Gustavo Francisco Parrilla Escalera

Expediente 328/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
328/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Francisco Parrilla Escalera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se decretó el archivo en este asunto sin que se hubiera ordenado enviar a la autoridad responsable Magistrado Titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, las constancias originales que integran la carpeta de apelación 41/2021 de su índice, así como el disco compacto certificado del mismo consecutivo; luego, se advierte que esa documental ya no resulta necesaria, en consecuencia se ordena su envío a la citada autoridad a fin de darle uso eficiente a la misma ya que corresponde a un expediente de su índice. Luego, devuélvanse los presentes autos al archivo de este juzgado de distrito.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se desechó la demanda de amparo, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, que a la letra dice: "I. Radicación. Téngase por recibido el oficio 1825/2022 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual remite el expediente relativo al juicio de amparo directo 528/2021 de su índice -así como los anexos relacionados en la cuenta del presente acuerdo-, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Gustavo Francisco Parrilla Escalera, por propio derecho, contra actos de la Magistrado Titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otra autoridad, del cual se advierte que mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, los magistrados integrantes del referido tribunal determinaron su incompetencia legal para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales; por tanto, acúsese recibo correspondiente y hágase saber a la superioridad que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se tiene a Gustavo Francisco Parrilla Escalera, por propio derecho, promoviendo juicio de amparo contra actos del Magistrado Titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 328/2022-I. III. Decisión sobre la acción de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, en el caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. De la interpretación armónica de los normativos invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos que no tienen una ejecución de imposible reparación. En ese sentido, con independencia de la definición legal contenida en el segundo de los numerales invocados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que por actos ejecutivos de naturaleza irreparable (actos de imposible reparación), deben entenderse aquéllos que producen dentro del procedimiento judicial una afectación de modo directo e inmediato a los derechos fundamentales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal. En otras palabras, se ha determinado que los actos dictados dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales, tutelados por el ordenamiento primario positivo, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Sustenta lo anterior, por no contravenir a la Ley de Amparo vigente, sustenta lo expuesto, el criterio de jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y texto son: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En ese sentido, de la demanda de amparo promovida se advierte, que el quejoso Gustavo Francisco Parrilla Escalera, reclama a) la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en autos de la carpeta de apelación 41/2021 del índice de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual ordenó revocar el auto de veintisiete de mayo dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Primera Instancia, en que desechó la demanda del juicio especial de desahucio número 183/2021, y como consecuencia, ordenó la admisión de la demanda presentada por Maria del Rosario Garrido Mahla, y b) el emplazamiento practicado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio especial de desahucio 183/2021 del índice del Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo. Luego, previo a analizar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, conviene relatar las actuaciones que se desprenden de las constancias remitidas en el informe rendido por la Magistrado Titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, de las que se advierte lo siguiente: 1. María del Rosario Garrido Mahla, promovió demanda de juicio especial de desahucio en contra del quejoso Gustavo Francisco Parrilla Escalera, por incumplimiento del convenio transaccional de desocupación y entrega de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, no obstante, de tener ese título, el mismo de trataba de un contrato de arrendamiento. 2. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, desechó la demanda de juicio especial de desahucio radicado bajo el número 183/2021 intentado por la parte actora María del Rosario Garrido Mahla. 3. Por lo que, la parte actora del juicio de origen María del Rosario Garrido Mahla promovió recurso de apelación en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mismo que fue radicado bajo la carpeta de apelación 41/2021 del consecutivo de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. 4. Posteriormente, mediante resolución emitida el cinco de julio de dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor, Titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, revocó el auto recurrido, y ordenó la admisión de la demanda del juicio especial de desahucio en contra del aquí quejoso Gustavo Francisco Parrilla Escalera. De lo anterior, se desprende que la resolución reclamada, emitida en autos de la carpeta de apelación 41/2021, únicamente ordenó revocar la determinación del Juez Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, y como consecuencia, la admisión del juicio especial de desahucio promovido por María del Rosario Garrido Mahla, por lo que dicho acto no es considerado como de imposible reparación, pues no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos. Lo anterior es así, ya que las consecuencias de la revocación de la determinación del Juez de Primera Instancia y como consecuencia, la admisión del juicio especial de desahucio únicamente implica el comienzo de un juicio instaurado en contra del demandado, el cual está sujeto a diferentes etapas dentro del procedimiento a fin de demostrar la procedencia o no del juicio, por lo que dicho acto no es considerado como de imposible reparación, pues no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, pues todavía está en posibilidad de aportar medios de pruebas a fin de obtener una sentencia favorable. Por otro lado, respecto al emplazamiento practicado a Gustavo Francisco Parrilla Escalera el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio especial de desahucio 183/2021 del índice del Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, tampoco se considera como de imposible reparación, pues las consecuencias de dicho emplazamiento, únicamente inciden en derechos adjetivos como es el conocimiento de la actuación procesal, lo cual no puede considerarse que sea de imposible reparación, de ahí que el acto reclamado no afecta de modo directo e inmediato en los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime, que de conformidad con la certificación de cuenta se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo directo radicada bajo el número 528/2021, en la oficialía común de partes del Distrito Judicial de Cancún, esto es, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, aún no se había dictado la sentencia dentro del juicio especial de desahucio 183/2021 del índice del Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, por lo que la parte demandada -aquí parte quejosa- aún se encontraba en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa en el juicio de origen; de ahí que los actos reclamados no afectan de modo directo e inmediato en los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación de un juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, porque al momento no crea consecuencias inmediatas, sino que sería hasta el dictado de la sentencia definitiva que podría determinarse si la notificación reclamada trascendió al resultado del fallo, de ahí que solo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que causen un gravamen de imposible reparación a la parte quejosa, pues para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Por tanto, como los actos reclamados no repercuten en una violación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los tratados internacionales, el inconforme tendrá que esperar a que se dicte la resolución definitiva correspondiente, para poder impugnar dicha violación a través del amparo directo, en caso que la sentencia emitida le sea desfavorable. Luego, al no concurrir en la especie los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Gustavo Francisco Parrilla Escalera. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: Gustavo Francisco Parrilla Escalera. a. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se le tiene por señalados los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. a. Comunicaciones no procesales. En diverso aspecto, el promovente señala como correo electrónico para oír y recibir notificaciones vía electrónica el señalado como vjplug@icloud.com, sin que sea el caso acordar de manera favorable tal petición, en virtud que de acuerdo con los artículos 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes en el juicio de amparo deberán de contar con nombre de usuario y firma electrónica relacionada para poder ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y recibir las notificaciones vía electrónica, no así que se puedan notificar mediante correos electrónicos personales tal y como pretende hacer el promovente. No obstante, se tiene a la parte quejosa proporcionado como dato de contacto para actuaciones no procesales el correo electrónico que menciona, así como el número telefónico que refiere. c. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a Manuel Gerardo Domínguez Arnaud. V. Exhortación a la parte quejosa de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a la parte quejosa para que transite a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le hace atento exhorto a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VII. Aviso de privacidad y transparencia. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México , cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo."

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