Gustavo González Martínez

Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
476/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Gustavo González Martínez
  • Juez Décimo Primero Especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo a su destino. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Atento a lo anterior, se precisa que en el presente asunto se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; por tanto: Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será CONSERVADO en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XX del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 20 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 35 del referido ordenamiento, se hace del conocimiento que una vez transcurrido el término de noventa días precisado con antelación, la devolución de documentos originales se realizará, previo acuerdo que recaiga a la petición del solicitante quien deberá acreditar tener derecho a recibirlos. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Se hace del conocimiento que la entrega de los citados documentos se efectuará en un horario de nueve con treinta a catorce con treinta minutos, de lunes a viernes. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Juez Décimo Primero Especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Rinde su informe justificado; y, Ofrece prueba. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Prueba. Se admite la prueba ofrecida. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XVII, del citado artículo 61, con relación a las diversas 62 y 63 de la Ley de Amparo, que textualmente disponen. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causal de improcedencia señalada en la fracción XVII, del citado artículo 61, ha establecido los siguientes criterios: El primero, emitido en la Novena Época, por la Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, tesis 2a. CXI/96, en su página doscientos diecinueve. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". El segundo, correspondiente a la Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página cuatro mil novecientos ochenta y uno, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... «contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica». Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". El tercero, de la Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página mil quinientos setenta y tres que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Bajo esa premisa, del estudio integral de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en: 1.- La falta y/o ilegal emplazamiento al juicio civil número 144/2023, del índice de la responsable. 2.- La tramitación del juicio mercantil Ahora bien, la autoridad responsable ordenadora, manifiesta y acredita que mediante auto veintiuno de junio de dos mil veintitrés, elevó a categoría de cosa juzgada el convenio de transacción judicial sobre reconocimiento de adeudo que celebraron y ratificaron el quejoso Gustavo González Martínez y tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE. Lo anterior se corrobora enseguida: A tales documentales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo expuesto, es evidente que ha ocurrido un cambio de situación jurídica del acto reclamado de forma total e incondicional porque el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial (juicio ejecutivo mercantil 144/2023). Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una actuación procesal que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud de que en el juicio ejecutivo mercantil número 144/2023, el actor en lo principal -aquí tercero interesado- Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, llegó a un convenio de transacción judicial con el aquí quejoso. Esta nueva circunstancia sobrevenida en el juicio de origen, genera una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional y finalmente, existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el presente juicio constitucional y la nueva actuación procesal emitida el veintiuno de junio de dos mil veintitrés dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, pues finalmente, el actor en lo principal -aquí tercero interesado-Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal- llegó a un convenio de transacción judicial con el aquí quejoso. Ahora bien de lo anterior, y como ya se dijo, en el caso particular se estima que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. Como consecuencia de ello, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la nueva determinación y que no es motivo de análisis en este juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida en contra de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 144/2023 del índice de la autoridad responsable y sus efectos, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un nuevo acto, que traiga por resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Resulta aplicable al caso, la tesis de la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la página tres mil treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCI, cuyo texto señala: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo". Conclusión. Consecuentemente, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de garantías de conformidad con lo establecido en la fracción IV del diverso ordinal 63, de la legislación de la materia. De ahí que se actualiza de manera indudable la hipótesis de sobreseimiento antes mencionada y procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Lo anterior, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las trece horas con veinte minutos del seis de julio de dos mil veintitrés. Así como la fecha y hora señaladas para la diligencia de ratificación de firma, programada para las diez horas con veintinueve minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado y autoridades responsables.

  4. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Escrito. El quejoso ********************, se desiste del juicio de amparo en el que se actúa. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, se tienen por hechas las manifestaciones del quejoso en relación a que es su deseo desistirse de la tramitación del presente juicio de amparo. Ahora, vistas las manifestaciones expuestas en el ocurso de cuenta, relativas a la intención de la parte quejosa de desistirse de la tramitación del presente juicio de amparo, cuya consecuencia conllevaría el sobreseimiento, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo que no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. Por lo tanto, la ratificación tiene como finalidad generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado como lo establecen las tesis transcritas. Ahora bien, a fin de satisfacer el principio de instancia de parte agraviada y tener la certeza de la voluntad del quejoso de desistirse del juicio constitucional, y manifestar de viva voz su voluntad, se contemplan dos supuestos para su ratificación, (1) de manera personal ante esta autoridad jurisdiccional o (2) vía escrito con firma electrónica. 1. Cita para diligencia de ratificación presencial. Por tal motivo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL 2. Ratificación por escrito con firma electrónica. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa para que, en caso de elegir la ratificación vía escrito electrónico, en el término de tres días ratifique el presente escrito mediante diverso que presente con firma y evidencia criptográfica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, la siguiente leyenda: "Que el motivo de mi escrito es para ratificar el contenido y reconocer la firma del escrito recibido en este Juzgado de Distrito el veinte de junio de dos mil veintitrés, registrado en el libro de correspondencia de este juzgado con el folio 11628, por el cual ******************** me desisto a su entero perjuicio del presente juicio de garantías, por ser esta mi intención, por lo que en este acto ratifico el desistimiento que efectué en tal ocurso sobre la tramitación de este controvertido constitucional." Apercibimiento. En ese sentido, se apercibe a la parte quejosa que de no (1) presentar el escrito de ratificación de desistimiento de la demanda, (2) no comparezca a la diligencia de ratificación, o de no realizar manifestación alguna, en el término señalado, se continuará con el trámite del presente asunto. Diferimiento anticipado. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el veintidós de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, llegados a dicha fecha aún no transcurriría el plazo de tres días antes concedido a la parte quejosa. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y, electrónicamente a la parte quejosa.

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