Gustavo García García
Expediente 965/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2018
Partes del expediente
- Gustavo García García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el escrito del quejoso Guillermo Hernández Ojeda; visto su contenido, téngasele señalando domicilio para recibir sus notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que menciona, asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental a que hace referencia, y toda vez que la misma no es un documento de valor, téngase por autorizado para recibirla a Melitón Serrano González, previa toma de razón de su devolución y copia que de la misma se deje en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del oficio DPJ/76/2018 de ocho de mayo del presente año, en el que dio contestación a la solicitud de pensión por jubilación, ingresada por Ricardo Pérez Velázquez, el cuatro de abril de dos mil diecisiete, para lo cual le informó que no es procedente ya que su expediente se encuentra en periodo de integración; asimismo, remitió la constancia de notificación al aquí quejoso del citado oficio. Al respecto, la autoridad responsable de mérito aduce que con el documento antes indicado, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Gustavo García García, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridad responsable: Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen 211/2017. Ahora, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa son ciertos, sin embargo, se advierte que el quince de mayo de dos mil dieciocho emitió la sentencia en forma de laudo respectiva dentro del juicio laboral de origen 211/2017, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a el quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Gustavo García García acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen 211/2017; por lo que la autoridad responsable, al haber dictado dicho laudo el quince de mayo de dos mil dieciocho -omisión reclamada-, es dable concluir que cesaron los efectos del acto reclamado del que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Gustavo García García reclamó de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del siete de junio de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por el que en cumplimiento al acuerdo de veintiocho de mayo de presente año, remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas, mismas que ofreció como pruebas de su parte, el quejoso Higinio Arnulfo López Sánchez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su especial naturaleza las citadas pruebas documentales, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. En diverso aspecto, téngase por recibido el oficio de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; visto su contenido, remítasele copia certificada de las constancias que indica, para los efectos legales a que haya lugar.
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