción, determine fundada y motivadamente si se actualiza o no alguno de los supuestos previstos en los artículos 223 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para no sancionar oficiosamente el convenio ya ratificado. [3] En el entendido, que si el juez decide elevar el convenio a la categoría de cosa juzgada, entonces le corresponderá oficiosamente velar porque se cumpla lo dispuesto en el mismo, principalmente lo relativo a la guarda y custodia del menor, el régimen de visitas y convivencia, así como el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y demás gastos que sean necesarios para la subsistencia del niño. [4] Teniendo en cuenta la situación por la que probablemente atraviesa el menor T.G.O., el juez adopte todas las medidas a su alcance para indagar su paradero e, incluso, para impedir que se le siga ocultando, siempre que las mismas sean idóneas, razonables y proporcionales a las circunstancias del caso. [5] En la inteligencia que si descubre que el progenitor es quien mantenía al niño oculto o no localizable, no deberá separarlo de inmediato de su entorno, sino que deberá ordenar que ello acontezca gradualmente, pues una decisión de esa índole podría afectar psicológicamente al menor, siempre que el padre ofrezca alguna garantía objetiva y real de que el niño estará localizable. [6] Para dar cumplimiento a lo anterior, el juez deberá analizar las constancias que fueron ofrecidas por las partes y, de estimarlo necesario, ordenar el desahogo oficioso de diversas probanzas que le permitan establecer la situación actual del menor, atendiendo a los aspectos destacados en el presente fallo y tomando en consideración el interés superior del menor involucrado." Por lo que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, mediante oficio número 864 -foja 255- informó la resolución dictada el ocho de abril de dos mil diecinueve en el juicio privilegiado de recuperación de posesión de menor 612/2018 de su índice. De dicha resolución se advierte que el juez responsable:  Dejó insubsistente el auto dictado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho en el juicio de origen.  Con fundamento en los artículos 223 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, determinó elevar el convenio celebrado entre las partes el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho a categoría de cosa juzgada, toda vez que se cumplió con el requisito previsto en el artículo 223 de la ley adjetiva que se menciona.  Asimismo, para lograr que se cumpliera con el convenio celebrado entre los progenitores del menor T.G.O., el juez responsable ordenó citar a la abuela materna del menor para que manifestara el paradero de T.G.O. y Diana Laura Ortiz Hernández, y giró oficios a los agentes del Ministerio Público de su adscripción, de la Agencia Especializada de Desaparición de Personas y a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, para indagar el paradero del menor quejoso y de su progenitora. Ahora, vistos los presentes autos se advierte que el juez responsable mediante oficio 957 -foja 280- remitió copia certificada de la declaración de Pascuala Hernández Pedraza -abuela materna de T.G.O. - rendida el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, de la que se advierte que a esa fecha desconocía el paradero de su hija y nieto. A su vez, el Titular de la Unidad adscrito a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mediante oficio 1314/2019 -foja 288- le informó al juez responsable que en la carpeta de investigación *** se giró oficio a la Agencia Estatal de Investigación, y se solicitó la colaboración al interior del Estado, así como a los Estados que integran la República Mexicana, entre otras cosas, para dar con el paradero de T.G.O. y ***. Por su parte, la Directora de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública mediante oficio del siete de mayo del año en curso -foja 315 reverso- le informó que T.G.O. se encontraba inscrito en el ciclo escolar 2018-2019 en la ***, Puebla, sin especificar si actualmente estaba acudiendo a dicha escuela. Por lo que, el juez responsable mediante proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve -foja 347- ordenó a la diligenciaría de su adscripción se constituyera en la Escuela *** para investigar si el menor estaba acudiendo a clases, diligencia que remitió mediante oficio de cuatro de junio de dos mil diecinueve -foja 356-, de la que se advierte que el menor dejó de asistir a clases desde noviembre de dos mil dieciocho. En el mismo proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable requirió al agente del Ministerio Público encargado de la Agencia Especializada de Desaparición de Personas y al agente del Ministerio Público de su adscripción, le informaran cuándo activaron al Alerta Amber sobre la desaparición de T.G.O. Mediante oficio 1477 -foja 354- el juez responsable informó que la activación de la Alerta Amber correspondía al encargado del despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado, a quien requirió el informe respectivo. En diverso oficio de once de junio de dos mil diecinueve -foja 372- el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, informó que la agente del Ministerio Público adscrita le manifestó que la investigación sobre la desaparición del menor y su madre se encuentra a cargo del Titular de la Unidad adscrito a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; asimismo, informó que la autoridad antes mencionada y el encargado del despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado hasta esa fecha habían sido omisos en rendir su informe sobre la activación de la Alerta Amber, razón por la cual este juzgador mediante proveído del catorce de junio pasado, requirió el aludido informe a las autoridades mencionadas. Por lo que, el encargado del despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado mediante oficio de dieciocho de junio del año en curso -foja 384- informó que está imposibilitado para activar la Alerta Amber sobre la desaparición del menor T.G.O. en razón a que "no se considera la existencia de un riesgo inminente el hecho de que el menor se encuentre bajo la custodia de la madre, aun y cuando se desconozca su paradero". Misma circunstancia que informa la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en el oficio de cuenta. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído con los oficios a que se hace alusión en el presente proveído y con sus anexos, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Apercibida que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo , notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a las partes quejosa y tercera interesada, y por oficio al representante especial del menor, corriendo traslado con las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano