Gustavo García Castellanos y Otros.

Expediente 47/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
47/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Gustavo García Castellanos y Otros.
  • Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Titular de la Dirección General de Estadística Judicial de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos de la Dirección General de Estadística Judicial; por el que hace del conocimiento que en atención a lo solicitado por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicación y con motivo de su oficio J2DMAECERT/AML/1/2017, publica de nueva cuenta la relación anexa al listado de asuntos que se remitieron a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento al Acuerdo General 2/2017 en el que se aclara que se acordó respecto de los asuntos recibidos, con la finalidad de que haga las veces de acuse de recibo, y se evite elevar la carga de trabajo en dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, toda vez que es indudable que el juicio de amparo al que corresponde este cuaderno de antecedentes fue remitido al Juzgado Primero o Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para el dictado de la resolución respectiva, se evidencia que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, por lo que con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, se ordena el archivo del presente cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por los quejosos: I. ..., (expediente 47/2017). II. ..., (expediente 48/2017). III. ... (expediente 50/2017). IV. ...., (expediente 51/2017). V. ...(expediente 52/2017). VI. ...(expediente 53/2017). VII. ...(expediente 54/2017). VIII. ..., (expediente 55/2017). IX. ..., (expediente 56/2017). X. ..., (expediente 57/2017). XI. ...(expediente 58/2017). XII. ...(expediente 59/2017). XIII. ... (expediente 60/2017). XIV. ...(expediente 61/2017). XV. ...(expediente 62/2017). XVI. ...(expediente 63/2017). XVII. ...(expediente 64/2017). XVIII. ...(expediente 65/2017), y XIX. ...(expediente 66/2017). Visto su contenido, se tiene a los ocursantes dando cumplimiento al requerimiento que se les realizó en proveído de trece de enero del año en curso; pues por una parte precisan que efectivamente es su deseo señalar como autoridad responsable al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, además que indican de forma pormenorizada los actos que les reclaman a las autoridades responsables siendo los siguientes: A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: RECLAMAMOS EL COBRO DE IMPUESTOS SOBRE EL PRECIO DE LA GASOLINA Y DIESEL, COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DIESEL, DERIVADA DE LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO TRANSITORIO DECIMO PRIMERO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017; EN VIRTUD DE LA CUAL SE ESTABLECIÓ EL AUMENTO DESMEDIDO AL COSTO DE LA GASOLINA Y DIESEL, QUE CAUSA DESPROPORCIONALIDAD Y DESORDEN SOCIAL A LOS MEXICANOS. DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA: RECLAMAMOS LA OMISIÓN DE PREVENIR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ORIENTADAS POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS EN ESTA DEMANDA DE AMPARO QUE APROBARON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, AL PERMITIR EL ALZA DESMEDIDA Y DESPROPORCIONADA CON RELACIÓN AL SALARIO MINIMO VIGENTE EN CADA REGIÓN DEL PAÍS, DEL PRECIO DE LA GASOLINA Y DIESEL, EN DETRIMENTO DE LOS MEXICANOS Y DEL SUSCRITO QUEJOSO, SIN EXISTIR CONDICIONES ECONÓMICAS REALES DE COMPETENCIA ECONOMICA EN ELABORACIÓN O GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE DICHO HIDROCARBUROS, PUES PEMEX, ES LA ÚNICA INSTANCIA EN EL PAIS QUE TIENE EL CONTROL TOTAL DE DICHOS ACTOS, SIN QUE EXISTA COMPETENCIA ALGUNA QUE PERMITA A LA AUTORIDAD Y AL MERCADO REGULAR O AUTO REGULAR DICHOS PRECIOS CON MOTIVO DE LA CALIDAD Y PRECIOS EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR FINAL. DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PERTENECIENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE SU TITULAR: RECLAMAMOS LA EMISIÓN, VIGILANCIA, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LOS PRECIOS MÁXIMOS AL ÚBLICO DE GASOLINA Y DIESEL, PARA LAS 83 REGIONES DEL PÁIS (CON VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2017) Y LOS MUNICIPIOS QUE COMPONEN CADA REGIÓN. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se analiza, y por tanto, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, procedente declinar la misma en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. Lo anterior es así, toda vez que los quejosos, ostentándose como consumidores finales de combustibles, reclaman por una parte la promulgación y aprobación de la fracción II del artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por la que derogó la fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce; así como los efectos que conlleva esa disposición, en virtud del cobro de impuestos sobre el precio de la gasolina y diesel, la omisión de prevenir y erradicar las prácticas monopólicas; así como la emisión, vigilancia, difusión y aplicación la Política de los precios máximos al público de gasolina y diesel para las ochenta y tres regiones del país; actos que se estima corresponden a la materia especializada de competencia económica, reservada por el propio numeral invocado y por el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como de competencia de órganos jurisdiccionales especializados en la misma. Ello es así, toda vez que la fijación del precio de la gasolina, en términos de los artículos 1, 2 y 7 de Ley Federal de Competencia Económica; 26, fracción III, y décimo segundo transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; 82, 83 y 84 de la Ley de Hidrocarburos; es un tema en materia de competencia económica. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se surte el tema de competencia económica, en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia. Entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. Además, los actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales deben surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude mismo precepto, Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los dispositivos legales invocados refieren: (LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA) ARTICULO 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica. ARTICULO 2o.- Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Para efectos de esta Ley, se entenderá por Secretaría, la Secretaría de Economía, y por Comisión, la Comisión Federal de Competencia. ARTICULO 7o.- Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente: I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. (LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017) Artículo 26. En adición a las facultades establecidas en los artículos 22 y 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tendrá las siguientes atribuciones: III. En las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva. La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida precautoria, la regulación provisional de los precios en las actividades que se mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión Federal de Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha en que se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento. Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. (LEY DE HIDROCARBUROS) Artículo 82.- La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros. La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente: I. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado; II. La regulación, además de contemplar los impuestos que determinen las leyes aplicables, considerará que: a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijarán considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y b) Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación general para su cálculo que para tal efecto emita la Comisión Reguladora de Energía, considerando la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros. La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisionarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente. Artículo 83.- La Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá las disposiciones a las que deberán sujetarse los Permisionarios de Transporte, Almacenamiento, Distribución, Expendio al Público y comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, así como los usuarios de dichos productos y servicios, con objeto de promover el desarrollo eficiente de mercados competitivos en estos sectores. Entre otros aspectos, dichas disposiciones podrán establecer la estricta separación legal entre las actividades permisionadas o la separación funcional, operativa y contable de las mismas; la emisión de códigos de conducta, límites a la participación en el capital social, así como la participación máxima que podrán tener los agentes económicos en el mercado de la comercialización y, en su caso, en la reserva de capacidad en los ductos de Transporte e instalaciones de Almacenamiento. Artículo 84.- Los Permisionarios de las actividades reguladas por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, deberán, según corresponda: XI. Respetar los precios o tarifas máximas que se establezcan; Artículo 125.- La Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Energía, definirá las estrategias para el fomento industrial de Cadenas Productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de Hidrocarburos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, conforme a lo siguiente: Como se ve de los numerales transcritos en la fijación del precio de la gasolina a los consumidores intervienen, entre otras autoridades, la Comisión Federal de Competencia Económica; que el establecimiento del precio de los combustibles tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente del mercado; y que la gasolina es un producto necesario para la economía nacional o el consumo popular; además de que es inconcuso que el sector de hidrocarburos es un área estratégica nacional. Luego, que al constituir el acto reclamado, en esencia, promulgación y aprobación de la fracción II del artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por la que derogó la fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, lo que se traduce en el conjunto de herramientas que se dice, utiliza el Ejecutivo Federal con el propósito de promover la eficiencia de los precios en el mercado en beneficio de los consumidores, lo que se hace mediante el decreto que establece las condiciones bajo las cuales se determinan precios de los hidrocarburos; así como los efectos que conlleva esa disposición, es indudable que la cuestión materia de litis incide en la rectoría económica del Estado y en específico en el proceso de competencia y libre concurrencia, en el cual incluso, la ley prevé la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo que se encuentra corroborado en los antecedentes de las demanda de que se trata en las que se precisa que con la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en cuyo artículo Transitorio Décimo Primero se derogó la fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la ciudadanía en general está siendo afectada gravemente en su patrimonio con la aplicación de la política de regulación de precios máximos al público sobre la gasolina y el diesel, regulada e implementada por las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, siendo que los costos de movilidad se están viendo afectados, sin que exista un órgano regulador del Estado lo suficientemente fuerte para detener los abusos de que están siendo objeto. Hechos que hacen, por sí, que se actualice la competencia material en favor de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. En consecuencia; remítanse la demanda de amparo 47/2017 y sus acumuladas 48/2017, 50/2017, 51/2017, 52/2017, 53/2017, 54/2017, 55/2017, 56/2017, 57/2017, 58/2017, 59/2017, 60/2017, 61/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017, 65/2017 y 66/2017, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, así como las copias de tales libelos, para que la turne al Juzgado de Distrito que corresponda, a quien se estima competente para conocer de la presente demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional y el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicitándole el acuse de su recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno para efectos estadísticos. Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Gustavo García Castellanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su representante común.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por los quejosos: I. ..., (expediente 47/2017). II. ..., (expediente 48/2017). III. ... (expediente 50/2017). IV. ...., (expediente 51/2017). V. ...(expediente 52/2017). VI. ...(expediente 53/2017). VII. ...(expediente 54/2017). VIII. ..., (expediente 55/2017). IX. ..., (expediente 56/2017). X. ..., (expediente 57/2017). XI. ...(expediente 58/2017). XII. ...(expediente 59/2017). XIII. ... (expediente 60/2017). XIV. ...(expediente 61/2017). XV. ...(expediente 62/2017). XVI. ...(expediente 63/2017). XVII. ...(expediente 64/2017). XVIII. ...(expediente 65/2017), y XIX. ...(expediente 66/2017). Visto su contenido, se tiene a los ocursantes dando cumplimiento al requerimiento que se les realizó en proveído de trece de enero del año en curso; pues por una parte precisan que efectivamente es su deseo señalar como autoridad responsable al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, además que indican de forma pormenorizada los actos que les reclaman a las autoridades responsables siendo los siguientes: A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: RECLAMAMOS EL COBRO DE IMPUESTOS SOBRE EL PRECIO DE LA GASOLINA Y DIESEL, COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DIESEL, DERIVADA DE LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO TRANSITORIO DECIMO PRIMERO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017; EN VIRTUD DE LA CUAL SE ESTABLECIÓ EL AUMENTO DESMEDIDO AL COSTO DE LA GASOLINA Y DIESEL, QUE CAUSA DESPROPORCIONALIDAD Y DESORDEN SOCIAL A LOS MEXICANOS. DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA: RECLAMAMOS LA OMISIÓN DE PREVENIR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ORIENTADAS POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS EN ESTA DEMANDA DE AMPARO QUE APROBARON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, AL PERMITIR EL ALZA DESMEDIDA Y DESPROPORCIONADA CON RELACIÓN AL SALARIO MINIMO VIGENTE EN CADA REGIÓN DEL PAÍS, DEL PRECIO DE LA GASOLINA Y DIESEL, EN DETRIMENTO DE LOS MEXICANOS Y DEL SUSCRITO QUEJOSO, SIN EXISTIR CONDICIONES ECONÓMICAS REALES DE COMPETENCIA ECONOMICA EN ELABORACIÓN O GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE DICHO HIDROCARBUROS, PUES PEMEX, ES LA ÚNICA INSTANCIA EN EL PAIS QUE TIENE EL CONTROL TOTAL DE DICHOS ACTOS, SIN QUE EXISTA COMPETENCIA ALGUNA QUE PERMITA A LA AUTORIDAD Y AL MERCADO REGULAR O AUTO REGULAR DICHOS PRECIOS CON MOTIVO DE LA CALIDAD Y PRECIOS EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR FINAL. DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PERTENECIENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE SU TITULAR: RECLAMAMOS LA EMISIÓN, VIGILANCIA, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LOS PRECIOS MÁXIMOS AL ÚBLICO DE GASOLINA Y DIESEL, PARA LAS 83 REGIONES DEL PÁIS (CON VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2017) Y LOS MUNICIPIOS QUE COMPONEN CADA REGIÓN. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se analiza, y por tanto, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, procedente declinar la misma en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. Lo anterior es así, toda vez que los quejosos, ostentándose como consumidores finales de combustibles, reclaman por una parte la promulgación y aprobación de la fracción II del artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por la que derogó la fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce; así como los efectos que conlleva esa disposición, en virtud del cobro de impuestos sobre el precio de la gasolina y diesel, la omisión de prevenir y erradicar las prácticas monopólicas; así como la emisión, vigilancia, difusión y aplicación la Política de los precios máximos al público de gasolina y diesel para las ochenta y tres regiones del país; actos que se estima corresponden a la materia especializada de competencia económica, reservada por el propio numeral invocado y por el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como de competencia de órganos jurisdiccionales especializados en la misma. Ello es así, toda vez que la fijación del precio de la gasolina, en términos de los artículos 1, 2 y 7 de Ley Federal de Competencia Económica; 26, fracción III, y décimo segundo transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; 82, 83 y 84 de la Ley de Hidrocarburos; es un tema en materia de competencia económica. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se surte el tema de competencia económica, en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia. Entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. Además, los actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales deben surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude mismo precepto, Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los dispositivos legales invocados refieren: (LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA) ARTICULO 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica. ARTICULO 2o.- Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Para efectos de esta Ley, se entenderá por Secretaría, la Secretaría de Economía, y por Comisión, la Comisión Federal de Competencia. ARTICULO 7o.- Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente: I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. (LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017) Artículo 26. En adición a las facultades establecidas en los artículos 22 y 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tendrá las siguientes atribuciones: III. En las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva. La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida precautoria, la regulación provisional de los precios en las actividades que se mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión Federal de Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha en que se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento. Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. (LEY DE HIDROCARBUROS) Artículo 82.- La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros. La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente: I. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado; II. La regulación, además de contemplar los impuestos que determinen las leyes aplicables, considerará que: a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijarán considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y b) Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación general para su cálculo que para tal efecto emita la Comisión Reguladora de Energía, considerando la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros. La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisionarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente. Artículo 83.- La Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá las disposiciones a las que deberán sujetarse los Permisionarios de Transporte, Almacenamiento, Distribución, Expendio al Público y comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, así como los usuarios de dichos productos y servicios, con objeto de promover el desarrollo eficiente de mercados competitivos en estos sectores. Entre otros aspectos, dichas disposiciones podrán establecer la estricta separación legal entre las actividades permisionadas o la separación funcional, operativa y contable de las mismas; la emisión de códigos de conducta, límites a la participación en el capital social, así como la participación máxima que podrán tener los agentes económicos en el mercado de la comercialización y, en su caso, en la reserva de capacidad en los ductos de Transporte e instalaciones de Almacenamiento. Artículo 84.- Los Permisionarios de las actividades reguladas por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, deberán, según corresponda: XI. Respetar los precios o tarifas máximas que se establezcan; Artículo 125.- La Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Energía, definirá las estrategias para el fomento industrial de Cadenas Productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de Hidrocarburos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, conforme a lo siguiente: Como se ve de los numerales transcritos en la fijación del precio de la gasolina a los consumidores intervienen, entre otras autoridades, la Comisión Federal de Competencia Económica; que el establecimiento del precio de los combustibles tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente del mercado; y que la gasolina es un producto necesario para la economía nacional o el consumo popular; además de que es inconcuso que el sector de hidrocarburos es un área estratégica nacional. Luego, que al constituir el acto reclamado, en esencia, promulgación y aprobación de la fracción II del artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por la que derogó la fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, lo que se traduce en el conjunto de herramientas que se dice, utiliza el Ejecutivo Federal con el propósito de promover la eficiencia de los precios en el mercado en beneficio de los consumidores, lo que se hace mediante el decreto que establece las condiciones bajo las cuales se determinan precios de los hidrocarburos; así como los efectos que conlleva esa disposición, es indudable que la cuestión materia de litis incide en la rectoría económica del Estado y en específico en el proceso de competencia y libre concurrencia, en el cual incluso, la ley prevé la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo que se encuentra corroborado en los antecedentes de las demanda de que se trata en las que se precisa que con la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en cuyo artículo Transitorio Décimo Primero se derogó la fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la ciudadanía en general está siendo afectada gravemente en su patrimonio con la aplicación de la política de regulación de precios máximos al público sobre la gasolina y el diesel, regulada e implementada por las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, siendo que los costos de movilidad se están viendo afectados, sin que exista un órgano regulador del Estado lo suficientemente fuerte para detener los abusos de que están siendo objeto. Hechos que hacen, por sí, que se actualice la competencia material en favor de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. En consecuencia; remítanse la demanda de amparo 47/2017 y sus acumuladas 48/2017, 50/2017, 51/2017, 52/2017, 53/2017, 54/2017, 55/2017, 56/2017, 57/2017, 58/2017, 59/2017, 60/2017, 61/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017, 65/2017 y 66/2017, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, así como las copias de tales libelos, para que la turne al Juzgado de Distrito que corresponda, a quien se estima competente para conocer de la presente demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional y el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicitándole el acuse de su recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno para efectos estadísticos. Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Gustavo García Castellanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su representante común.

  4. Principal

    MESA III A Notifíquese personalmente a los quejosos.

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