Gustavo Flores Vergara

Expediente 414/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
414/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Flores Vergara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    MP Vistas las constancias que integran los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de quince días que establece el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para inconformarse contra la citada determinación, ha fenecido; en consecuencia, queda firme. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la AUTO de fecha 9/MAYO/2022, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. AUTO cuyo contenido es: Ciudad de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde con lo anterior, es necesario precisar que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los siguientes términos: "[.] En consecuencia, lo procedente es otorgar el amparo y protección federal solicitados para el único efecto de que la Directora General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México provea lo conducente para acreditar el pago (entrega material) de las cantidades que corresponde cubrir al quejoso conforme a lo ordenado en el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el expediente de investigación DGAI/II/D/008049/11-19; para lo cual, deberá justificar??????????????? documentalmente que esas mismas cantidades corresponden al 30% de los ingresos que percibía antes de su suspensión temporal como miembro de policía adscrito a dicha dependencia. [.]" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, la autoridad responsable deberá acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: ? Que se proveyó lo conducente para acreditar el pago (entrega material) de las cantidades que corresponde cubrir al quejoso conforme a lo ordenado en el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el expediente de investigación DGAI/II/D/008049/11-19; para lo cual, deberá justificar documentalmente que esas mismas cantidades corresponden al 30% de los ingresos que percibía antes de su suspensión temporal como miembro de policía adscrito a dicha dependencia. Es necesario destacar que mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal determinó declarar cumplida la ejecutoria de amparo, en razón de que se consideró que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que de la lectura de los Recibos de Liquidación de Pago a favor del quejoso, correspondientes a las quincenas 24/2019 (segunda de diciembre de dos mil diecinueve) y 01/2020 (primera de enero de dos mil veinte), se advierte que el pago realizado fue íntegro al 100% como Subdirector "A" de la Unidad de Protección Ciudadana "FUENTE". Ante dicha determinación, con el escrito registrado con el número 2786, el quejoso, interpuso recurso de Inconformidad, mismo que mediante resolución pronunciada en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, fue declarado fundado, por el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el toca INCONF. 4/2022. Ahora bien, resulta conveniente precisar que la superioridad, al resolver dicho medio de impugnación, determinó lo siguiente: "[.] Como se narró en los antecedentes, la concesión del amparo fue para el efecto que la responsable (i) acreditara la entrega material de las cantidades que corresponde cubrir al quejoso, conforme lo ordenado en el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el expediente de investigación de responsabilidad administrativa DGAI/II/D/008049/11-19; (ii) demostrar que las cantidades enteradas corresponden al treinta por ciento (30%) del ingreso que percibía el servidor público antes de la suspensión temporal. Para colmar tales extremos, la Directora General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México remitió constancias de las que se advierte que: 1. Las quincenas 24/2019 y 1/2020, correspondientes, respectivamente, a la segunda quincena de diciembre de dos mil diecinueve y primera de enero de dos mil veinte, fueron pagadas en su totalidad al quejoso, en el cargo de Subdirector de Área de la Unidad de Protección Ciudadana "Fuente". 2. El trece de enero de dos mil veinte, quejoso presentó renuncia al cargo de Subdirector de Área de la Unidad de Protección Ciudadana "Fuente", correspondiente al cargo Subdirector "A", de esa dependencia, con efectos a partir del quince de enero siguiente. Renuncia que bajo protesta de decir verdad, fue confirmada, por el peticionario de amparo. 3. Las quincenas 3/2020 (segunda de enero de dos mil veinte) a 7/2021 (primera de abril de dos mil veintiuno), fueron pagadas mediante pólizas de cheques emitidos a nombre del promovente del juicio, por el mínimo vital que corresponde en el cargo de policía segundo, al ser el que ostenta luego de la renuncia al diverso de subdirector "A".?????????????? Pues bien, la comparación entre los efectos de la sentencia protectora y lo realizado por la autoridad responsable ponen de manifiesto que la autoridad responsable (i) demostró que pagó al quejoso íntegramente la segunda quincena de diciembre de dos mil diecinueve y primera de enero de dos mil veinte, en el cargo de subdirector "A"; (ii) a virtud de la renuncia del servidor público en dicho cargo, acreditó que pagó el mínimo vital consistente en el treinta por ciento (30%) del ingreso que percibía el servidor público antes de la suspensión temporal, en el puesto de policía segundo, por las quincenas cuatro de dos mil veinte a siete de dos mil veintiuno. Conviene puntualizar que en el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en la investigación de responsabilidad DGAI/II/D/008049/11- 19, el otrora Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México decretó la suspensión temporal de carácter preventivo contra el quejoso, como policía segundo 875559, del cargo que actualmente ocupa dentro de esta corporación. Dicha suspensión se emitió en términos del artículo 124, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, lo que se traduce en que el servidor público debería recibir el mínimo vital para su subsistencia y la de sus dependientes económicos, esto es, el equivalente al treinta por ciento (30%) del ingreso que percibía en la institución. Dicha medida surtiría efecto a partir de la notificación al servidor público. Pues bien, los términos en que se ordenó la suspensión de la que derivó el acto reclamado, ponen de manifiesto que el servidor público suspendido debía percibir el treinta por ciento (30%) del ingreso que percibía en esa institución al momento de dictarse tal medida, esto es, como Subdirector "A", desde el momento en que se notificara la resolución respectiva y hasta que se emita resolución en el procedimiento administrativo. No obstante tal mandato, el servidor público renunció al cargo que ostentaba al momento de decretarse la suspensión temporal, es decir, al puesto de subdirector "A". Esa renuncia actualizó una situación extraordinaria que impide a la responsable pagar el mínimo vital con base en las percepciones del cargo de subdirector "A". Esa situación extraordinaria fue generada por el propio quejoso y no puede utilizarse en demérito de la Institución policial a la que pertenece. Esto es así, porque la finalidad del artículo 124, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, es garantizar el mínimo vital del servidor suspendido temporalmente y de sus dependientes económicos, mientras se define su situación jurídica. Este mínimo vital, como lo explicó la juzgadora en la sentencia protectora, permite garantizar un ingreso mínimo en virtud que los servidores públicos suspendidos solo están en aptitud de buscar otra fuente de ingresos hasta que, en su caso, sean destituidos del cargo de manera definitiva. Esto es relevante, porque la renuncia del quejoso al cargo que ostentaba como subdirector "A", implica que cualquier beneficio generado a virtud de dicho puesto se extinguió por decisión del gobernado y generó a su vez, la mutación de la obligación de la autoridad para pagar su mínimo vital, pues la dimisión en aquél cargo no implicó la abdicación a la Institución. En otras palabras, el procedimiento administrativo inició contra el quejoso en su calidad de policía segundo, quien además, al momento de decretar la suspensión ejercía el cargo de subdirector "A". Para garantizar su subsistencia se ordenó que el pago del mínimo vital se realizara en función del puesto que a ese momento ejercía, esto es, subdirector "A". Al renunciar al puesto de subdirector -sin hacerlo a la Institución-, su permanencia y, en consecuencia, el pago del mínimo vital, se rigen sólo por el cargo de policía segundo, pues fue el servidor público quien así lo decidió. Estimar lo contrario, se insiste, implicaría otorgar un beneficio indebido al gobernado en detrimento de la institución, pues incluso, en el eventual caso, que la conclusión del procedimiento le resultara favorable, el beneficio obtenido para definir su situación en la institución, únicamente impactaría en el cargo de policía segundo, justamente porque decidió renunciar a un puesto que, entre otras cosas, le generaba un ingreso mayor. Por ello, el pago del mínimo vital para acatar los extremos del acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en la investigación de responsabilidad DGAI/II/D/008049/11-19, deben materializarse en función de la situación específica qu?????????????? tiene el quejoso en la Institución, es decir, como policía segundo, pues decidió dimitir en el cargo de subdirector "A". Máxime en el propio acuerdo, el Consejo de Honor y Justicia determinó que la suspensión temporal decretada surtiría efecto a partir de su notificación al elemento policiaco, lo que sucedió el trece de enero de dos mil veinte, fecha en la que presentó su renuncia con efectos al quince de enero siguiente. Por tanto, es evidente que la autoridad acreditó que las quincenas 24/2019 y 1/2020, correspondientes a la segunda de diciembre de dos mil diecinueve y primera de enero de dos mil veinte, las pagó íntegramente en el cargo de subdirector "A", y las diversas 4/2020 a 7/2021, correspondientes a la segunda de febrero de dos mil veinte a la primera de abril de dos mil veintiuno, las pagó con el mínimo vital en el cargo de policía segundo. Sin que obste a lo anterior los argumentos formulados por el recurrente, pues como quedó evidenciado, la renuncia del quejoso al cargo de subdirector "A" generó que el mínimo vital que deba pagarse se realice en función del cargo que real y efectivamente tiene en la Institución, a saber, policía segundo, sin que pueda considerarse ninguno otro, porque no existe condición jurídica ni material que lo permita al haber dimitido de esa posibilidad. Y si bien sostiene que su situación en la institución no ha sido definida, tal argumento robustece que cuando ello suceda, será en función del puesto que tiene como policía segundo. De ahí, como se anunció, sus planteamientos son infundados. Al margen de lo anterior, este tribunal estima que existe cumplimiento defectuoso, porque la responsable no acreditó que pagó las quincena 2/2020, correspondiente a la segunda quincena de enero de dos mil veinte, ni que el pago realizado por la diversa 3/2020, primera de febrero de dos mil vente, conforme a la póliza de cheque 080495, efectivamente corresponda a las cantidades que debía cubrir al servidor público. Lo anterior es así, pues en el expediente electrónico no existe evidencia del pago relativo a la segunda quincena de enero de dos mil veinte, pues no se aportó el recibo de pago donde se adviertan los conceptos que integran las percepciones y deducciones ni la póliza de cheque respectiva. Si bien, la autoridad afirmó que en la póliza de pago correspondiente a la quincena 3/2020 (primera de febrero de dos mil veinte) se refleja el pago retroactivo de la diversa 2/2020 (segunda de enero de dos mil veinte), lo cierto es que no aportó medio de convicción que evidencie su aserto. Y se reitera, tampoco aportó el recibo de pago con las percepciones y deducciones de la quincena 3/2020 (primera de febrero de dos mil veinte), que permitan a este tribunal constatar que la cantidad incluida en la póliza de cheque 080495, corresponde o no al monto que debió cubrirse por esa quincena. Máxime, la propia autoridad reconoció que pagó el sueldo íntegro del quejoso en el puesto de policía segundo, hasta la quincena 4/2020 (segunda de febrero de dos mil veinte). No obstante omitió aportar prueba documental que acredite su dicho. Sobre las bases expuestas, contrariamente a lo estimado por la jueza de distrito, el fallo protector no fue acatado a cabalidad. Sobre las bases expuestas, al margen del resultado de los agravios planteados por el recurrente, este tribunal determina que existe cumplimiento defectuoso de la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, se revoca el acuerdo recurrido y se ordena devolver los autos al juzgado de origen para el siguiente efecto: * Requiera a la autoridad responsable para que exhiba los comprobantes de percepciones y deducciones de las quincenas 3/2020 y 4/2020, correspondientes a la primera y segunda de febrero de dos mil veinte, y exhiba los documentos con que acredite que las pagó al quejoso. * Hecho lo anterior, una vez agotada la vista al peticionario de amparo, con base en las consideraciones de esta ejecutoria y acreditado el anterior extremo, declare cumplida la sentencia de amparo. [.]" En atención a lo anterior, en auto de seis de abril de dos mil veintidós, se reanudó el procedimiento de cumplimento de sentencia, y se formuló requerimiento a efecto de que la autoridad responsable acreditara lo siguiente: ? Exhiba los comprobantes de percepciones y deducciones de las quincenas 3/2020 y 4/2020,?????????????? correspondientes a la primera y segunda de febrero de dos mil veinte, y exhiba los documentos con que acredite que las pagó al quejoso Gustavo Flores Vergara. En cumplimiento a lo anterior, junto con el oficio registrado con el folio 9931, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veinticinco de abril de dos mil veintidós, la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió las siguientes documentales: ? Impresión con evidencia criptográfica del Recibo comprobante de liquidación de pago, de la quincena 3/2020, que comprende del uno al quince de febrero de dos mil veintidós. ? Impresión con evidencia criptográfica del Recibo comprobante de liquidación de pago, de la quincena 4/2020, que comprende del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil veintidós. ? Copia constatada de las Constancias de recepción por parte del quejoso Gustavo Flores Vergara, respecto de los cheques 0080495 y 0080496, que comprenden las quincenas 03/2020 y 04/2020, de once de agosto de dos mil veintiuno. Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales el tribunal de alzada ordenó reponer el procedimiento de ejecución de sentencia y las constancias remitidas en cumplimiento al fallo protector se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que acreditó haber pagado las quincenas 03/2020 (primera de febrero de dos mil veinte) y 04/2020 (segunda de febrero de dos mil veinte) de forma íntegra al 100%. Con las constancias analizadas se dio vista a la parte quejosa en proveído de veintiséis de dos mil veintidós, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto, a pesar de haber sido notificada personalmente el veintisiete de abril siguiente. Atento a lo anterior y considerando el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, SE DECLARA CUMPLIDA la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el??????????????? término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanuden sus labores, entreguen los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    PERSONAL SE DECLARA CUMPLIDA la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías.

  4. Principal

    PERSONAL dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intenta dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo y en caso de así considerarlo, se pronuncie en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución del fallo protector. Apercibida

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